Vox llevó como candidato en las municipales a un procesado por estafa en una trama internacional dirigida desde Nigeria

Rafael Palacios, el segundo de los dos concejales que representan a Vox en el municipio madrileño de Ciempozuelos, obtuvo el acta municipal justo un año después de que la Audiencia Nacional hubiese decretado en 2018 lo que se conoce como el pase a procedimiento abreviado, es decir, a la fase última para sentarle en el banquillo junto con otros 53 acusados por una supuesta estafa a gran escala con internautas como víctimas. Aún en espera de que se fije fecha para la vista oral tras el auto que en septiembre de 2019 ordenó ya de manera irrevocable su celebración, Palacios se arriesga a cuatro años de cárcel. ¿La clave? Un caso donde durante cinco años se investigaron los manejos de una trama internacional con tentáculos en diversos países y dirigida desde Nigeria. 

El viernes, infoLibre preguntó a los portavoces de comunicación de Vox si el partido conocía la situación procesal del candidato cuando se confeccionaron las listas. La formación que lidera Santiago Abascal respondió así: "Todos los cargos públicos de Vox, previamente a formar parte de cualquier lista electoral, han entregado su certificado de antecedentes penales. Sin obligación ninguna y a diferencia del resto de partidos. En este caso, el concejal de Vox no ha recibido condena alguna. En Vox siempre respetamos la presunción de inocencia y creemos en ella, ya sea la de Pablo Iglesias o la de cualquiera de nuestros cargos. En caso de que finalmente fuese condenado, Vox tomará las medidas que crea oportunas con dicho concejal".

Ante la insistencia en si la organización conocía que Palacios ya estaba procesado por estafa, las fuentes oficiales de Vox agregaron lo siguiente: "Obviamente, si una persona no tiene antecedentes penales, en Vox no vamos a ser los jueces ni vamos a investigar cualquier proceso penal. Eso es tarea de los jueces, y en Vox creemos firmemente en la separación de poderes". Este periódico intentó contactar con el concejal a través de un correo electrónico y de una solicitud a su partido para que le transmitiese la voluntad de recabar su versión. Ninguno de los dos intentos obtuvo resultado.

Iniciada en 2014 en distintos juzgados y finalmente remitida a la Audiencia Nacional en 2016, la investigación concluyó que la red –una de las que conforman el amplio grupo conocido como "tramas nigerianas"– basaba su enriquecimiento en dos pasos básicos: el primero, hackear cuentas de correo electrónico y acceder así con varios métodos a cuentas bancarias; el segundo, transferir los fondos esquilmados a lo que se conoce como cuentas puente. Una vez en esas cuentas de paso, por las que el dinero circulaba con la imprescindible aceptación de sus titulares a cambio de una comisión, los fondos volvían a moverse hacia otros depósitos bancarios. O, previa retirada en metálico, viajaban rumbo a Nigeria escondidos en el equipaje o la ropa de miembros de la cadena delictiva. En el país africano se situaba la cúspide de una red que robó cientos de miles de euros, aunque no existe todavía un cálculo global de la cuantía de la estafa. 

Al concejal de Vox se le acusa de ser uno de los que a través de una empresa local de Ciempozuelos, Aldismacon, nutrió a la trama de cuentas puente. Y de los que por tanto se lucró junto con los socios de la mercantil, de la que Palacios era administrador único y autorizado en la cuenta que utilizó la trama. Las tres transferencias recibidas en los dos primeros meses de 2014 sumaron 87.770 euros.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el abogado Manuel Merino en nombre de la Asociación de Afectados de Internet (Anfitec) sostienen que el ahora concejal supo en todo momento lo que estaba sucediendo. La Fiscalía reclama para él cuatro años de prisión y multa de 253.310 euros, "correspondientes al triplo de la cantidad blanqueada de 87.770 euros". La acusación popular eleva la petición a cuatro años y medio.

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En septiembre, trascendió que Palacios había sido imputado. Pero en realidad llevaba años sujeto a investigación judicial. Y cuando se presentó a las elecciones ya no era un simple imputado sino un procesado, lo que implica un salto cualitativo. En declaraciones al digital zigzag.com, el concejal de Vox aseguró entonces que “tenía poderes pero limitados" y que se siente engañado por dos clientes. "Yo -agregó- no firmé nada ni hice ningún tipo de abono o transferencia”. El cargo de administrador único confiere plenos poderes a su titular. Además, en el caso de Aldismacon no consta que hubiera ningún apoderamiento a terceros en el periodo en que se recibieron las transferencias. Palacios dimitió en agosto de 2014, según la información registral. Pero, a tenor de los datos mercantiles publicados, la empresa mantuvo hasta mayo de 2018 su domicilio social en las oficinas donde se localizan otras empresas que tienen al frente a Palacios. 

La defensa de Vox sobre el derecho del concejal a conservar su acta en tanto no haya sido condenado choca con lo que la formación ultraderechista ha sostenido en otros casos. En junio, Vox exigió la dimisión del equipo de gobierno de Torre Pacheco (Murcia) porque el alcalde, miembro de un partido local, y nueve ediles de su equipo, entre ellos varios del PSOE, acababan de ser acusados. ¿De qué delito? No facilitar a los grupos de la oposición la información y documentación necesaria para el pleno en el que se debían aprobarse los presupuestos de 2016. En una nota de prensa, Vox difundió así su posición: "Aunque Vox reconoce y respeta la presunción de inocencia de todos los procesados, creemos que los acusados deben dimitir de sus cargos para mantener la coherencia y responsabilidad".

En 2019, y en vísperas de las municipales del 26 de mayo, Vox reaccionó de manera casi idéntica cuando salió a la luz que el juez ya había dictado auto de apertura de juicio por prevaricación contra el número dos de la lista del PP en la localidad gaditana de El Puerto de Santamaría. Vox consideró "gravísimo" que el PP restara importancia a la acusación que pesaba sobre su candidato y le instó a que este dejase la candidatura.