El futuro de Cataluña

Junqueras no podrá presentarse a cargo público hasta 2031

Seis de los presos del 'procés', al volver a prisión en marzo de 2021 tras serles revocada la semilibertad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la extinción total de las penas que les queda por cumplir a los nueve dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición, siempre con la condición de que no vuelvan a cometer delitos "graves" en un periodo que va entre los tres y los seis años, en función de cada preso. El Gobierno está convencido de que no lo volverán a hacer, pues se ha visto que el procés fue un callejón sin salida que empeoró la situación política en Cataluña.

Las inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público no se tocan en la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, por ejemplo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no podrá volver a ostentar cargo público hasta julio de 2031, tal y como consta en la liquidación de condena que hizo en 2020 el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo ha estimado este martes nueve de las doce peticiones de indulto para todos los condenados por el Tribunal Supremo en el caso del proceso independentista catalán, mientras que se rechazan las de los tres condenados por desobediencia –Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó–, quienes ya pagaron las multas que se les impusieron y extinguieron su responsabilidad penal, al finalizar hace apenas unas semanas las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.

El periodo impuesto en los decretos de indulto como condición para que no vuelvan a cometer delitos graves varía en función de cada preso, de su condena y de sus propios comportamientos. El máximo de seis años se aplicará a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull; para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se ha fijado un plazo de cinco años; Raül Romeva y Carme Forcadell, cinco años, mientras que el mínimo, tres años, es para Dolors Bassa.

El Supremo, ya informado

El acuerdo del Consejo de Ministros ya ha sido comunicado al Tribunal Supremo, según han indicado fuentes del Gobierno, por lo que a partir de ahora la Sala que juzgó a los líderes independentistas se deberá reunir para hacer la liquidación de condena correspondiente y los pertinentes autos de excarcelación, lo que podría tener lugar este miércoles, tras la publicación de los decretos de indulto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según fuentes jurídicas. El rey Felipe VI firmará los nueve decretos esta tarde.

Los nueve expedientes de indulto aprobados, de unas treinta páginas cada uno, recogen los antecedentes de los presos y su comportamiento durante la condena, los aspectos jurídicos y la motivación de la medida, según las fuentes gubernamentales consultadas. Como ya había venido adelantando el Gobierno, esa motivación se basa en uno de los tres argumentos que constan en la ley del indulto y que es la "utilidad pública": el Ejecutivo considera que conceder las medidas de gracia es "bueno para España" y una "oportunidad para el reencuentro".

Según las citadas fuentes, con los indultos se pretende crear un clima propicio y un primer paso para restablecer la "concordia" y el diálogo, normalizando las "relaciones institucionales y afectivas" entre Cataluña y el resto de España, muy dañadas tras el proceso independentista del otoño de 2017. Y es que desde el Ejecutivo opinan que el encarcelamiento de los líderes independentistas suponía el principal escollo para abrir ese proceso de diálogo que quiere abrir a partir de ahora.

A su juicio, en el procés hubo "errores de todos", pero sobre todo de los independentistas ignorando a la parte de Cataluña que no ansía la independencia. Pero también, apuntan, del Gobierno anterior, el presidido por Mariano Rajoy, por no escuchar a los dirigentes catalanes. Ahora, dicen, se trata de hacer política para solucionar el problema, pero hacerlo "con cerebro", no "desde las vísceras", y por eso el Ejecutivo de Sánchez ha tomado la "iniciativa" con las medidas de gracia.

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Unanimidad de los ministros

La decisión de indultar, que se ha adoptado por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Ministros, va dirigida, defienden fuentes del Gobierno, no a los nueve presos, sino a todos los catalanes y el resto de españoles, tanto a los que se sienten representados por los dirigentes encarcelados como a los no independentistas que creen que las condenas eran excesivas y a los que quieren pasar página. Confían, además, en que esta decisión se vaya entendiendo cada día más por parte de la sociedad española. 

Con las medidas de gracia, el Ejecutivo está seguro de que se restan argumentos al independentismo y su propósito es convencer a éstos de que la Constitución protege a todos los españoles. En este sentido, las fuentes insisten en que la sentencia del Supremo fue una buena sentencia ante unos hechos que fueron muy graves, pero también reconocen la excepcionalidad de que hubiera líderes políticos encarcelados con penas muy elevadas, lo que "no se entiende bien" en Europa y el resto del mundo.

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