Vuelta de tuerca (anti)migratoria de nuestra “civilizada” Europa

La nueva normativa migratoria (nueve reglamentos y una directiva), que nace de un acuerdo político alcanzado en 2023 y de su aprobación por el Parlamento Europeo en 2024, supone oficialmente una armonización de las medidas de acogida, control en frontera e integración de los migrantes que arriben a territorio UE, poniendo fin a la disparidad de medidas y políticas en la materia en los distintos miembros del club europeo.

En la práctica, lo que supone es un aumento de restricciones para los migrantes que buscan una vida mejor y “un duro golpe para el derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”, según la ONG Human Rights Watch.

Pero no solo esta ONG. Otras trece organizaciones serias (entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y Red Acoge) ya han advertido que Europa pone en riesgo los derechos de la población migrante y refugiada. Lo que viene a decir población marginada, más pobre, excluída y más precaria. ¡Qué orgullo!

Si antes se permitía al inmigrante solicitante de asilo entrar y permanecer en el país mientras se resolvía su caso, ahora se aplica un procedimiento acelerado que en pocos días resuelve sobre el inicio de un procedimiento de asilo o su retorno inmediato. El Pacto prevé hasta siete días para ese control, pero la normativa interna española limita el plazo a 72 horas.

Los inmigrantes llegados de forma irregular a territorio de la UE pueden ser objeto de medidas que no se aplican a un ciudadano europeo, como el uso de control biométrico con herramientas de IA

Es decir, en el caso de que un migrante sujeto al procedimiento exprés de deportación recurra la decisión denegatoria de asilo, no dispondrá de tiempo suficiente para que un tribunal tome una decisión definitiva sobre su caso. Indefensión total y posible atentado contra el Convenio de Ginebra, el derecho internacional de derechos humanos e incluso el derecho internacional humanitario.

Es más, los inmigrantes llegados de forma irregular a territorio europeo (léase de la UE) pueden ser objeto de medidas que no se aplican a un ciudadano europeo, como el uso de determinadas medidas de control biométrico con herramientas de IA (antes solo se tomaban las huellas dactilares) y el tratamiento de los datos personales de los menores a partir de los seis años de edad. El Reglamento General de Protección de Datos establece que los menores no pueden dar su consentimiento para compartir sus datos hasta los 16 años, pero, claro, eso es de aplicación a los ciudadanos europeos, no a un pobre desarrapado embarcado en una patera, de piel oscura y sin más patrimonio que unas enormes ganas de vivir y buscar una vida mejor. ¡Ah, no, espera!, que todos tienen un smartphone y, quien sabe, tal vez tarifa plana (INDA dixit, Isabel Natividad Díaz Ayuso, la novia de la muerte presidenta de la CAM, no se me confundan con “su” periodista de patillas plateadas).

Uno de los reglamentos ya en vigor, el de Retorno, permite a los países miembros de la UE crear centros de internamiento de migrantes en terceros países sin importar que estos tengan o no vínculos con la zona, con lo que, aquí también, la UE choca frontalmente con el derecho internacional al no garantizar la protección de las personas expulsadas

Esa Europa que dio nacimiento al humanismo, la democracia parlamentaria y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es también la Europa que ha visto germinar en su seno ideologías genocidas

Pero no solo puede ocurrir que el deportado acabe en el aeropuerto de un país para él desconocido, sino que ese país esté sujeto a un régimen opresor y a unas condiciones sociales indignas de calificarse como país seguro. Entre ellos estaría Marruecos, Egipto y Colombia, donde se señalan demasiado a menudo violaciones de los derechos humanos. Incluso se ha explorado por parte de la Comisión Europea la posibilidad de incluir Afganistán como país “seguro” para acoger a los migrantes afganos deportados.

“Europa, ¿qué has hecho con tu promesa, esa de una humanidad común y un derecho universal? La reivindicas y, al mismo tiempo, te empeñas en desacreditarla”. Así comienza Edwy Plenel su opúsculo El jardín y la Jungla (coeditado por Edhasa e infoLibre, octubre 2025) dirigido a Europa. Esa Europa que pretende ser un jardín rodeado por la jungla que amenaza su existencia con la barbarie que representan los pueblos que han vivido bajo su dominación y que ahora reivindican la oportunidad de acceder a una vida más digna.

Esa Europa que dio nacimiento al humanismo, la democracia parlamentaria y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es también la Europa que ha visto germinar en su seno ideologías genocidas y hoy en día es un terreno fértil para la implantación y desarrollo de ideologías radicales. Los portadores de ese germen, integrantes de los partidos de la extrema derecha nacionalista, misógina, xenófoba y racista, campan hoy por sus respetos bajo un barniz de respetabilidad formando grupos parlamentarios y coaliciones de gobierno. A menudo se les pone además la alfombra roja sin el menor sonrojo.

El endurecimiento de la normativa en materia de fronteras y asilo y la fragilización del “cordón sanitario” están comenzando a normalizar conceptos como la “remigración” o la “prioridad nacional”

“Qué es la extrema derecha? Sencillamente el odio a la igualdad”, dice Edwy Plenel. “Mala gente que camina y va apestando la tierra”, decía Antonio Machado. 

Esa peste odiosa (y odiadora) está penetrando mentes, permeabilizando leyes y consiguiendo importantes puestos de decisión gracias a la normalización, entre otras instituciones, de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y de la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo. Sus partidos cuentan, además, con la inestimable ayuda de grandes grupos mediáticos de prensa y televisión, redes sociales plagadas de ejércitos de bots y toda una cohorte de influencers sin cuyo blanqueamiento y banalización no estarían donde hoy están.

Estas circunstancias han propiciado así el giro en las políticas migratorias que estamos viendo en el ámbito europeo, pero también en el nacional. El endurecimiento de la normativa en materia de fronteras y asilo y la fragilización, cuando no tijeretazo, del “cordón sanitario” por parte de las fuerzas demócratas y de izquierdas para aislar a los más radicales, están comenzando a normalizar conceptos como la “remigración” o la “prioridad nacional”.

Como resultado de esta deriva, la UE está propiciando la creación de campos de deportación (“centros de retorno”, según el eufemismo oficial) fuera de Europa ante la previsión de un aumento de expulsiones expeditivas. La Comisión Europea pone el marco, pero la ejecución será nacional, por lo que varios países como Grecia, Alemania y Austria, han iniciado ya negociaciones para establecer esos centros lo más lejos posible de nuestro territorio.

“Adan, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está la sangre de tu hermano?”, preguntaba a Europa y se preguntaba a sí mismo el papa Francisco en Lampedusa en julio de 2013, apenas unos meses después de ser elegido.

En un momento y en un mundo en el que el fundamento mismo de nuestra humanidad común —la igualdad universal de los derechos— está siendo radicalmente cuestionado, es de justicia devolver al inmigrante al menos una pequeña parte de lo que los europeos hemos arrebatado a su tierra y a sus ancestros durante siglos de explotación colonial, esclavitud y expolio.

Y quiero terminar con otra reflexión de mi admirado Edwy Plenel: “Mientras Europa no haya resuelto la cuestión colonial, seguirá estando a merced de las ideologías de la desigualdad (de razas, pueblos, culturas, civilizaciones...) que esa cuestión conlleva, y, en consecuencia, de los peligros políticos que ha engendrado (imperialismo, racismo, antisemitismo, etc.)”.

La nueva normativa migratoria (nueve reglamentos y una directiva), que nace de un acuerdo político alcanzado en 2023 y de su aprobación por el Parlamento Europeo en 2024, supone oficialmente una armonización de las medidas de acogida, control en frontera e integración de los migrantes que arriben a territorio UE, poniendo fin a la disparidad de medidas y políticas en la materia en los distintos miembros del club europeo.

En la práctica, lo que supone es un aumento de restricciones para los migrantes que buscan una vida mejor y “un duro golpe para el derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”, según la ONG Human Rights Watch.