Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.
Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.
Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa.
El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.
El espectáculo de la indignación selectiva
Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.
El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña.
El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.
Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.
El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo.
Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.
La confrontación como método y el precio del ruido
El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.
Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.
La disputa entre el presidente Clavijo y el PP contra el Gobierno a propósito del crucero MV Hondius merece un análisis más detenido, porque ilustra con precisión clínica el mecanismo de la manipulación política contemporánea. Mientras los ministros de Sanidad, de Administración Territorial y de Interior coordinaban en tiempo real una operación de evacuación que mereció elogios internacionales —una acción que, en cualquier democracia europea madura, habría generado consenso institucional y alivio colectivo—, el presidente canario y los portavoces del PP construían en paralelo un relato alternativo de negligencia, ausencia e irresponsabilidad gubernamental. No les importaba la realidad de los hechos. Les importaba el relato que pudieran instalar antes de que la realidad llegara a los ciudadanos.
Este es el núcleo de la estrategia: actuar más rápido que la verdad. En la era de la información instantánea, el bulo viaja a la velocidad de un tuit y la rectificación llega, cuando llega, tarde y amortiguada. Clavijo lo sabe. Feijóo lo sabe. Abascal lo sabe. El PP lo ha convertido en doctrina. Vox en insulto. La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima. Es una inversión permanente de la realidad que requiere una máquina mediática dispuesta a amplificarla y una ciudadanía suficientemente fatigada como para no contrastarla.
La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima
Lo que resulta verdaderamente alarmante, sin embargo, no es que esta estrategia exista —la manipulación política es tan antigua como la política misma— sino el contexto en que se despliega. Porque mientras en España el PP y Vox dedican sus energías a fabricar escándalos sobre ausencias ministeriales en entierros o a especular sobre ratas de crucero, el mundo vive una ruptura sin precedentes del orden internacional y de los marcos normativos que, durante décadas, sostuvieron la convivencia entre pueblos y naciones.
La banalización del discurso ante la gravedad del mundo
El contraste es tan brutal que exige ser nombrado sin eufemismos. En el momento en que Feijóo señalaba con dedo acusador la silla vacía del ministro en un funeral —silla que, repito, no estaba vacía en modo alguno—la Corte Penal Internacional se debate entre la eliminación o la supervivencia. Mientras Clavijo advertía de ratas nadando hacia las costas canarias, las potencias nucleares cuestionaban los tratados de no proliferación que durante medio siglo habían contenido el horror de una nueva guerra total. Mientras los senadores del PP convertían el hemiciclo en tribuna de escarnio, la Convención de Ginebra era invocada como anacronismo por gobiernos que se reclaman democráticos, y el derecho internacional humanitario era violado de forma sistemática y documentada ante los ojos del mundo entero por EEUU e Israel.
Esta simultaneidad no es accidental. La banalización del discurso político interior cumple una función precisa: ocupa todo el espacio disponible en el debate público, agota la capacidad de atención ciudadana y hace imposible que la sociedad procese la gravedad de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Un país que delibera durante semanas sobre si el ministro debía o no estar en un entierro, es un país que no puede estar discutiendo, con la profundidad que merece, el colapso del multilateralismo, el avance del autoritarismo en Europa y en América, o el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La política del ruido es, también, una política del silencio: el silencio sobre lo que realmente importa.
El cuestionamiento de los derechos humanos como fundamento del orden internacional no es un fenómeno abstracto ni lejano. Se manifiesta en las deportaciones masivas que la administración Trump ha convertido en espectáculo; en la normalización de la tortura y la detención arbitraria como instrumentos de política migratoria; en el desafío abierto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados que se presentan como garantes del orden democrático; en el bloqueo sistemático de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, precisamente por quienes más los necesitarían para legitimar sus acciones.
El edificio normativo que la humanidad construyó tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial —la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma— está siendo erosionado desde dentro por los mismos que proclaman defenderlo.
La derecha, entre la vaciedad y el descaro
Y en este contexto de emergencia civilizatoria, la derecha española se debate entre la vaciedad y el descaro. En este contexto, Ayuso viaja a México a reivindicar a Hernán Cortés. La desproporción entre la gravedad del momento histórico y la pequeñez del discurso dominante en la derecha española no es solo un problema estético o intelectual. Es un problema democrático de primer orden. Porque una oposición que renuncia a estar a la altura de los tiempos arrastra consigo al conjunto del debate público, empobrece la deliberación colectiva y deja a la ciudadanía sin los instrumentos conceptuales que necesita para comprender y afrontar lo que se le viene encima.
Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en monstruos excepcionales sino en la renuncia cotidiana al pensamiento. La banalización del discurso político que en España ostentan algunos, quizás demasiados, tiene algo de eso: no es maldad mayúscula, es pequeñez sistemática. Es la decisión diaria de preferir el titular al análisis, el escándalo a la verdad, el rédito inmediato a la responsabilidad histórica. Y esa pequeñez, multiplicada por miles de intervenciones, de ruedas de prensa, de tuits y de plenos parlamentarios, va sedimentando una cultura política que nos hace más vulnerables ante los grandes desafíos de nuestra época.
El capitán Jerónimo y el agente Germán merecían algo mejor que convertirse en munición electoral. Sus familias merecían el duelo sin escenografía, el dolor sin instrumentalización, el recuerdo sin partido. Y los ciudadanos españoles merecemos una oposición capaz de distinguir entre la legítima crítica al Gobierno —que es oxígeno de la democracia— y la fabricación deliberada de falsedades sobre un Ejecutivo que desprecia a sus fuerzas de seguridad, cuando la realidad muestra exactamente lo contrario.
Fraga dijo en 2008 que resucitar el pasado era un disparate. Tenía sus razones, interesadas pero coherentes, para decirlo. Sus herederos han superado con creces al maestro: han convertido el presente en despropósito, el dolor ajeno en combustible, la mentira en método y la banalidad en programa de gobierno. Y lo hacen mientras el mundo se desmorona a su alrededor, mientras las normas que nos protegen a todos son cuestionadas una a una, mientras la historia nos exige estar a la altura y ellos prefieren, una y otra vez, el nivel del barro.
El verdadero disparate no es regularizar a quien trabaja y contribuye. No es buscar a los desaparecidos. No es construir una sociedad más justa e igualitaria. No es defender el derecho internacional cuando otros lo violan. El verdadero disparate es seguir entregando el poder a quienes convierten la dignidad humana en material de desecho, quienes banalizan lo urgente para ocultar lo importante, quienes prefieren el escándalo fabricado a la responsabilidad real. Y el antídoto contra ese disparate tiene nombre: se llama voto consciente, comprometido y movilizado. La democracia no se defiende solo con palabras: se defiende ejerciéndola. Y también, cada día, eligiendo pensar.
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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).
Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.