Ley de Seguridad Periodística

Dispone el artículo 395 de la Ley General del Poder Judicial que “no podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”, un artículo de ley en concordancia con lo que manifiesta la Constitución española en aras de garantizar la independencia. Lógico, ¿no?

Saco a colación este asunto ya que la independencia, –al igual que en el campo judicial–, es la palabra que más veces se repite durante la carrera teórica del periodismo, y justamente la que más veces nos reprochan en la parte práctica. Sin embargo, no está regularizada por ley aunque nuestra Carta Magna la recoja en su artículo 20.

No resulta de extrañar teniendo en cuenta que el imprescindible derecho de asociación estuvo regularizado hasta el año 2002 por una ley perteneciente al franquismo que, como bien critica el profesor de derecho civil Carlos Lasarte, podría denominarse como la “Ley de antiasociaciones”.

La regularización por ley de la profesión del periodismo no debe contemplarse como una cuestión banal, –para aquellos que consideren que por el simple hecho de reconocerse el derecho informativo y de opinión sea suficiente–, puesto que en plena crisis económica la dependencia de los medios con las esferas de poder se acentúa, suponiendo la aceptación de la censura por parte de los profesionales como precio a pagar por la supervivencia.

En relación a ello, me viene a la memoria la publicación reciente del diario británico The Guardian, en el cual se recogen las palabras de un trabajador para El País, “no se puede tener libertad de prensa en una empresa que está en quiebra y pertenece al banco”. Se pone en evidencia, por tanto, que el mayor enemigo del derecho informativo no es la ideología que profese el periodista, que la tiene, sino los intereses para el medio que trabaje.

Desde la experiencia personal, resulta paradójico comprobar que la mayoría de los compañero/as de la profesión renuncien a reconocer públicamente con qué ideología sienten afinidad, por miedo a ser calificados como malos profesionales o, simplemente, porque pueda ello afectar a su vida laboral.

Seguramente hacen bien, –dada la cultura en este aspecto de nuestro país–, pero considerando las palabras de Pilar del Río, “no se puede pedir a un sujeto que sea objetivo”, y la RAE además lo avala. En este sentido, los peligros en el ejercicio del periodismo nada tienen que ver con la ideología personal del periodista. Es más, la opinión es también un género periodístico; los peligros que afectan al periodismo se hallan, principalmente, en la desregularización de la profesión.

Hace unas semanas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) urgía a regularizar por ley el trabajo de los periodistas a la pieza, y ponía de ejemplo el secuestro en Siria de Javier Espinosa, Marc Marginedas y el freelance Ricard García Vilanova.

El fotoperiodista García Vilanova durante los meses de cautiverio no recibió ningún ingreso económico porque es uno de los miles de profesionales que no cobran un sueldo fijo, sino una cantidad por cada trabajo que venden, y ello se debe a la falta de protección jurídica, que les niega a estos profesionales el derecho a subsidio de desempleo o de indemnización. La falta de amparo legal contribuye al desprestigio de la profesión, que no pasa por su mejor momento y, sin embargo, será pieza clave para la regeneración democrática.

No se debe ignorar tampoco el foco decisorio de la política, que es el instrumento de cambio, y que sin él la regularización que tanto reivindicamos es imposible de llevar a cabo, como de hecho ha ocurrido con respecto a la Ley de Propiedad Intelectual. Quizás, no será casualidad que el partido que gobierna nuestro país, –y cuyo padre fundador era ministro de Información en los tiempos de Franco–, desoiga la petición de reconocer a los periodistas como autores, lo cual le daría derecho a decidir sobre el uso y la reutilización de su trabajo.

Se olvida el Gobierno que la “propiedad no sólo sirve a la economía”, como bien defiende el diputado socialista José Andrés Torres Mora. Pero, ¿qué se puede esperar de un partido que pretende promulgar una Ley que restringe el derecho de información y de libertad de expresión? Habrá que advertir al Gobierno de que a pesar de tener en sus manos la financiación, –a través de la publicidad institucional–, el sector de la comunicación no permitirá la intromisión, por mucho que la colegialización no sea obligatoria.

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Lorena Calderón es periodista.