8M: cuando el sistema de protección a las mujeres llega tarde

El pasado 14 de enero amanecimos con una noticia que nos dejó a todos y todas desolados: una familia, víctima de violencia machista, iba a ser desahuciada en Villaverde. Nadie podía comprender cómo una abuela con sus nietos huérfanos, dos de ellos menores de edad, podían sufrir ese abandono institucional.

Las asociaciones vecinales y las asociaciones feministas nos pusimos en marcha para comprender, aunque tarde, cómo podíamos acompañar a esta familia desde nuestras humildes posibilidades. Lo que encontramos fue un sistema que, lejos de evitar la revictimización y de acompañar y asistir a las víctimas de esta lacra, les obliga a relatar una y otra vez su dolor para ser escuchadas, que pone bajo sospecha su palabra y que convierte cada derecho en una carrera de obstáculos. Un sistema en el que los derechos no se garantizan, sino que deben ser rogados; en el que cada trámite reabre de nuevo la herida en lugar de repararla.

Nos preguntamos entonces si, además, no sería solo la punta del iceberg, pues cuántas familias y víctimas se habrán encontrado en una situación similar, sin altavoz ni apoyo vecinal.

Es por ello que, ante la cercanía de este 8 de marzo, no podemos limitarnos a lo simbólico: queremos denunciar en esta fecha que los mecanismos de apoyo a las víctimas llegan tarde, que el sistema de protección a las mujeres es fundamentalmente reactivo y que faltan recursos materiales para garantizar una protección real a las mujeres y a los huérfanos de violencia machista.

Ante este 8 de marzo, no podemos limitarnos a lo simbólico: queremos denunciar que los mecanismos de apoyo a las víctimas llegan tarde, que el sistema de protección a las mujeres es fundamentalmente reactivo y que faltan recursos materiales para garantizar una protección real a las mujeres y a los huérfanos de violencia machista

Si retrocedemos hasta el origen del caso que señalamos, la hija mayor de la víctima (quien escribe estas líneas) había intentado en varias ocasiones denunciar la violencia machista que sufría su madre, Miguela Novas Noboa, pero no se le permitió presentar la denuncia porque “era necesario que compareciera la víctima”. Esto evidencia que, como primer paso, es fundamental avanzar en la formación de quienes reciben las denuncias, en este caso la Policía Nacional, para que puedan abordar de manera integral la prevención y atención de la violencia machista. Recordemos que, según la Guía de Actuación frente a la Violencia Machista de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género: “cuando hablamos de violencia de género, sí pueden interponer denuncia otras personas. Son delitos públicos, nos afectan a todos y a todas como sociedad, por eso pueden ser denunciados por cualquier persona o institución que tenga conocimiento de los mismos”.

Existe, además, una falta absoluta de coordinación institucional que hace inoperante la respuesta cuando el crimen ya se ha cometido. El 16 de noviembre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid anunció un “comité de crisis Miguela Novas Noboa” que abogaba “por estrechar la coordinación entre instituciones para proteger a las víctimas de violencia machista”. Sin embargo, han pasado ya más de tres años desde el asesinato de Miguela, y aún no se ha celebrado el juicio. La falta de coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y otros recursos comunitarios ha generado una desprotección absoluta de su familia hasta el punto que, como hemos ya relatado, sus miembros fueron desahuciados de su vivienda en Villaverde, dejando a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad y desamparo.

La falta de coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y otros recursos comunitarios ha generado una desprotección absoluta de la familia de Miguela

Como señalábamos, la protección sin recursos materiales no es posible: sin la acreditación de víctimas —que en demasiadas ocasiones llega tarde y tras múltiples obstáculos— y sin la regularización administrativa necesaria para el reconocimiento legal de la situación familiar, resulta imposible acceder a becas de comedor, al Ingreso Mínimo Vital o a una alternativa de vivienda social digna que garantice los derechos fundamentales de los menores. Cada trámite se convierte en condición del siguiente y, sin uno, no es posible el otro.

Por todo ello, queremos denunciar la profunda brecha entre el discurso político y la realidad cotidiana que enfrentan quienes sufren este desamparo institucional. En muchos casos, se trata de niños y niñas que dependen del cuidado de familias destrozadas por la violencia y, además, se ven obligados a navegar en un verdadero laberinto burocrático: desde los distintos servicios sociales municipales hasta el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, pasando por reuniones con diversas fiscalías y otros organismos que deberían protegerlas.

Por supuesto, es importante que los representantes institucionales se sitúen públicamente del lado de las víctimas y condenen la violencia machista. Por supuesto, es fundamental que se denuncien los discursos promovidos por la extrema derecha que relativizan la gravedad de la violencia machista o que blanquean los términos invisibilizando este drama (a la fecha que escribimos estas líneas, en lo que va de 2026, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores han sido víctimas de crímenes machistas). Pero no menos importante es que estos actos simbólicos se traduzcan en cambios estructurales, en una coordinación efectiva y en una financiación suficiente para garantizar justicia y seguridad a las víctimas. Y eso, exige pasar de lo estético, a los hechos. Seguiremos presionando para que así sea, no esperen más paciencia.

_________________

Silvia González Iturraspe es de la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde y de la directiva de la FRAVM.

Leticia Novas Noboa es hija de Miguela Novas Noboa, víctima de un asesinato machista.

El pasado 14 de enero amanecimos con una noticia que nos dejó a todos y todas desolados: una familia, víctima de violencia machista, iba a ser desahuciada en Villaverde. Nadie podía comprender cómo una abuela con sus nietos huérfanos, dos de ellos menores de edad, podían sufrir ese abandono institucional.

Las asociaciones vecinales y las asociaciones feministas nos pusimos en marcha para comprender, aunque tarde, cómo podíamos acompañar a esta familia desde nuestras humildes posibilidades. Lo que encontramos fue un sistema que, lejos de evitar la revictimización y de acompañar y asistir a las víctimas de esta lacra, les obliga a relatar una y otra vez su dolor para ser escuchadas, que pone bajo sospecha su palabra y que convierte cada derecho en una carrera de obstáculos. Un sistema en el que los derechos no se garantizan, sino que deben ser rogados; en el que cada trámite reabre de nuevo la herida en lugar de repararla.