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Desde la tramoya

Vergüenza

Luis Arroyo nueva.

Hay tres narrativas con respecto a los escándalos sucesivos que nos está dando el rey emérito en los últimos años.

Una primera es la que identifica las fechorías de Juan Carlos I (algunas presuntas, otras ya confirmadas) con la corrupción de la monarquía misma como institución y la ausencia de utilidad y sentido de la misma. El problema no es el emérito solo, sino los Borbones y en general el anacrónico, antidemocrático y nefasto orden monárquico. Así lo defienden en mayor o menor grado Unidas Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Dentro del PSOE, en la militancia y en los cuadros, hay también una corriente ahora soterrada que defiende esta misma posición.

El segundo relato, muy minoritario pero defendido con cierta timidez por Vox, y por buena parte de los viejos notables de la transición española, es la defensa personal del rey Juan Carlos y, por supuesto, de la monarquía que representa. Con dos argumentos peregrinos: su presunción de inocencia (¿dónde está la inocencia de quien abdica, se marcha a Emiratos, dona decenas de millones de origen ilícito a su amante y “regulariza” sus deudas con Hacienda?), o los magnos servicios prestados a la democracia (porque uno puede ser un asesino y al mismo tiempo un amante de los animales, por ejemplo, y lo segundo no excusa lo primero).

La tercera narrativa, predominante en el Congreso de los Diputados y algo menos en la opinión pública, separa el comportamiento de la persona de la bondad de la institución. Se trata de la conducta rechazable de una persona, el rey Juan Carlos, pero no de cuestionar a la monarquía. Es Juan Carlos, no Felipe VI. Todas y cada una de las declaraciones de la parte socialista del Gobierno, del propio PSOE (aunque sus Juventudes son tradicionalmente más republicanas), de Ciudadanos y del PP, incluyen de un modo u otro esta visión de los presuntos delitos y de las reales fechorías.

Subyace la constatación de que poner en cuestión nuestra monarquía sería cuestionar nuestra Constitución. Y que el país, con la presión centrífuga del independentismo catalán, la polarización política que vivimos y la crisis sanitaria, económica y social, no está ahora para cuestionar su orden político.

Hay un sentimiento común, sin embargo, que han extendido los descubrimientos sucesivos del comportamiento del emérito, incluyendo ahora su supuesto deseo de venir a España por Navidad, el hecho de que siga siendo parte de la Casa del Rey, o que haya elegido como provisional lugar de residencia el peor posible (una satrapía medieval de multimillonarios): el sentimiento es la vergüenza. Simulada a veces, pero vergüenza al fin y al cabo.

Incluso el más servil de los cortesanos, el más cabal defensor de nuestra monarquía parlamentaria o el más fiel de los juancarlistas, sentirá vergüenza al escuchar aquel discurso navideño en el que el rey emérito pedía ejemplaridad para los miembros de su propia familia, a propósito de su yerno, Iñaki Urdangarin. Podemos imaginar la vergüenza de su hija Cristina aceptando en silencio la cárcel de su marido por delitos mucho menores que los que se atribuyen a su padre.

Vergüenza es lo que sentirán los portavoces socialistas del Gobierno al estirar como un chicle la argumentación para justificar la subsistencia de la monarquía como algo distinto del comportamiento de quien la ha representado durante medio siglo. Vergüenza debe sentir la portavoz del Gobierno cuando deriva a la Casa Real la información sobre el paradero o las vicisitudes del emérito, como si la Casa Real fuera una institución ajena al Gobierno.

Vergüenza es probablemente lo que sentirán el padre y el hijo reyes cuando convengan que Felipe no dirá ya nada sobre el comportamiento de Juan Carlos, y Juan Carlos hablará por boca de su abogado.

Vergüenza, en definitiva, es lo que sentimos la inmensa mayoría de los españoles, sea cual sea nuestro relato preferido sobre Juan Carlos I, cuando observamos el espectáculo lamentable de su conducta. En eso estamos la mayoría de acuerdo.

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