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Constantino II y la dictadura de los Coroneles

Cuando António de Oliveira Salazar y Francisco Franco llevaban ya décadas en el poder como únicos ejemplos de dictaduras derechistas anticomunistas en Europa, un golpe de Estado en Grecia, en abril de 1967, inauguró un brutal período de siete años de persecución política, encarcelamientos y terror. Sus jefes eran los coroneles Georgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos y el general de brigada Stilianos Pattakos.

A esa dictadura se la llamó la Junta o el Régimen de los Coroneles. Sus principales miembros fueron oficiales procedentes de familias de clase baja que habían conseguido ascender a través de las fuerzas armadas. Muchos de ellos habían servido o eran en ese momento colaboradores activos de los servicios de inteligencia y algunos habían recibido entrenamiento en Estados Unidos. Y lo que parece más importante para comprender los resultados violentos de su asalto al poder, la mayoría de los golpistas habían participado en acciones derechistas paraestatales.

Papadopoulos, cabeza visible de la insurrección, había sido el líder de la Unión de Jóvenes Oficiales, un grupo nacionalista, anticomunista y antidemocrático. Varios grupos dentro del ejército —incluido el general Giorgios Spandakis— estaban conspirando con el rey Constantino II para echar abajo el sistema parlamentario democrático. Los coroneles formaban parte de ese grupo y, temerosos de perder el puesto si era descubierta su conspiración, golpearon ellos primero.

Tras el final de la última fase de la guerra civil y el levantamiento de la ley marcial, en Grecia se celebraron elecciones en marzo de 1952, donde incluso los socialistas tuvieron oportunidad de participar. La Grecia de posguerra se basó en una fuerte Monarquía, una Iglesia nacional respetada, un arcaico sistema educativo y una negación sistemática del comunismo. Sin embargo, la existencia de un sistema parlamentario “restringido” o un régimen “cuasiparlamentario”, como lo denomina Nicos P. Mouzelis, permitió al Partido Comunista Griego, aunque bajo acoso policial, bajo el nombre de Izquierda Democrática Unida, participar en elecciones parlamentarias desde 1951 e incluso obtener algunos diputados.

Impedir la inminente toma del poder comunista fue la excusa con la que los coroneles justificaron su golpe de Estado, anticipándose también a unas elecciones generales que debían celebrarse el 28 de mayo

Podía ser una democracia incierta, insegura, pero las diferencias con Portugal y España eran importantes. La Constitución de enero de 1952 garantizó las libertades democráticas básicas, entre ellas el derecho al voto a las mujeres, y permitió la estabilidad política necesaria para la reconstrucción posbélica, con la conmutación de casi todas las sentencias de muerte, la reducción de penas o el perdón de muchos de los 20.000 prisioneros condenados por subversión. Aun así, la legislación represiva de emergencia aprobada en los años de la guerra civil se mantuvo y fue usada sin titubeo para hostigar a izquierdistas y comunistas. Dos meses después de aprobada la Constitución, Nikos Beloyannis, condenado por organizar un grupo de espías comunistas, fue ejecutado.

Impedir la inminente toma del poder comunista fue la excusa con la que los coroneles justificaron su golpe de Estado, anticipándose también a unas elecciones generales que debían celebrarse el 28 de mayo. En la primera hora de la mañana del 21 de abril de 1967, los tanques salieron por las calles de Atenas, algunos de ellos desde la plaza Sintagma apuntaron al parlamento y cerraron las principales arterias de la ciudad. Los golpistas decretaron la ley marcial y suspendieron las garantías constitucionales. En unas horas, todas las principales figuras políticas habían sido detenidas y las Fuerzas de Ataque Helenas, entrenadas por la CIA, tomaron los principales centros militares y de defensa.

Aunque el rey Constantino II, en el trono desde marzo de 1964, no firmó el decreto de ley marcial, emitido en su nombre, rechazó la insistente petición del jefe de Gobierno, Panagiotis Kanellopoulos, de resistir a los insurrectos. Por el contario, consintió la puesta en marcha de la dictadura y facilitó de esa forma la posición de los aliados democráticos occidentales de Grecia, que no retiraron a los embajadores con el argumento de que estaban acreditados ante el rey y no ante el gobierno.

Constantino intentó un contragolpe en diciembre de 1967, con algunos de los miembros de las fuerzas armadas leales a la corona, pero, mal organizado, fracasó y se fue con su familia a Roma y después a Londres. El 1 de junio de 1973, Papadopoulos, jefe de Gobierno y regente, lo destituyó, acusándolo de estar detrás de una conspiración abortada. Tras el final de la dictadura, el 69 por ciento de la población votó en un referéndum, el 8 de diciembre de 1974, contra la restauración de la monarquía. Fue el sexto referéndum en la historia de Grecia del siglo XX en el que se decidía sobre Monarquía o República.

El régimen de los Coroneles consolidó su poder desde el principio a través de la intimidación y el terror, activados fundamentalmente por la brutalidad de la policía militar (ESA) y de seguridad (Asphaleia). Las víctimas de la tortura fueron sobre todo estudiantes entre 18 y 25 años de edad y hubo numerosos casos de violencia y asaltos sexuales. Muchos izquierdistas fueron llevados al campo de prisión de la isla de Giaros para ser “reeducados” en el discurso de la continuidad nacional y cultural con el pasado heroico griego. Numerosos funcionarios y profesores de escuela y universidades fueron destituidos. Las reformas educativas de George Papandreu fueron desmanteladas y los libros de texto reescritos para reflejar la visión ideológica de la ultraderecha.

Los gobiernos de algunos países nórdicos europeos, ante las denuncias de tortura de los exiliados y las que procedían del interior de Grecia, elevaron quejas ante el Consejo de Europa, pero la dictadura recibió el apoyo de Estados Unidos, sobre todo desde la elección de Richard Nixon y de su vicepresidente Spiro Agnew, hijo de emigrantes griegos, que mantenía estrechos lazos de amistad con la poderosa comunidad de negocios greco-estadounidense. Grecia era también en esos años un lugar geoestratégico muy importante para Estados Unidos y la OTAN —organización en la que había sido admitida en 1951—, sobre todo tras la conquista del poder por parte de Muammar el Gadhafi en Libia en septiembre de 1969, el continuo conflicto árabe-israelí y la creciente presencia naval soviética en la región.

Pese a ese apoyo, la represión, la ausencia de una amplia base popular y la ineptitud de la Junta causaron su caída. En enero de 1973 los estudiantes universitarios comenzaron a desafiar a la autoridad de los Coroneles, organizaron manifestaciones masivas y, cuando ocuparon la Universidad Politécnica de Atenas, en noviembre, los militares aplastaron el movimiento con tanques y causaron al menos cuarenta víctimas mortales en la noche del 17. La protesta coincidió con la crisis económica internacional que sumergió a Grecia en una creciente agitación social y con un grave conflicto con Chipre, utilizado por la Junta como recurso nacionalista para atraer a la población.

Tras la masacre estudiantil, Papadopoulos fue derrocado por un golpe del sector más ultraderechista de su régimen. La Junta entró en bancarrota. Su sustituto, Dimitrios Ioannides, ex jefe de la policía secreta, se vio involucrado en el intento de asesinato de Makarios, Primado de la Iglesia Ortodoxa y presidente de Chipre. Cinco días después, el 20 de julio de 1974, Turquía invadió Chipre. Ioannides llamó a una movilización militar general, pero los jefes del ejército no respondieron. Ahí acabaron siete años de dictadura brutal e ineficaz.

Las publicaciones disidentes y de la oposición desde el exilio compararon al régimen de los Coroneles con el del general Ioannis Metaxas (1936-1941), para mostrar el cordón umbilical con el fascismo, o utilizaron la noción de “neofascismo” para subrayar el apoyo del imperialismo estadounidense, la actividad paraestatal y la conexión con las oligarquías económicas locales. Frente a ese argumento, se impuso desde el otro lado la visión de la Junta como un baluarte contra el comunismo y la expansión soviética. En ese momento crucial de la Guerra Fría, Occidente, Estados Unidos y la OTAN necesitaban a Grecia de forma especial para extender sus fuerzas en esa región caliente del Mediterráneo.

Lo cual nos conduce al tema fundamental de la persistencia de dictaduras originadas durante la era del fascismo y apoyadas por las democracias occidentales durante la Guerra Fría. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas vencedoras les importó muy poco que en los límites meridionales de la Europa libre, en dos países que poco contaban en la política exterior de aquellos años, se perpetuaran dictaduras represivas, criminales y torturadoras que incumplían las normas más elementales del llamado derecho internacional.

La revolución de abril de 1974 en Portugal, la caída, tres meses después de la dictadura de los Coroneles en Grecia y la proximidad de la muerte de Franco obligaron a cambiar la retórica y la estrategia internacional de los países democráticos que habían apoyado durante décadas las políticas autoritarias en el Sur de Europa. Portugal y España —y en menor medida Grecia— habían constituido una anomalía fundamental, muy útil en la lucha y alianza contra el comunismo, pero alejada de la supuesta superioridad política occidental. También los historiadores de esos países democráticos se olvidaron de la anomalía, porque durante mucho tiempo Portugal y España no fueron tenidas en cuenta en las explicaciones históricas de la posguerra en el continente.

La tiranía de los Coroneles, breve comparada con la de Franco, cayó a finales de julio de 1974, el 17 de noviembre hubo elecciones y el 8 de diciembre un referéndum sobre el futuro de la monarquía. En Portugal, donde el régimen dictatorial y colonial fue derribado el 25 de abril de 1974 por jóvenes e inexpertos oficiales, sin apenas un solo disparo, la Constitución se aprobó dos años después, poniendo fin a un período de aguda inestabilidad y conflictos sociales. En España, la construcción de una monarquía parlamentaria basada en una Constitución democrática tardó tres años, pero para consolidarse tuvo que superar, entre otros graves conflictos y tensiones, un golpe de Estado en febrero de 1981.

He repasado las crónicas de la muerte de Constantino II el pasado 10 de enero de 2023 y de su funeral, con la asistencia, entre más de 1.500 ilustres invitados, del rey Felipe VI, la reina Leticia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, hermana de Constantino.

La mayoría de esas crónicas podría perfectamente representar a la prensa rosa o a las secciones ecos de sociedad. Lo cual muestra una vez más lo difícil que resulta para la mayoría de los medios de comunicación recordar los pasados traumáticos e infames, especialmente si en ellos están implicados reyes o reinas.

Es así como se alimentan los mitos y se sigue ocultando ese pasado a las generaciones más jóvenes, quienes, sin embargo, podrán seguir con todo detalle en esas crónicas el árbol genealógico de las familias reales europeas, las gestas de Constantino como deportista y sus romances. Descanse en paz.

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Julián Casanova, historiador, Distinguished Professor en el Weiser Center for Europe and Eurasia de la University of Michigan.

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