En Transición

No odia quien quiere, sino quien puede

Cristina Monge nueva.

Una motocicleta ardiendo junto a contenedores incendiados. De todas las imágenes relacionadas con las violentas manifestaciones desencadenadas tras el encarcelamiento del rapero Hasél, esa ha sido una de la que más impacto ha causado. Tal vez porque quienes la ven piensan inmediatamente en la desolación del dueño del modesto vehículo, quizá un repartidor a sueldo de una plataforma cualquiera, cuando aquella misma noche o al día siguiente se lo encontrara calcinado. Lamentablemente, cuando se desatan este tipo de incidentes, mucha gente normal y corriente suele pagar las consecuencias de unos disturbios tan dañinos y absurdos como políticamente ineficaces, cuando no perjudiciales, para la causa de las libertades democráticas.

Desde que diversos grupos de jóvenes difícilmente calificables desde el punto de vista político se echaron a las calles para reivindicar la libertad de expresión de una manera cuando menos peculiar, el asunto ha sido objeto de un debate intenso, confuso y muy viciado por la polarización ideológica y el tacticismo de algunos líderes políticos.

Habiendo como hay una propuesta del PSOE para reformar la ley, de forma que en casos como este no se aplique la pena de cárcel, la reacción de dirigentes de Podemos pretendiendo convertir este caso en un ejemplo de lucha antifascista solo se explica por una imperiosa necesidad de diferenciarse del socio mayoritario. ¿Es antifascista un tipo que glosaba tiros en la nuca del alcalde de Lleida y cantaba las excelencias del PCE(r) –o sea, del Grapo– mientras dedicaba a Pablo Iglesias tuits despectivos? ¿Son antifascistas los que atacaron la sede de El Periódico de Catalunya o de RNE?

Si la reacción de Podemos contribuye a la confusión y enreda el análisis, ¿qué se puede decir de JxCat, reclamando nuevos modelos de actuación policial y el fin de la represión, mientras fuerzas bajo su mando siguen reventando globos oculares? Todo un clásico ya en la actuación de los Mossos.

El resultado de semejante embrollo es que el humo de las barricadas impide entrar al debate de fondo, vital, este sí, para la democracia, porque la libertad de expresión lo es. Debidamente encuadrada en unos límites lejanos, amplísimos, que permitan la ironía, el sarcasmo, la caricatura e incluso el mal gusto, una democracia de calidad no debe temer a la expresión de nada, o de casi nada. Cosa distinta son los delitos de odio, que esos sí deben estar penados en la medida en que suponen una amenaza para colectivos vulnerables. ¿Cuáles lo son? Debatámoslo si es necesario, e invirtamos ahí todo el tiempo, argumentos y pasión necesarias para legislar con el mayor tino posible.

No es lo mismo profesar injurias a la Corona o hacer no se qué performance con las banderas patrias –algo que en países de nuestro entorno no suele merecer ningún castigo, ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le supone mayor problema– que llamar a exterminar a los judíos.

Llegado a este punto, otro factor importantísimo entra en juego: no odia quien quiere, sino quien puede. Ni la muchacha de la Sección Femenina fascista, ni los raperos provocadores, ni los autores de chistes hirientes tienen a priori capacidad de convertir en realidad sus delirios. Cosa diferente es cuando un grupo de militares intercambian mensajes golpistas, porque ellos sí están vinculados, aunque sea indirectamente, con un aparato del Estado que dispone de los medios precisos para convertir el odio en violencia institucionalizada. Los disturbios callejeros, sean los de ahora o los que tuvieron lugar tras la condena a los líderes del procés, causan un gran impacto en la opinión pública, pero son estallidos muy limitados que acaban disolviéndose en la nada hasta la próxima ocasión. La inclinación hacia ideologías autoritarias de algunos integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado plantea una amenaza, aunque remota de momento, más operativa y verosímil. ¿Qué hubiera pasado en el ataque al Capitolio si, además de contar con numerosos participantes de las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional se hubiera abstenido de aparecer, como pretendía Trump? Una cosa es que la democracia –formal– se hubiera acabado imponiendo, y otra que probablemente habría que sumar al balance unos cuantos muertos y un conflicto tanto en las fuerzas armadas como en las instituciones.

Merece la pena reflexionar sobre todo ello. La defensa de las libertades es una obligación actual en España y en todo el mundo. Y ahí no caben delirios, desahogos ni torpezas. Porque los enemigos de la libertad no se van a limitar a quemar contenedores ni a reventar redacciones de periódicos o cajeros de bancos. Ellos son pirómanos profesionales, preparados y provistos de los recursos necesarios para incendiar el cielo democrático después de haberlo asaltado. Pero de verdad.

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