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Crisis del coronavirus

El fin de la alarma amenaza con provocar un caos jurídico si surgen disputas sobre cómo gestionar la cuarta ola

  • La falta de un instrumento legislativo alternativo llevará de nuevo a los jueces a tener la última palabra sobre limitación de derechos
  • Los expertos insisten en la necesidad de reformar el marco legal para evitar la inseguridad jurídica
  • La disparidad en las resoluciones judiciales vista el otoño pasado podría repetirse a partir del 10 de mayo
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Publicada el 08/04/2021 a las 06:00
Agentes de la Ertzaintza controlan la salida de Vitoria hacia Madrid este miércoles, en el que la provincia de Álava y su capital quedan cerradas perimetralmente.

Agentes de la Ertzaintza controlan la salida de Vitoria hacia Madrid este miércoles, en el que la provincia de Álava y su capital quedan cerradas perimetralmente.

Restricciones, impugnaciones, recursos, avales, decisiones contradictorias, batallas políticas que se dirimen en la justicia... Y vuelta a empezar. El previsible fin del segundo estado de alarma el 9 de mayo devuelve a España a un panorama que ya conoce en lo que al control de la pandemia de coronavirus se refiere: el mismo que tuvo lugar entre el final del verano de 2020 y el día en que se decretó la medida excepcional hace seis meses. La situación, según los expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre, no ha cambiado de octubre hasta ahora, pues no hay ningún instrumento jurídico nuevo que permita a las administraciones públicas más margen de maniobra en las medidas que se requiera imponer para controlar los contagios, por lo que de nuevo serán los jueces los que tengan la última palabra a la hora de avalarlas o rechazarlas. Y no hay razones para pensar que desaparecerá sin más la disparidad de criterio vista el año pasado entre unos tribunales y otros. Todo en medio de una posible cuarta ola que ya empieza a asomar con una incidencia que no ha parado de subir desde el 18 de marzo hasta situarse en los 167,97 casos por cada 100.000 habitantes.

El estado de alarma que entró en vigor el 25 de octubre de 2020 fue una respuesta a las peticiones de algunas comunidades autónomas, que después de todo el verano con las competencias de Sanidad recuperadas tras la primera ola de la pandemia solicitaron herramientas que les permitieran establecer medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales debido a las altas tasas de incidencia de contagios que habían ido en aumento después del verano. Como dijo entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas y la situación que vivimos es extrema", y por tanto hacían falta medidas contundentes con el objetivo de evitar tener que recurrir de nuevo al confinamiento domiciliario.

La aprobación de esta medida extrema llegó también después de semanas de incertidumbre jurídica ante lo que podían hacer o no las comunidades autónomas para limitar derechos como la movilidad, derechos fundamentales que, en teoría, sólo puede suspender el artículo 116 de la Constitución, que contempla los estados de alarma, de excepción y de sitio. Sin estas excepciones, cada decisión del gobierno autonómico de turno que limite derechos fundamentales debe ser refrendada por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, tal y como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En la mayoría de los casos contemplados en 2020, los jueces las avalaron, aunque en otros las echó abajo. En este contexto, se dieron situaciones en las que un tribunal de una región ratificaba una medida que en otro territorio había sido rechazada. Y los tribunales también fueron escenario de batallas políticas como, por ejemplo, la que mantuvo la Comunidad de Madrid con el Gobierno central a propósito de las medidas restrictivas planteadas de cara al puente festivo del 12 de octubre.

El segundo estado de alarma se planteó con una duración de seis meses y Sánchez ya ha anunciado que esta intención en principio se va a cumplir. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha manifestado que las comunidades tienen sus competencias y que la legislación sanitaria vigente "permite muchas respuestas" sin necesidad de modificar ninguna ley, además de recordar que el Consejo Interterritorial de Salud seguirá en funcionamiento y será el organismo donde se coordinen las medidas a adoptar entre el Estado y las comunidades. Todo esto a pesar de que el Ejecutivo se comprometió con Ciudadanos en junio del año pasado, como condición para tener su apoyo para una última prórroga del primer estado de alarma, a presentar una serie de reformas legales para "establecer un mecanismo alternativo" que permita establecer medidas de control sin necesidad de acudir al artículo 116 de la Constitución.

"Como el día de la marmota"

Con legislación sanitaria vigente, Calvo se refiere a la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, bajo cuyo paraguas se adoptaron el año pasado muchas de las medidas puestas en marcha por las autonomías, pero que, según los expertos consultados, no permite limitar derechos fundamentales. Tampoco la Ley General de Salud Pública, que además no tiene rango orgánico. O, al menos, no deberían poder limitar esos derechos, porque hubo tribunales superiores de justicia que avalaron ciertas restricciones interpretando que esta norma era suficiente o que la situación pandémica las requería. La situación, por tanto, es exactamente igual que en octubre, según alertan varios juristas. "Va a ser como el día de la marmota", ha comentado el catedrático de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino, que advierte de que la "inseguridad jurídica" que ya quedó patente en verano y principio de otoño de 2020 se va a reproducir a partir del 9 de mayo.

La mencionada ley orgánica, que data de 1986, establece en su artículo tercero una disposición tan "general" que, en opinión de este catedrático, acabó por dar lugar a resoluciones contradictorias de los tribunales. Según la norma, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Como remarcan los expertos consultados, la ley no fue pensada para una pandemia como la actual, sino para casos más esporádicos y de grupos reducidos, no para poblaciones de cientos o miles de personas o para limitar la movilidad de comunidades autónomas enteras. Sin embargo, tal y como recuerda Cotino, antes del segundo estado de alarma dos tribunales avalaron decisiones que, en principio, los juristas no contemplaban para una situación que no pase por el estado de alarma o el estado de excepción. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana validó el toque de queda que el Gobierno de Ximo Puig acordó sin estado de alarma. Los jueces opinaron entonces que ley orgánica proporcionaba “suficiente cobertura normativa". Por las mismas fechas, el TSJ de Navarra ratificó el confinamiento perimetral de esta comunidad, aunque advirtió de que para futuras medidas restrictivas el Gobierno foral debería solicitar la autorización previamente.

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, ve "discutibles" ambas resoluciones de estos tribunales, pero considera que revelan el "terreno de incertidumbre" en el que volverá a entrar España cuando finalice el estado de alarma y haya que seguir gestionando una pandemia que parece entrar en su cuarta ola a pesar de los avances en la vacunación. Vidal también opina que al no haberse modificado en absoluto el marco legislativo, las decisiones de los jueces podrán seguir siendo dispares y hasta contradictorias en ciertos casos. "En general las medidas han sido avaladas, pero han puesto a los jueces entre la espada y la pared, entre proteger los derechos fundamentales y restringirlos para evitar contagios", lamenta otro experto.

La solución: reformas legales

La situación se complica cuando, en caso de que una comunidad autónoma no esté de acuerdo con una resolución del Consejo Interterritorial de Salud, la pueda recurrir ante la Audiencia Nacional, por ser el órgano competente para entender de decisiones de este órgano, con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, pero al mismo tiempo deba acatar lo que allí se decide y enviar su correspondiente decreto al tribunal superior para pedir su ratificación. Un lío jurídico cuya solución pasaría, en opinión de los expertos, por reformas de las leyes ya en vigor, como la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, o la aprobación de otras nuevas que clarifiquen el marco y, por tanto, hagan más efectivas las medidas de control de la pandemia.

La misma reclamación también fue trasladada a algunas de las resoluciones que fueron adoptando los tribunales superiores el año pasado, ratificaran o no las medidas aprobadas por los gobiernos autonómicos. Es lo que dijeron, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en octubre, cuando manifestaron que no entendían cómo ante un escenario sanitario como el que ha traído el covid-19 no se había abordado “una reforma del marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente” la pandemia y “afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país”. Según afirmaron, hay consenso doctrinal sobre el hecho de que las normas actuales que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud son “ciertamente deficientes” y necesitan “clarificación”.

La vicepresidenta del Gobierno, sin embargo, no opina igual y ya ha dejado claro que "no hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo", apuntando además que las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial son "de obligado cumplimiento" porque, según dice, así lo avaló recientemente el Tribunal Supremo. El catedrático de la UNED, sin embargo, no está de acuerdo con este planteamiento, pues, tal y como ha explicado, el alto tribunal lo que hizo hace unas semanas fue mantener el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en Semana Santa en el auto en el que resolvía una petición de cautelares solicitada por Vox, pero no entró a valorar el fondo del asunto, por lo que no se pronunció sobre el alcance de los acuerdos del Consejo.

 

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9 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 09/04/21 12:37

    Se podría modificar algo de la ley Orgánica de Salud Publica, pero eso no modifica ninguna cosa importante. Ninguna Comunidad autónoma puede establecer toques de queda, ni restricciones a la movilidad general ni otras restricciones a libertad de reunión o manifestación sin que el Gobierno declare previamente el Estado de alarma. Porque así lo dice nuestra Constitución. Y el único que lo puede hacer es el Gobierno de España y el Congreso de los diputados en representación de la democracia española. Por eso ningún parlamento autonómico ni su Gobierno puede ni podrá restringir los derechos fundamentales de los españoles en su comunidad por mucho que se cambie la ley y menos si se hace una ley especifica de Pandemias que lo que haría es romper la Constitución por detrás, sí, al estilo Puigdemont. el PP tiene el problema de que su partido originario AP ni apoyó la Constitución y fue arrastrado a la democracia, ni estuvo de acuerdo con el Estado de Alarma porque queria restringir la libertad en España por los gobiernos. Pero los que si apoyamos la democracia y la Constitución defendíamos que la única posibilidad ante una catástrofe de restringir determinados derechos fundamentales, como el de manifestación, reunión o movilidad por el territorio fuera con la aplicación del Estado de Alarma por el Congreso. Hoy el PP (y quienes siguen sus argumentos) pretenden restringir los derechos de los ciudadanos por leyes normales u orgánicas o por decisiones de Parlamentos o gobiernos autonómicos. Y eso es antidemocrático, al menos anticonstitucional y exigiría una reforma agravada de la Constitución. Yo le pediría al PP y a otros que respeten las libertades consagradas en la Constitución y que no busquen mas vías liberticidas para romperla, en aras de no se qué. La petición de romper derechos fundamentales por la puerta de atrás, además de ser un atentado contra la Constitución, es una propuesta politica derechista porque saben que es imposible sin romper la democracia y así poder acusa políticamente de los muertos de la pandemia como ya han hecho muchas veces de manera miserable.El PP pide que se rompa la democracia o acusa que si no se rompe se haga responsable de los muertos

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    • puesyo puesyo 09/04/21 15:28

      buen comentario, una perfecta descripción de la estrategia del PP, mas claro agua.

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  • Androide paranoide Androide paranoide 08/04/21 17:35

    Ya sabemos, quienes desde el minuto uno han intentado crear caos, para beneficiarse electoralmente. Los mismos que pusieron el grito en el cielo por los anteriores estados de alarma, y ahora parece ser que lo necesitan de forma imperiosa.

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  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 08/04/21 14:12

    No hay problemas de legalidad, son meramente políticos.

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  • hayundi hayundi 08/04/21 11:14

    Si después de un año o seguimos así, se demuestra que las restricciones no sirven y eso a costa de la dudosa legalidad de conculcar los derechos de los ciudadanos. Lo mismo da observar el uso de mascarilla y la distancia, evitar aglomeraciones y un poco de sentido común, en el lugar de residencia o en la casa de vacaciones, el que la tenga, la cesión de funciones del gobierno central a favor de las comunidades autónomas a añadido incertidumbre a la ciudadanía. Ya hemos tenido suficiente, a ver si nos dejan en paz y se limitan a hacer recomendaciones y luego cada cual que obre en consecuencia. Reforzar la sanidad es prioritario.

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  • jorgeplaza jorgeplaza 08/04/21 10:58

    El caos, más bien la arbitrariedad e incluso la ilegalidad jurídicas ya se pusieron en marcha hace mucho: como muy tarde con el incalificable segundo estado de alarma. Esto que se ve venir no será más que la guinda. Pero contra la saturación de normas inaplicables está la muy española costumbre española de no cumplirlas, que es lo que hacen todas las CC.AA. cuando les conviene y la mayoría de los particulares, incluyendo los primeros a esos santurrones que se hacen cruces cuando ven al vecino sin mascarilla pero se apresuran a reunirse de tapadillo con los hijos y nietos si les apetece: sé de lo que hablo, porque tengo amigos y parientes así.

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  • Monache Monache 08/04/21 10:49

    Siempre es conveniente considerar las medidas a adoptar en el momento de tomar decisiones, sobre todo en lo relativo a la situación en que se pueda encontrar la pandemia cuando caduque la vigencia del estado de alarma. Realmente Pedro Sanchez en su alocución ,https://www.youtube.com/results?search_query=pedro+sanches+estado+de+alarma+mayo, considero la no prórroga como un objetivo del Gobierno y parecería una obviedad que ese objetivo dependese de la situación en ese momento.

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  • Ayla* Ayla* 08/04/21 08:58

    Estado de alarma si, estado de alarma no...

    Para cuando reforzar atención primaria y rastreadores?

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    • jorgeplaza jorgeplaza 08/04/21 10:59

      A estas alturas, la respuesta es obvia: nunca.

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