Si se filtra, contamina

La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.