Quienes desconozcan la historia del Líbano en estas últimas décadas podrían interpretar la noticia de que se acaba de firmar un acuerdo entre Israel y el país de los cedros, con la mediación de Washington, como la expresión de una voluntad compartida por asentar la paz entre ambos países. Así se recoge, de hecho, en el texto firmado el pasado 25 de junio, con ambas partes comprometiéndose a actuar de buena fe hasta alcanzar “una paz plena y duradera, que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”. El documento también contempla la constitución de grupos de trabajo para negociar un tratado integral de paz y seguridad, y el compromiso de Estados Unidos para movilizar apoyo internacional para la reconstrucción del Líbano, incluida ayuda humanitaria, proyectos de recuperación económica e inversiones.
Pero difícilmente pueden compartir esa opinión quienes hayan seguido las vicisitudes de las convulsas relaciones entre esos dos vecinos. En primer lugar, porque ya habrán vivido innumerables veces esta misma situación, incapaces ya de recordar cuántos acuerdos de alto el fuego y cuántos acuerdos de paz han quedado arruinados por el camino. Desgraciadamente, una vez tras otra, ha quedado claro que Israel no respeta la soberanía libanesa, que la milicia chií de Hizbulah no se va a desarmar unilateralmente y que los sucesivos gobiernos de Beirut son incapaces de imponer el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su propio territorio y, menos aún, de expulsar a las fuerzas invasoras.
Por eso, una lectura mínimamente detallada del reciente acuerdo y una comprensión básica del contexto actual a ambos lados de la Línea Azul (asumida como la frontera que comparten Líbano e Israel) vuelve a desembocar en un generalizado escepticismo sobre el futuro inmediato.
Hizbulah conserva la suficiente capacidad militar y política, además del apoyo innegable de buena parte de la población de identidad chií, para seguir resistiendo las embestidas israelíes
Por un lado, un actor político tan relevante como Nabih Berri —tercera autoridad del Estado en su condición de presidente del parlamento nacional y figura prominente del Movimiento Amal, asociado al Partido de Dios (Hizbulah)— ya ha dejado claro que el pacto no se va a cumplir. Berri no solo entiende que Hizbulah no se va a desarmar mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) sigan ocupando parte del territorio nacional, sino que ve el acuerdo como una incitación premeditada a la guerra civil, en la medida en que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) quieran imponer ese desarme de la milicia por la fuerza. Por serio que haya sido el castigo recibido en estos últimos dos años por parte de las FDI, Hizbulah conserva la suficiente capacidad militar y política, además del apoyo innegable de buena parte de la población de identidad chií, para seguir resistiendo las embestidas israelíes y los intentos de otros actores políticos libaneses por eliminarla. El texto (parcialmente filtrado, pero no publicado) del anexo sobre asuntos de seguridad, da a entender que serán las FAL las encargadas de llevar a cabo esa tarea si, como es previsible, Hizbulah no renuncia a las armas. Un Hizbulah que, obviamente, no ha tenido voz en la negociación del acuerdo y que, en la práctica, es más potente y operativo que las propias FAL.
Tampoco resulta tranquilizador el resto del acuerdo. En ningún caso se contempla la retirada de las FDI, sino tan solo un redespliegue dentro del territorio libanés, con el añadido de que Tel Aviv es quien (junto a Washington) tendrá la última palabra para juzgar si Beirut cumple satisfactoriamente sus compromisos. Más allá de que, como acostumbra, el gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha ordenado ataques posteriores a la firma del pacto, la primera prueba sobre lo que cabe esperar es la aplicación de las dos “zonas piloto” en las que las FDI se deben redesplegar para dejar que sean las FAL las que pasen a tomar el control, una vez que se confirme que han logrado eliminar (¿pacíficamente?) la presencia en ellas de los milicianos de Hizbulah y sus infraestructuras. Igualmente, el momento en el que los cientos de miles de libaneses que se han visto obligados por los ataques de las FDI a abandonar sus hogares queda en manos de Israel, sin que ni el presidente Joseph Aoun ni el gobierno liderado por Nawaf Salam tengan potestad para decidirlo.
En definitiva, las FDI no se retiran, sino que, a su antojo, tan solo efectuarán un redespliegue dentro del territorio libanés, sin estar sometidas a ningún calendario. En definitiva, queda al arbitrio de Benjamin Netanyahu –empeñado en redibujar el mapa regional, ganar las elecciones y escapar de la justicia– y al de Donald Trump –dispuesto a seguir respaldando a Netanyahu, a cambio de que se modere temporalmente para no arruinar el acuerdo logrado con Irán– determinar si las FAL y el gobierno libanés llevan a cabo sus tareas de manera satisfactoria. Eso les permite reventar el acuerdo cada vez que lo consideren oportuno.
Tampoco es un asunto menor que el punto 13 del acuerdo establezca que, en términos reales, Líbano renuncia a su derecho a acudir a los tribunales internacionales para exigir el castigo a los responsables (es decir, a Israel) de las atrocidades cometidas durante la reciente invasión de las FDI. Son más de 4.000 las personas asesinadas, en torno a un millón las desplazadas forzosamente y miles las viviendas e infraestructuras básicas destruidas en el marco de una nueva violación del derecho internacional, que, de ese modo, quedaría impune.
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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Quienes desconozcan la historia del Líbano en estas últimas décadas podrían interpretar la noticia de que se acaba de firmar un acuerdo entre Israel y el país de los cedros, con la mediación de Washington, como la expresión de una voluntad compartida por asentar la paz entre ambos países. Así se recoge, de hecho, en el texto firmado el pasado 25 de junio, con ambas partes comprometiéndose a actuar de buena fe hasta alcanzar “una paz plena y duradera, que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”. El documento también contempla la constitución de grupos de trabajo para negociar un tratado integral de paz y seguridad, y el compromiso de Estados Unidos para movilizar apoyo internacional para la reconstrucción del Líbano, incluida ayuda humanitaria, proyectos de recuperación económica e inversiones.