¿Principios o poder? La gran impostura
Antes de las elecciones del 28M, en las últimas horas de la campaña, participé en un programa de análisis político en el que se dedicó casi la mitad del tiempo de tertulia al caso Maracena. En plena recta final de una campaña no muy agradable, lo ocurrido en la localidad granadina condicionaba el debate nacional en las principales televisiones.
El juez instructor del suceso, un extraño y truculento secuestro de una concejal, había pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía imputara al exnúmero tres del PSOE de Andalucía, Noel López, un supuesto implicado que en ningún momento había prestado declaración y al que el magistrado no tenía poderes para imputar.
Como no soy un experto en el caso (no me duelen prendas en admitirlo) y el secreto de sumario se había levantado tan solo unas horas antes, en plena recta final de la campaña y sin tiempo para convertirse en uno, reconocí lo evidente. No sabía lo suficiente como para dictar una sentencia, algo que a menudo se espera de los periodistas, pero que no es en modo alguno nuestra función. También me extrañé de que, sabiendo los tiempos de la Justicia, el juez decidiera levantar el secreto de sumario justo unas horas antes de que acabase la campaña.
Me quedé solo. Según pude observar, en otras muchas televisiones se llegaba a la misma conclusión: nos faltaba muchísima información, pero en cualquier caso López era culpable (...) y el caso, una bomba para el PSOE y la izquierda mucho más allá de Maracena. Ya se sabe, las cosas de la izquierda, concluían algunos tertulianos con evidentes conflictos de interés jamás revelados a la audiencia. Pero incluso aunque no me hubiese quedado solo, el tiempo dedicado al caso era tiempo que no se dedicaba a asuntos donde sí podría haber un debate informado sobre cuestiones de impacto en la vida de los ciudadanos. Ese debate nunca se produjo.
Después de las elecciones, este mismo jueves, el TSJ y la Fiscalía echan un rapapolvo al juez por pedir esa imputación. Como publicó infoLibre hace unos días, el propio informe forense desmentía el testimonio del presunto secuestrador, que acusaba a este dirigente socialista de haberle dado cocaína, otro aspecto mencionado en la campaña. Reconozco que sigo sin saber el alcance de la implicación de López (la Justicia sigue sin tenerla clara, como vemos), pero no parece muy elaborado pensar que pudo haber algún interés en que el caso estallase en los últimos días de la campaña, en el momento mismo en el que los indecisos deciden qué van a votar, o si lo van a hacer. Según los sociólogos, cada vez son más los que se aclaran a última hora y, sin duda, el debate público ayudó a más de uno.
Antes de las elecciones del 28M, el PP denunció un intento de “pucherazo” del PSOE y Pedro Sánchez, una especie de conspiración nacional dirigida desde oscuros despachos de la Moncloa que se probaba por actuaciones judiciales en pueblos como Mojácar (Almería), con diligencias que afectaban al PSOE por supuesta compra de votos. Ministros del PSOE llegaron a protagonizar portadas enteras, llenas de sospechas, a raíz de filtraciones de un sumario que permanecía secreto. Se ordenaron siete detenciones a falta de tres días para las elecciones. De nuevo, faltaban piezas del puzzle, pero los ciudadanos que iban a votar por su alcalde favorito en A Coruña o en Lleida conocían lo que ocurría en Mojácar. Estaba en todos los medios con categoría de escándalo nacional.
Después de las elecciones, dos días después se levantó el secreto de sumario y se conoció que había también un supuesto intento de favorecer al PP con compra de votos en Mojácar. El juez abrió una pieza separada y mandó a una persona a prisión.
El PP logró una importantísima victoria electoral y todo el mundo dio por hecho que alcanzaría numerosos gobiernos autonómicos gracias a pactos con Vox. Nadie cuestionó los resultados en un país que, salvo algunos casos puntuales, puede presumir de un sistema electoral transparente, rápido y seguro. ¿Nadie? Sólo Isabel Díaz Ayuso, que empezó a preparar la campaña de las generales acusando a Pedro Sánchez de convocar para el 23 de julio para que no hubiese apoderados que vigilasen el proceso recién convocado.
Antes de las elecciones del 28M, Carlos Mazón, candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, concedió una entrevista a El Confidencial que se tituló: “Mi línea roja es gobernar en solitario”. Fue una de las múltiples veces que aseguró que con Vox, no gobernaría. Lo mismo decía Alberto Núñez Feijóo, apelando a sus mayorías absolutas en Galicia y a una “mayoría suficiente” para gobiernos en solitario.
Después de las elecciones, a la primera oportunidad, Mazón celebró un pacto con Vox que le dará la vicepresidencia y tres consejerías de 10 y que fue negociado con el candidato de la ultraderecha, Carlos Flores, que no sólo no condena la violencia de género sino que fue condenado por practicarla. Con su marcha al Congreso como número uno, otro dirigente de Vox, el extorero Vicente Barrera, será vicepresident. Y conseller de Cultura, nada menos. La ultraderecha dirigirá los departamentos de Justicia e Interior o Agricultura.
Si el PP fuese moderado, hubiese negociado en la Comunitat Valenciana hasta el final y coma a coma con Vox en vez de repartirse los sillones a la primera de cambio
Antes de las elecciones del 28M, Feijóo volvió a hacer su propuesta: que gobierne la lista más votada. Todo ello a pesar de que el sistema político español (consagrado en la Constitución y las demás leyes cuyo espíritu aquí se ignora) es parlamentario, no mayoritario, o que el PP nunca ha practicado lo que propone. Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso fueron presidentes por primera vez perdiendo las elecciones con el peor resultado de la historia de su partido en Andalucía y Madrid.
Después de las elecciones, Feijóo bendice los pactos en todos los lugares donde pueda tocar poder siendo segunda fuerza. En Castilla-La Mancha, el PSOE ha ofrecido al PP practicar esa norma en seis de las siete localidades más pobladas, algo que le daría tres al PSOE allá donde ganó y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, y al PP las otras tres sin necesidad de pactos con Vox. El PP no ha aceptado.
Antes de las elecciones, el PP recriminó a la izquierda sus “pactos con el independentismo, con EH Bildu y con ERC”.
Después de las elecciones, el PP prefiere que Barcelona sea gobernada por el espacio de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que recuperó a Xavier Trias como candidato que celebró la noche electoral flanqueado por Laura Borràs y Jordi Turull, la primera desposeída de la presidencia del Parlament y referente del ala más dura entre el independentismo más rotundo; y el segundo, exconseller condenado por el procés, por el que cumplió condena en prisión hasta ser indultado. ERC también prefiere, como el PP, a Trias que al socialista Jaume Collboni. Cuestión de prioridades.
Antes de las elecciones, antes y ahora, la estrategia es deliberada. Incluye, con más o menos concierto (en realidad, es lo de menos y no creo en las conspiraciones), ramificaciones mediáticas, políticas y judiciales. Feijóo reivindica en campaña un discurso moderado con el que apela al centro, a los votantes de Ciudadanos e incluso a los socialistas descontentos con Pedro Sánchez, a los que llama verdaderos socialistas frente a un “sanchismo” (nunca teorizado de manera muy sofisticada) que traiciona a España. Mientras, Vox se ocupa de su parte del espectro. Con éxito. En las municipales, dobló su número de apoyos.
Después de las elecciones, al PP moderado al que pone voz Borja Sémper (partidario en el pasado de tratar a EH Bildu como a cualquier partido), no se remanga la camisa para un debate a fondo con Vox sobre programas y propuestas, frase a frase, coma a coma, en un combate intelectual del que sólo puede salir vencedor el sentido común y la moderación. Al contrario. Como refleja el pacto en la Comunitat Valenciana, pacta sillones a la primera de cambio, entre abrazos y brindis y protoacuerdos que incluyen frases como: "Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad". Al día siguiente conocimos que en la Comunitat Valenciana ya no existe la violencia machista, de género, aquella que desde hace siglos se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Ahora, para PP y Vox, es “violencia intrafamiliar”.
La batalla entre principios y poder es siempre compleja, porque la realidad suele matizar la loable aspiración de un reflejo absoluto de las ideas más puras. El ser humano, también la política, no están exentos de contradicciones. Tampoco el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. No es a lo que asistimos. Lo que estamos viviendo es la fría, rápida y concentrada traslación de una correlación de poder que desmiente todo lo dicho antes del 28M (aquí un análisis detallado de Fernando Varela), convirtiendo todo no en un cambio de parecer tras conocer los resultados sino en una estrategia de engaño destinada a lograrlos y gestionarlos sin pudor.
Antes de las elecciones generales, asistiremos a discursos como los ya descritos con mucha más virulencia, ya que lo que está en juego es el Gobierno de España. Después de las elecciones, quizás muchos se lamenten de no haber hecho algo en la hora de la verdad: aquella en la que se deposita el voto en una urna. Que por falta de información no sea.
