Blanqueo y fraude, los delitos a los que podrían enfrentarse los reyes eméritos en el Supremo por tarjetas de crédito opacas

Posible blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. Esta es una de las vías de investigación que la Fiscalía Anticorrupción sigue por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares, según han informado fuentes fiscales. Una utilización que habría puesto de manifiesto un afloramiento de fondos en el extranjero de origen desconocido, que es lo que se trata de averiguar desde diciembre de 2019, cuando se pusieron en marcha las pesquisas, según se desprende de la numeración de las diligencias –12/2019–.

Poco más se conoce de esta investigación "reservada", pues desde el Ministerio Público no han querido confirmar oficialmente los pormenores de la misma, sólo que la información publicada contiene "inexactitudes" que no aclaran y que las diligencias afectan al rey emérito; esta última razón por la cual la Fiscalía General del Estado ha emitido un decreto en el que ordena a Anticorrupción que remita todas las actuaciones llevadas a cabo en este tiempo a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que las pesquisas afectan a al menos una persona aforada como es Juan Carlos de Borbón.

Así contestaban desde el Ministerio Público a la información que publicó este martes elDiario.es en la que se explicaba que las tarjetas habrían sido también utilizadas por la reina emérita, doña Sofía, y otros familiares cuya identidad no se conoce de momento. Entre los gastos pagados con esos fondos provenientes del extranjero, la mujer de Juan Carlos I habría abonado viajes a Londres, donde tiene fijada la residencia desde hace años. El uso de las tarjetas corresponde a los años 2016, 2017 y 2018, esto es, después de la abdicación del rey, por lo que su actuación en este caso no estaría protegida por la inviolabilidad que otorga la Constitución al jefe del Estado. La reina emérita también está aforada ante el Supremo.

Aquí estaría la principal diferencia con la otra investigación que la Fiscalía del Supremo asumió el pasado mes de junio, con número 38/2018 y también proveniente de unas pesquisas iniciadas en Anticorrupción contra el emérito por posible fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionado con el origen de su presunta fortuna en cuentas en paraísos fiscales. De esas diligencias, El Confidencial publicó el viernes pasado que el fiscal encargado, Juan Ignacio Campos, tiene previsto cerrarlas sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna precisamente por la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I hasta 2014, lo cual no ocurriría en el caso de las tarjetas opacas.

Según ha informado la Fiscalía General, será también Campos, fiscal de Sala de lo Penal delegado de delitos económicos, quien continúe, "junto con los fiscales que designe, la investigación iniciada por Anticorrupción". Sin embargo, no aclaran si estas pesquisas son derivadas de las primeras que se abrieron en relación con posibles comisiones ilegales o su origen está en otra parte. Tampoco explican por qué si estas diligencias están abiertas desde hace casi un año, han esperado a la filtración a la prensa para ordenar su remisión a la Fiscalía del Supremo al afectar a aforados y no lo solicitaron el pasado junio con las anteriores.

El comunicado oficial del Ministerio Público deja claro que el decreto por el que se ordena el traslado de las pesquisas al fiscal Campos se ha emitido este mismo martes, pero tanto en Fiscalía General como en Anticorrupción sostienen que la primera no se ha enterado por la prensa de esta investigación, sino que estaba informada desde el minuto uno de esas diligencias, más en un asunto tan delicado como son posibles delitos cometidos por miembros de la familia del rey. La explicación que se da desde la institución que dirige Dolores Delgado es que las diligencias se han solicitado cuando se ha considerado "conveniente" para el buen fin de la investigación.

Foco en Anticorrupción

¿El buen fin de la investigación es que no haya más filtraciones? Podría ser. En cualquier caso, el comunicado de la Fiscalía General siembra la duda sobre el origen de esa "fuga de información" y tras escuchar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y confirmar algunos de los extremos de la investigación, se han tenido que incoar "diligencias de naturaleza gubernativa" para "comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes". Es decir, se ha dado traslado a la Inspección Fiscal para que indague sobre la filtración y acuerde "lo procedente" con los resultados que obtenga, al tiempo que se han comunicado los hechos al delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General "a los oportunos efectos".

Del comunicado del Ministerio Público comandado por Delgado lleva a pensar que el foco de la filtración se sitúa en Anticorrupción. Hasta ahora, las diligencias estaban en manos de dos fiscales, Belén Suárez y Luis Pastor, según han informado a infoLibre fuentes fiscales. La primera es la número dos de Anticorrupción y en sus manos está, entre otros asuntos, la acusación que haga el Ministerio Público a la familia Pujol por posibles delitos de organización criminal, blanqueo y fraude a la Hacienda Pública. El segundo ya estuvo encargado de la investigación que ha derivado en las pesquisas al rey emérito en el Supremo: entre otras diligencias practicadas, fue a Londres en septiembre de 2019 para interrogar a Corinna Larsen después de que se publicaran los audios en los que la empresaria germano danesa afirmaba, en una conversación con el comisario José Manuel Villarejo y el empresario Juan Villalonga, que en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca habían mediado mordidas. Desde la Fiscalía Anticorrupción se asegura que la "fuga de información" no ha salido de la sede de la calle Manuel Silvela.

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En todo caso, la nota oficial de Fiscalía General especifica que las diligencias de naturaleza gubernativa, esto es, la investigación interna sobre la filtración a la prensa, se emitieron el 29 de octubre, o sea, el jueves de la semana pasada, antes de la información de elDiario.es. Desde el Ministerio Público lo explican porque fue entonces cuando tuvieron conocimiento de que se podía haber producido esa "fuga de información". Eso sí, las fuentes consultadas afirman que lo publicado contiene "inexactitudes" que han declinado aclarar por el momento.

Sea como sea, y al margen de las filtraciones, lo que se ha revelado es que Juan Carlos I es objeto de dos investigaciones secretas por parte de la Fiscalía del Supremo, tengan o no relación, y el futuro de ambas pasa por saber si los hechos habrían sido cometidos antes o después de 2014, la fecha de su abdicación. En el caso de las diligencias 38/2018, los 65 millones que el ex jefe del Estado habría transferido a Corinna Larsen, sea en forma de donación o no, pasaron de unas manos a otras en 2012 y esa parece ser la razón por la que el fiscal Campos parece decidido a archivar las pesquisas. No sería el caso del expediente 12/2019, que abre la posibilidad, ahora sí, de ver al rey emérito respondiendo ante la Sala de lo Penal del alto tribunal.

No hay que olvidar que el fiscal Campos, en lo que fue su primer pronunciamiento oficial sobre el caso desde que Dolores Delgado le ordenó hacerse cargo de las investigaciones el pasado junio, confirmaba hace sólo un mes que la documentación solicitada a la Fiscalía suiza sigue llegando, que aún no ha recibido todas las pesquisas allí realizadas y que la información de la que ahora dispone requiere de “ser complementada con la práctica de otras diligencias que sin duda abrirán un abanico de posibilidades”. Las pesquisas, decía, “han avanzado desde su iniciación”, tanto “cualitativa” como “cuantitativamente”, y en los últimos meses se han abierto “nuevas perspectivas” que darán lugar a encargar actuaciones que permitan ampliar el foco.