1981: Un capitán general ensalzaba la dictadura y 43 alcaldes pedían prohibir el 18 de julio

El Día da Patria Galega de 1981 cayó en una encrucijada de acontecimientos. Unos meses antes, en febrero, el país había sufrido el embate de un golpe de Estado militar. En abril, el Congreso había aprobado el Estatuto de Autonomía de Galicia y, con el texto, la recuperación del 25 de julio como Día de Galicia tras cuatro décadas de persecución. Ese mismo día 25, el capitán general de Galicia ensalzaba la dictadura y advertía sobre el "enemigo" en la ofrenda al apóstol Santiago, y 43 alcaldes madrileños pedían prohibir la celebración del 18 de julio. Estos dos acontecimientos eran recogidos por los periódicos al día siguiente. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

 

La mañana del 26 de julio de 1981, el diario El País traía en portada la reflexión sociopolítica que el capitán general de Galicia y "militar de la línea dura", Manuel Fernández Posse, había hecho a viva voz y "en nombre del Rey" en la ofrenda al apóstol Santiago del día anterior. En un discurso exaltado, el militar franquista aseguraba que "estamos en guerra" frente a un "enemigo de múltiples tentáculos" al que, pese a lo extenso del monólogo y las alusiones a la religión, la cultura, los medios de comunicación y la educación, "no definió expresamente". Sí afinaba, sin embargo, sobre su ideología: "Cuando ha conseguido crear lo que pudiéramos llamar ambiente propicio, pasa a desarrollar las acciones más activas, como atacar a las fuentes de riqueza y campañas contra centrales nucleares, organiza con cualquier pretexto huelgas [se había convocado un paro general en febrero], disturbios e incendios. Apoya peticiones salariales, aunque a veces sean imposibles". El País recordaba al final de la crónica que era "frecuente que los actos de ofrenda al apóstol registren declaraciones duras por parte de los militares que representan al Monarca en estos actos".

 

Lo cierto es que, si bien el capitán general calificó la Guerra Civil como "una guerra para evitar la desintegración de España" y trataba a Franco de "héroe", debió de pensar despacio las palabras al atribuir al dictador el papel de "propulsor de esta España y de nuestra Monarquía democrática". El afianzamiento de Juan Carlos I tras el 23-F trajo consigo la depuración de los golpistas y la reestructuración simbólica de la cadena de mando. El militar Fernández Posse conocía la nueva realidad política de España. De hecho, le quedaban nueve meses para pasar a la reserva, lo que le había impulsado a mantenerse a las órdenes del rey durante el golpe de febrero. De manera que en su discurso en el Día de Galicia dio una de cal y otra de arena. El diario lo relataba así: "El capitán general expresó su deseo de que pueda consolidarse la democracia [...] Asimismo, solicitó que los Ejércitos no sean adjetivados con tildes democráticos o antidemocráticos, pues se deben únicamente a valores permanentes que encarnan a nuestra nación y están a las órdenes del Rey".

El ministro de Defensa de la época, Agustín Rodríguez Sahagún, de Unión de Centro Democrático (UCD), tuvo que llamar la atención al veterano militar gallego por los comentarios vertidos en el discurso.

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En portada y junto al alegato de Fernández Posse, El País publicaba la crónica del acto protagonizado por alcaldes y concejales de 43 ayuntamientos de la provincia de Madrid. Los políticos se habían concentrado en el Ayuntamiento de Aranjuez para pedir a los grupos parlamentarios la prohibición de nuevas celebraciones del 18 de julio, aniversario del golpe de Estado de 1936 y fiesta nacional hasta 1977. Los alcaldes y concejales, entre quienes se encontraba el alcalde de Madrid, el socialista Enrique Tierno Galván, habían elegido Aranjuez como muestra de "desagravio a la población de esta localidad por la celebración del acto organizado por Fuerza Nueva el pasado día 18 de julio".

Pero el acto se suspendió cuando el Gobierno provincial de Madrid informó de que no estaba autorizado. La concentración, que ni siquiera llegó a leer el manifiesto, fue disuelta por la Policía Nacional "cuando ya quedaban en la misma grupos relativamente reducidos", generando dos heridos y habiendo "zarandeado" al alcalde de Móstoles entre la confusión de las cargas.