¿Para qué los medios públicos?

¿Para qué necesitamos medios públicos? La pregunta dicha con tonalidad retórica suele enarbolarse como una proclama de modernidad y liberalismo a ultranza, entendiendo, claro está, el término liberal como sinónimo de libertad de mercado y la modernidad como la aspiración, resultado de una admiración sin reservas por el modelo de sociedad estadounidense, a parecernos cada vez más a ellos, a los Estados Unidos de América, digo. Así que en ese contexto de pensamiento ultraliberal la pregunta, dicha con tono retórico y adecuadamente airado, trae prefigurada una única respuesta: para nada.

En realidad la idea de la necesidad de medios públicos es de matriz radicalmente europea. Es en el ámbito europeo en el que toma forma la idea de que los medios audiovisuales son demasiado poderosos como para dejarlos exclusivamente en manos de intereses privados. La necesidad de unos medios públicos sujetos a rigurosos controles de calidad y lo suficientemente potentes como para ser referentes en el ámbito de la comunicación audiovisual parte de la conciencia de que a través de la radio y la televisión no solo se transmiten noticias y entretenimiento, sino también actitudes, emociones, prejuicios o contraprejuicios, estados de opinión y de ánimo que en cierta medida conforman la tonalidad mental de una sociedad. Y no conviene que tanto poder dependa en exclusiva de las leyes de la oferta y la demanda. La noción de “servicio público” aplicado a los medios de comunicación es un logro de las sociedades europeas y se inscribe en el marco ideológico que sustentó la construcción, o el proyecto de construcción, del llamado “Estado del Bienestar”. No es de sorprender por tanto que desde el mundo ultraliberal, los medios de comunicación públicos hayan sido siempre objeto de furibundos ataques. Más aún en época como la actual, cuando la crisis económica y el ascenso de las derechas en Europa está poniendo patas arriba todo lo que lleva el marchamo de “ público”. Desde la sanidad a la radio-televisión pública.

Con todo, no es tanto en el terreno ideológico como en el de la práctica donde se juega la auténtica defensa de los medios de comunicación públicos.

Por muy alineado en el campo ultraliberal que esté un político, sería dífícil que se atreviese a cuestionar, si es británico, la existencia de la BBC, si alemán, de la ARD y la ZDF o, si sueco , de la excelente SVT, la televisión pública de Suecia. Entre otras cosas, porque cualquier político británico o sueco o alemán es consciente de que sus posibles votantes perciben los medios públicos de su país como algo que forma parte de su identidad británica o sueca o alemana, algo propio, que pertenece a los ciudadanos, no al gobierno.

Y una de las claves, no la única pero sí la más determinante, en ese proceso de identificación de la ciudadanía con sus medios públicos es la independencia de éstos con respecto al poder político, la seguridad de que ni su programación ni su línea informativa pueden manejarse desde los despachos de los ministros, o de los asesores de imagen de los ministros, o del presidente del Gobierno y sus asesores de imagen. El prestigio de la BBC, el modelo que siempre viene al caso cuando el caso es la pertinencia o no de unos medios públicos, proviene del amplio margen de independencia profesional con el que funciona. Ese es su gran logro. Y esa es la gran carencia de otros.

“Eso vale para los ingleses o para los suecos, pero aquí en España es imposible, sea el PSOE o el PP, aquí el que está en el gobierno es el que manda en TVE”. Tantas veces hemos escuchado este argumento que se ha convertido en una especie de evidencia incuestionable. Lo dice gente de la derecha y, esto es más grave, a veces gente de la izquierda. Esa resignada aceptación de unas supuestas reglas del juego que asignan a los medios públicos el papel de portavoces del gobierno de turno es el principal argumento en su contra. En contra no ya de su funcionamiento en un momento dado, por aquello de que ahora no mandan los míos, sino en contra de su existencia. Creo que solo desde una radical defensa de su independencia profesional se puede defender radical y eficazmente la existencia de los medios públicos.

En ese sentido la ley para la reforma de los medios de titularidad estatal de 2006 fue un paso importante, al crear un marco legal que amparaba la “desgubernamentalización” de CRTVE. Y porque dio origen al periodo de mayor independencia profesional de la radio-televisión pública en España.

El marco legal por sí solo no habría bastado, pero contó con el empuje y el entusiasmo de los profesionales de la casa y con el respaldo de una ciudadanía que percibió enseguida el valor de lo que estaba ocurriendo, el valor de tener unos medios públicos con credibilidad, rigor e independencia professional. Medios públicos, no gubernamentales.

Pero el éxito suele acarrear suspicacias. El éxito de la radio-televisión pública de esa época no gustó demasiado a los competidores de las cadenas privadas. Y en 2009, el mismo gobierno que había impulsado la reforma de CRTVE asestó lo que yo considero un golpe bajo a su estabilidad presupuestaria, al eliminar por ley los ingresos publicitarios sustituyéndolos por unas tasas a los operadores privados que nunca han alcanzado los niveles previstos. Aun así, CRTVE, especialmente sus informativos, siguió contando con el respaldo de la audiencia. Hasta que el PP llegó al poder.

En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy dictó el decreto ley por el que se cambiaba la ley de 2006 y se facilitaba el nombramiento del Presidente de CRTVE por simple mayoría absoluta. Una de las primeras decisiones del nuevo presidente fue el cese de Fran Llorente, director de los Servicios Informativos, el área más valorada y de mayor éxito de audiencia en todos esos años. El mensaje era claro, olvidense de razones profesionales y menos aún de independencia profesional, las cosas vuelven a ser como siempre han sido, quien manda en el gobierno, manda en los medios públicos. El mensaje vino acompañado de un brutal recorte presupuestario, en torno a un 40%.

La experiencia había durado menos de cinco años. Más que efímera, fue una experiencia abortada. Aun así fue una experiencia importante. Mostró que la cuestión no es que en España, o si se quiere en los países del sur de Europa, no se pueda aspirar a tener unos medios públicos independientes, sino que es preciso contar con una decidida y por supuesto mayoritaria voluntad política para defender ese modelo. Y garantizar su permanencia.

Lo contrario significa resignarse no solo al deprimente panorama de la CRTVE actual con sus informativos sometidos a continua injerencia del partido en el gobierno y perdiendo audiencia al mismo ritmo que prestigio, sino a que los medios públicos dejen de tener sentido para la ciudadanía. Lo contrario significa renunciar a una auténtica defensa de los medios públicos.

Teresa Araguren es miembro del Consejo de Administración de RTVE