Un CGPJ caducado planea seguir nombrando jueces a pesar del anuncio de Sánchez de volver a negociar con Casado

Hasta una decena de nombramientos podría llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el próximo Pleno previsto para este jueves a pesar del revuelo que generó la anterior tanda de designación de plazas, estando como está este órgano en funciones desde hace casi dos años por el bloqueo del PP a negociar la renovación de los vocales. El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de darle una nueva oportunidad a las negociaciones con el principal partido de la oposición tampoco impedirá que se sigan asignando puestos que llevan meses pendientes.

Según fuentes del organismo consultadas por infoLibre, los nombramientos que previsiblemente se hagan en el próximo Pleno no tienen la enjundia que los que se ejecutaron hace un mes y que provocaron un auténtico revuelo político, sobre todo en el seno del Gobierno, que había manifestado públicamente su deseo de que siguieran paralizados mientras no se renovara el CGPJ. Todo ello desembocó en la presentación por parte de PSOE y Unidas Podemos de una proposición de ley para introducir la posibilidad de elegir a 12 de los 20 vocales por mayoría absoluta y no por tres quintos.

A pesar de que esta proposición ha sido parada a la espera de un nuevo intento de renovar con el apoyo del PP, los vocales en funciones tienen claro que deben seguir designando puestos que ya están caducados, pues consideran que es su obligación seguir dotando a los órganos judiciales de todas las garantías para seguir ejerciendo su servicio público y que éste se sirva con todas las garantías.

Aunque aún no se conoce oficialmente el orden del día del Pleno del próximo jueves, 29 de octubre, pues es competencia del presidente Carlos Lesmes y lo suele publicar tres días antes de la convocatoria, las fuentes consultadas creen que se incluirán hasta una decena de nombramientos que incluyen presidencias de sala de tribunales superiores de justicia. Se trata, además, de cargos que generan muy poca controversia y debate entre los vocales, pues en su mayoría sólo se ha presentado un candidato, el magistrado que también ocupaba este puesto y que ha solicitado su renovación.

El Gobierno sigue en contra

Desde el Gobierno tampoco verían con buenos ojos que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos, aunque los que están pendientes no sean vistos a priori igual de destacados o estratégicos como las seis plazas del Supremo asignadas hace un mes y que incluyeron tres de magistrado en lo Penal y las presidencias de Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar. No han sido pocas las veces que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mostró su desacuerdo con cualquier designación que hiciera el órgano de gobierno de los jueces estando en funciones y esa sigue siendo la postura del Ejecutivo.

La nueva tanda prevista para el jueves está incluida en una lista mucho más amplia de puestos que aún tiene pendiente el CGPJ y que incluyen hasta 25 nombramientos, entre los que hay diez presidencias de audiencias provinciales, otras cuatro de tribunales superiores de justicia, así como un buen número de presidencias de sala en distintos órganos judiciales repartidos por toda España.

La idea inicial es que en el Pleno de este mes también se vea el mismo consenso que hubo en septiembre, con 19 vocales, incluido Lesmes, votando a favor. Se mantendrían los dos votos en blanco de Álvaro Cuesta, nombrado a propuesta del PSOE, y Concepción Sáez, por IU.

¿Qué pasará con el Pleno extraordinario?

No es la única actividad que ha previsto el órgano de gobierno de los jueces para esta semana. Un día antes del Pleno ordinario, en agenda hay previsto otro extraordinario que fue convocado a petición de siete vocales del sector conservador para debatir y proponer alguna respuesta contundente a la proposición del PSOE y Unidas Podemos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar los 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados para así acabar con la interinidad del organismo. El CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018 y su composición actual es el reflejo de la realidad política que salió de las urnas en 2011, una foto radicalmente distinta a la de 2020.

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La propuesta de reforma causó un verdadero terremoto tanto en el ámbito político como como en el sector de la Justicia, con la mayoría de asociaciones de jueces radicalmente en contra por considerarla anticonstitucional y alejada de los estándares europeos. La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ambas de corte conservador, han sido las más combativas y decidieron incluso plantar al Ministerio de Justicia en una reunión técnica y así pensaban mantenerse hasta que el Gobierno retirara el texto. Las críticas no sólo se centraron en el contenido del documento, sino en el el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

En medio de este revuelo fue cuando siete vocales tomaron la iniciativa y presentaron formalmente la petición de Pleno extraordinario. El mínimo de miembros que pueden forzar la convocatoria del plenario es de cinco. En el caso que nos ocupa, las fuentes consultadas explicaron que Lesmes no era partidario de una convocatoria así y que trató de que el sector conservador retirara la petición. Por su parte, vocales progresistas eran de la opinión de hacer algún tipo de pronunciamiento sobre la situación en la que se encuentra el Poder Judicial actualmente, haciendo una radiografía del bloqueo institucional, trasladando pues la responsabilidad que también tiene el PP, y no sólo de la opinión que les merece la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, fuentes del órgano consultadas por infoLibre dan por hecho que la convocatoria extraordinaria terminará decayendo. Aunque ninguno de los siete vocales que la forzaron ha pedido formalmente al presidente su cancelación, ahora que el presidente Sánchez ha anunciado la paralización de la tramitación de la reforma, las citadas fuentes consideran que el propósito del debate que habían propuesto los convocantes carece de sentido hoy por hoy, pero tendrá que ser el presidente Lesmes el que lo haga oficial.