Un propósito bendito de este púlpito semanal cuando arrancamos la doctrina sobre nuestra impostura y sus deberes, hace año y medio, era no reincidir. Pero tampoco contaba el arriba firmante con la tozudez en disputar nuestra tarea con la que se conduce el cuerpo de funcionarios que luce encaje de bolillos en los puños de sus ropones y reclama trato de señoría. Hasta no hace tanto, éramos los únicos con patente de corso para acertar o errar en el relato de lo real, un privilegio, el del yerro, basado en la premura con la que a menudo desempeñamos nuestra labor. Pero, desde la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz nótese que hay otros que no son periodistas con bula para dejar por escrito una realidad imaginada y sin contraste contra la que no cabe —a diferencia de lo que ocurre en el periodismo— derecho de rectificación ni fe de erratas.
En aquella sentencia, la Sala Segunda del Supremo, más allá de condenar al entonces fiscal general del Estado en palmario desacato a la realidad de los hechos, infligió un castigo de oprobio a este oficio nuestro, media docena de cuyos titulares comparecieron citados ante el alto tribunal para explicar lo muy equivocadas que estaban las malicias de sus señorías respecto a García Ortiz, y su profesionalidad fue correspondida por el desdén autoindulgente de los de la saya negra con puños de ganchillo. En justa reciprocidad, aquí y en otros muchos medios, el periodismo repuso la verdad de los hechos, aunque con ello no pudiera subsanar la injusta condena, acaso solo dejar constancia de las mendacidades del papelón oficial.
La mala literatura hace llorar a dios y en la sentencia del caso Ábalos-Koldo, un asunto cuyos indicios eran un balón muerto en el área pequeña para que el Supremo simplemente empujara la pelota a la red, ha vuelto a aparecer esa sintaxis ufana de Girolamo de Savonarola que llega a los hechos probados porque sí, desentendiéndose de lo que, ahora vemos en la sentencia, ha sido una investigación insuficiente y una instrucción asaz torpe. Ellos mismos han cantado y celebrado su gol pero lo cierto es que tampoco aquí —y mira que era fácil— la pelota ha botado dentro.
Como se gustan hasta tocarse, no han podido evitar tampoco las admoniciones de confesor de Leonardo de Medici y, jugando con nuestra paciencia, nos han regalado prédica de virtud pública, redactada con la solemnidad de los artesonados de pan de oro: “Los actos de corrupción no son sólo delitos de contenido patrimonial o delitos cometidos por 'malos servidores públicos', que, ocasionalmente, infringen sus deberes posicionales. Se trata de conductas que guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor (…). Son actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho”. ¿Y tú me lo preguntas…?, decía el poeta.
A la Sala Segunda le ha bastado el testimonio sin mayor acreditación de un convicto deseoso de evitarse cárcel para argumentar sus hechos probados
El periodismo bien hecho, con la precariedad de sus métodos, suele exigir al menos dos fuentes contrastadas para dar algo por cierto, pero a la Sala Segunda le ha bastado el testimonio sin mayor acreditación de un convicto deseoso de evitarse cárcel para argumentar sus hechos probados, un chivato al que efectivamente han librado de la cárcel y le han dejado quedarse con el botín, que es nuestro —mío y de usted, casi cuatro millones de euros— a cambio de su entusiasta colaboración en la ofensiva antigubernamental, en una decisión de la alta sala que, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, se parece a la definición que el código penal da a la malversación: “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años”.
Molière dedicó una de sus obras mayores, Tartufo, a estos engolados proclamadores de virtud cuyos ademanes distan tanto de sus haberes, pero las infamias y disparates de la semana fantástica de la togas no acababan con la retirada del pasaporte a la esposa del presidente legítimo del país —hay que escribir “legítimo” porque están los tiempos exigiendo subrayar las obviedades—, aún había de hozar más profundo la nariz de nuestras grandes salas de justicia con la difusión descontrolada de la vida personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero merced, si no a la vileza, desde luego sí a la manifiesta incompetencia de los agentes, fiscal y juez que pergeñan la causa contra él, una causa que ha vulnerado hasta tal punto los derechos del investigado que será nula de pleno derecho ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si alguien no detiene antes el disparate jurídico.
Ya hemos dicho aquí que, junto a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones conforma el núcleo duro de los derechos que sustentan la modernidad de Occidente, un listado de fueros concebidos por liberales e ilustrados como defensa del común ante las arbitrariedades de los Estados del Antiguo Régimen —las plenipotenciarias monarquías absolutistas—, que están en la base misma de la arquitectura de cualquier Estado de derecho, pero que no merecen, al parecer, especial higiene a los policías, togados y fiscales de brocha gorda con que nos ha tocado lidiar en estos tiempos de Ilustración Oscura.
Pero no se equivoquen, los impostores de este oficio no somos inocentes. Porque ese descuido conveniente e infamante en la custodia de material tan delicado sobre el expresidente Rodríguez Zapatero ha necesitado del concurso de un periodismo pistolero que se ha introducido en la Villa y Corte de la mano de la llegada de grandes capitales de América Latina —que han amarrado en nuestros muelles huyendo de los desastres que ellos mismos han patrocinado en el continente de origen con la intención, al parecer, de importar catástrofes parecidas por estos lares, que los obliguen, vete a saber, a huir de nuevo a otro meridiano— y que se ha puesto a malmeter, cual vieja madama olisqueando tálamos ajenos, contra el único presidente que en nuestra breve democracia no muestra rastros de sangre en las manos.
En esa catedral titulada El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde narra la fantástica historia del bello y joven Gray, al que un enamorisqueado Basil Hallward pinta un retrato al óleo que acaba siendo notario de la inclinación al vicio del retratado. El bello Dorian, viendo el óleo envejecer y dar fe de la decrepitud de su alma, lo esconde en un desván bajo una vieja sábana y acaba evitando siquiera mirarlo, tal es la monstruosidad que sus pecados van dejando en el rostro que mira desde el lienzo. Ese ha de ser el papel de los oficiantes honestos del periodismo, convertir nuestra tarea en ese óleo que las puñetas no quieren mirar, un cuadro que les recuerde, si es menester cada día, lo que hacen. Pintemos un óleo que sea también un espejo y les devuelva el vergonzoso dictamen de sus palabras tartufas, pues sus actos “socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho”.
Un propósito bendito de este púlpito semanal cuando arrancamos la doctrina sobre nuestra impostura y sus deberes, hace año y medio, era no reincidir. Pero tampoco contaba el arriba firmante con la tozudez en disputar nuestra tarea con la que se conduce el cuerpo de funcionarios que luce encaje de bolillos en los puños de sus ropones y reclama trato de señoría. Hasta no hace tanto, éramos los únicos con patente de corso para acertar o errar en el relato de lo real, un privilegio, el del yerro, basado en la premura con la que a menudo desempeñamos nuestra labor. Pero, desde la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz nótese que hay otros que no son periodistas con bula para dejar por escrito una realidad imaginada y sin contraste contra la que no cabe —a diferencia de lo que ocurre en el periodismo— derecho de rectificación ni fe de erratas.