Los Franco subastan en internet regalos oficiales que el dictador recibió como jefe del Estado

El pazo de Meirás.
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La placa de plata con aplicaciones en oro que el ayuntamiento de Lloret de Mar regaló a Franco en el verano de 1966 como gesto de adhesión "unánime" no formará ya nunca parte del patrimonio del Estado. Ni la gran bandeja también de plata que mide casi medio metro, pesa casi un kilo y que la Diputación de A Coruña entregó en junio de 1962 a Carmen Polo a modo de "homenaje". Ambas piezas y otras varias de la lujosa quincallería institucional que el dictador fue acumulando tras la Guerra Civil acaban de venderse en internet. 

De nuevo, los herederos del dictador han vuelto a beneficiarse de bienes que su abuelo y su esposa obtuvieron tras convertirse él en jefe del Estado y ella en la futura señora de Meirás, título creado por el rey Juan Carlos en noviembre de 1975. En este caso, y a tenor de la información suministrada, la web desde la que se han subastado tales piezas –todocoleccion.net– ha dado por hecho que pertenecían no al caudal público sino a "la colección del nieto de Don Francisco Franco, Don Jaime Martínez Bordiú". Cuántas placas, medallas o esculturas como una con el águila falangista y reminiscencias nazis se han vendido como parte del lote es algo que se desconoce. Tampoco es posible saber qué importe global ha reportado al menor de los siete nietos del dictador el conjunto del que se ha desprendido en una especie de almoneda patriótica que la web define como "extraordinaria". 

Sí ha trascendido el precio de algunos objetos. Por ejemplo, la placa de plata del municipio costero gerundense de Lloret de Mar se ha vendido finalmente por 435 euros. La bandeja coruñesa todavía ha resultado más rentable: 522 euros. Llegó a 462 euros el águila que todocoleccion.net publicitaba como elemento de la "colección Fco. Franco" y que con marca del "Comité Olímpico" fue esculpida sobre aros en un conjunto que recuerda los Juegos del Berlín nazi. La empresa que ha canalizado la subasta a través de todocolección no atendió este jueves ni el teléfono fijo ni el móvil que facilita en la red.

Las tres piezas están ya en manos de particulares. Y así consta en las capturas de pantalla obtenidas por este medio. El mismo destino ha encontrado otra placa en forma de pergamino metálico ondulado que muestra cómo la Congregación de Nuestra Señora de la Victoria de Melilla nombró al caudillo presidente en 1937. Esta le salió al comprador por 438 euros. Suma: 1.857 euros. Una cifra residual en comparación con la que, también por ejemplo, persiguen desde 2020 los Franco con la venta de una finca de 30 hectáreas localizada en Llaneras (Asturias) y que hoy sigue anunciándose en el portal inmobiliario idealista por 2.999.999 euros. Sobre esa operación dio cuenta en febrero de 2020 el diario lainformacion.com.

Tres de las piezas subastadas en internet por decisión de uno de los nietos de Franco.

La "rapiña" de objetos de ida sin vuelta

Es un miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quien ha localizado el lote subastado en la red. Su presidente, Emilio Silva, sostiene de forma taxativa que las piezas que han salido a subasta "pertenecen sin duda a Patrimonio" por cuanto llegaron a manos de Franco por su rango de jefe del Estado. Silva ejemplifica con lo que hoy sería un caso idéntico: "Si le hacen un regalo oficial al rey, ese regalo tiene que pasar de inmediato a integrarse en las propiedades de Patrimonio del Estado".

Pero el dictador y los suyos, remarca el sociólogo y periodista utilizando el pasado y no el presente, "rapiñaron todo lo que podían". "Sacaban de Patrimonio Nacional objetos de arte con el fin oficial de llevarlos a las escuelas de artes y oficios para que los estudiantes los replicasen allí y aprendieran pero esos objetos no volvían ya más a Patrimonio". Los Franco, remata Silva, "tienen que tener miles de medallas y placas, todos los ayuntamientos les hacían regalos".

Sea como sea, lo cierto es que la venta de lo que hoy se definiría como regalos institucionales ha privado al país de hacer suyo un patrimonio enraizado en una dictadura tras la cual salió económicamente fortalecida la familia Franco. Distintas fuentes cifran su fortuna en torno a los 600 millones de euros. En 2019, el periodista Mariano Sánchez Soler, autor de La Familia Franco SA, sostuvo en una entrevista que su riqueza "se habría multiplicado por cien". "La democracia –afirmó– ha sido muy generosa con los Franco. No se les ha molestado lo más mínimo; han podido acogerse a la última amnistía fiscal, la de [Cristóbal] Montoro, y a otra anterior, en 1986". "No se les han investigado –agregó el periodista– fuentes de ingresos y propiedades que pueden tener en el extranjero, en Filipinas y Miami. Posiblemente es el único país que ha saltado de una dictadura a una democracia sin investigar el entorno de negocios del dictador".

Los herederos y la exalto cargo del PP que ha imputado a una funcionaria

En el polo opuesto a lo que defiende Emilio Silva, fuentes cercanas a la familia Franco que pidieron de forma expresa no ser identificadas subrayaron que la normativa legal ahora vigente sobre regalos oficiales no estaba en vigor cuando el caudillo recibió los arriba enunciados. Y que por tanto pertenecen a la familia y no al Estado. "Ninguna ley es retroactiva", remarcó la fuente. Desde 2015, el jefe del Estado, Felipe VI, y la familia real aplican una norma en línea con los preceptos de la Ley de Transparencia y cuyo segundo principio general dice así: "En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional". A tenor de la conversación mantenida por infoLibre con una persona de su más próximo entorno, los Franco no creen que ese principio vaya con ellos como herederos del anterior jefe del Estado. Este periódico pidió a la fuente que contactase con Jaime Martínez Bordiú para conocer su posición personal dado que, por lo que ya está confirmado, la idea de subastar medallas, placas y otros regalos institucionales partió de él. No hubo respuesta.

Pero la clave de subastas como la detectada ahora en internet por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no es solo económica: porque también afecta a una frontera un poco menos difusa desde que la justicia declaró que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y no a los beneficiarios personales de Francisco Franco. Menos difusa pero que sigue sujeta a vaivenes, como lo demudestra el auto dictado el pasado 20 de abril por la Audiencia de A Coruña. Ese día, el tribunal obligó a devolver a la familia Franco los muebles, alfombras, vajillas o cuadros del Pazo de Meirás porque al Estado se le olvidó reclamarlos en su demanda. Nueve días más tarde salió a la luz que una jueza de Madrid acababa de imputar a la jefa del Servicio de Conservación de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional tras la querella presentada por los Franco. Los delitos que le atribuyen los familiares del dictador son prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal.

Los herederos de Franco sostienen que, "extralimitándose en sus funciones y sin que mediara orden o resolución judicial habilitante, la funcionaria elaboró el Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás". Y que dicho informe afirmaba "indubitadamente, que los bienes muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás proceden, sin género de dudas, de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público".

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¿Pertenecen las placas, medallas y demás elementos ahora subastados al mobiliario y elementos adyacentes que durante décadas fueron atesorando los Franco en el Pazo de Meirás? Este periódico no ha podido corroborarlo o descartarlo. Sí está fuera de duda que la juez que admitió la querella de la familia del dictador y procedió a la imputación de Pilar Benito es la titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmaron este jueves que la imputación de Benito sigue viva. 

La magistrada Cristina Díaz Márquez ocupó entre 2012 y 2015 el cargo de directora general de Política Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro. En 2015 y ahora con rango de directora general de Seguridad, saltó a la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. En febrero de 2017 regresó al Ministerio, ahora con Juan Ignacio Zoido al frente del departamento. Tras el cambio de Gobierno en junio de 2018 volvió a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Una vez allí, en mayo del año siguiente y por decisión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes pasó del juzgado de lo Penal número 7 al de instrucción 29

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