Casualidades de la vida, en este mes se cumplen once años de la condena a España por el caso de Ángela González Carreño. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que España había violado el derecho internacional al no proteger a Ángela ni a su hija Andrea de la violencia machista ejercida por el padre. También criticó que se priorizara el contacto entre padre e hija por encima del interés superior de la menor.
Ángela González Carreño denunció hasta en treinta ocasiones a su expareja por la violencia que ejercía sobre ella y su hija. Ninguna de esas denuncias prosperó. Al final, consiguió separarse y obtener la custodia de la niña, aunque la justicia permitió que el padre mantuviera visitas vigiladas con Andrea.
Ángela siguió sufriendo acoso, amenazas y agresiones. La niña, por su parte, tenía miedo y rechazo hacia el padre que la insultaba y manipulaba durante las visitas. En varias ocasiones, Ángela solicitó medidas de alejamiento, alegando que Andrea sufría crisis nerviosas y que los encuentros afectaban gravemente a su salud. Se le concedió una orden de alejamiento que el juzgado retiró, poco después, para no interferir en el régimen de visitas. Según las psicólogas, era necesario "naturalizar" la relación entre padre e hija.
En una de las visitas, el padre asesinó a Andrea. Luego se suicidó. La justicia española lo exoneró de toda responsabilidad: no se puede juzgar a un muerto. Tampoco el Estado reconoció su negligencia, su mal funcionamiento. Ángela no recibió ninguna indemnización ni reparación por el daño sufrido.
El Comité CEDAW acabó dándole la razón, años más tarde. En su dictamen, recomendó al Estado español la reparación integral por el daño causado, investigar los fallos institucionales que posibilitaron la tragedia y mejorar la formación de jueces y profesionales en materia de violencia de género. Aunque el Tribunal Supremo —en una sentencia histórica— reconoció el carácter vinculante de ese dictamen, el Estado español nunca llegó a cumplir plenamente las recomendaciones.
De aquellos polvos….
Cabría pensar que, tras lo ocurrido con Ángela González Carreño, no volveríamos a ver una temeridad semejante. Sin embargo, la semana pasada vimos, en prime time, cómo la justicia española obligaba a Juana Rivas a entregar a su hijo menor al padre maltratador.
Sucedió, pese al grito desgarrador del niño suplicando ayuda. Acusaba a su padre de haberle pegado, insultado, arrojado por la escalera y amenazado de muerte. Pero no hubo piedad para él. Se impuso el principio de confianza en la justicia europea. También el sacrosanto derecho del padre biológico sobre los hijos, sin importar el trato que les dispense. Todo ello por encima del bienestar de Daniel.
Cuesta entender que alguien que dice ser padre, pueda obligar a un hijo a irse con él a otro país, contra su voluntad expresa. Más difícil aún es entender que la justicia del siglo XXI lo permita, negando a niños y niñas el derecho a ser escuchados y reconocidos como sujetos de derechos con autonomía.
Como en el caso de Ángela, Juana Rivas también denunció a su expareja y padre de sus hijos por violencia machista. La justicia italiana no la creyó, y Juana huyó a nuestro país buscando protección. En España volvió a presentar denuncias pero, en un cruel giro de guion, acabó ella condenada a cinco años de cárcel por sustracción de menores. Aunque recibió un indulto parcial, tuvo que cumplir la condena.
Pese a la ola de solidaridad que generó su caso, Juana Rivas sigue atrapada en este calvario. Una vez más, la justicia patriarcal se posiciona del lado del agresor. La clase política se ha mostrado “horrorizada” ante el suplicio del menor en directo, pero es incapaz de ofrecer una solución. Ahora, Juana se enfrenta a nuevas amenazas de condena, por su desobediencia. Las normas del patriarcado no se cuestionan: Vienen, inquebrantables, esculpidas en piedra.
Justicia internacional: esa justicia de la que usted me habla
¿Es España una democracia? Dices mientras clavas en mi pupila tu sentencia azul...
El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de publicar su séptimo informe periódico sobre España. Entre otras irregularidades, señala graves deficiencias en la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres. Una de las causas, según el Comité, es la persistencia de estereotipos de género en sectores clave como el judicial. Estos prejuicios influyen en decisiones sobre la custodia, protección o credibilidad de las mujeres. La falta de avances perpetúa la violencia machista y vulnera los compromisos internacionales en protección de derechos humanos.
La falta de avances perpetúa la violencia machista y vulnera los compromisos internacionales en protección de derechos humanos
Esta situación no es nueva. En 2021, la ONU ya denunció que España no protegía adecuadamente a la infancia víctima de violencia de género. Señalaba que muchos tribunales actúan con sesgo contra las mujeres y favorecen a los padres denunciados, incluso cuando hay antecedentes de abusos sexuales. El caso de Diana García fue ilustrativo: perdió la custodia de su hija de seis años pese a las pruebas de abusos sexuales por parte del padre.
Casos similares han afectado a madres como María Sevilla, Patricia González o Daria Sidorkevich, quienes, tras denunciar abusos sexuales por parte de sus ex parejas, perdieron la custodia o fueron condenadas por sustracción de menores. Agrupadas en el colectivo Madres Protectoras, han denunciado que la justicia no las cree y que se sigue utilizando el Síndrome de Alienación Parental (SAP), un diagnóstico sin base científica, prohibido por la nueva ley de infancia y desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial.
Desde que el Ministerio de Igualdad inició su recuento en 2013, al menos 64 menores han sido asesinados por sus padres en contextos de violencia machista. Lo llaman "violencia vicaria", aunque las víctimas principales son los propios niños y niñas. En junio de 2025, más de 12.000 menores estaban registrados como infancia vulnerable por esta causa, y 1.400 de ellos en riesgo medio o extremo de sufrir violencia vicaria.
Antipunitivistas
Ante una violencia machista persistente, va ganando presencia el discurso antipunitivista que se presenta como postura antiautoritaria y alternativa al poder institucional. Aunque el debate es interesante, algunas voces feministas (como Laia Serra) denuncian que esa corriente tacha al feminismo mayoritario de punitivista. Como si las mujeres que piden justicia o medidas institucionales de protección, solo buscaran castigar a los hombres.
Este discurso también hizo acto de presencia en los incidentes de Torre Pacheco. Muchas de nosotras denunciamos la insuficiente protección de la población migrante frente a pogromos racistas y la pasividad, cuando no connivencia, de las fuerzas policiales con los fascistas. Pero enseguida circularon insinuaciones de complicidad con el Estado represor, y se nos recordaba que la izquierda antirracista tiene que defender la organización de clase, las redes de apoyo mutuo y rechazar el castigo. Que pedir cárcel para los agresores e instigadores, o más protección policial, es punitivismo.
La corriente antipunitivista propone que el feminismo defienda una sociedad en la que no sea la policía quien proteja de la violencia machista, sino las amigas. Una propuesta valiosa. Pero si la gigantesca ola de solidaridad no ha bastado para frenar la violencia contra Juana Rivas, ¿qué ocurrirá con las mujeres que ni siquiera cuentan con redes de apoyo? Y ¿quién hubiera defendido a los migrantes de Torre Pacheco cuando fueron atacados por grupos neonazis?
Creo en la transformación social, en la organización de las trabajadoras, en la autodefensa feminista y en el diálogo como herramienta de reparación social. Y sé, por experiencia, que el derecho penal y la policía no resuelven los problemas estructurales, sino que muchas veces los agravan. Pero también sé que, para muchas mujeres, la respuesta institucional es la única opción ante la violencia. Por imperfecta que sea, hemos de asumir que, hasta ahora, no tenemos una respuesta alternativa, fiable y segura, que pueda sustituirla.
A dios rogando y con el mazo dando
Debemos trabajar por un orden social más justo y con mayor igualdad material, que frene los discursos de odio: de hombres frustrados contra mujeres emancipadas, de jóvenes sin futuro contra migrantes aún más precarizados.
Pero mientras llega ese mundo nuevo, podemos y debemos exigir al Estado que nos proteja frente a violencias urgentes. Más aún: debemos exigirle que respete el derecho internacional y los derechos humanos. Que la policía sea más democrática y detenga a agresores machistas y racistas, y no a quienes ejercen el derecho a la protesta. Que la justicia supere sus estereotipos y prejuicios machistas y crea a las mujeres que denuncian violencia. Que escuche a los niños y niñas que piden auxilio y no los entregue a sus verdugos.
Casualidades de la vida, en este mes se cumplen once años de la condena a España por el caso de Ángela González Carreño. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que España había violado el derecho internacional al no proteger a Ángela ni a su hija Andrea de la violencia machista ejercida por el padre. También criticó que se priorizara el contacto entre padre e hija por encima del interés superior de la menor.