¿Qué hacemos con los abogados?
“Lo primero que haremos, matar a todos los abogados”. No hay datos precisos que apunten a que la revuelta de Jack Cade en Inglaterra, contemporánea a la Revolta Irmandiña en Galicia, barajara semejante idea. Pero al dramatizar aquellos hechos en la segunda parte de su Enrique IV, Shakespeare pone en boca de los rebeldes tal alocada propuesta. Las carcajadas que el comentario provocaría en la platea de hace 400 años nos informan a las claras de que hay chanzas que no cambian en siglos.
Habrá que asumirlo: los abogados tienen, tenemos mala fama. Y será normal que así sea; a diferencia de tenderos, odontólogos, conductores de autobuses, ingenieros o profesores de instituto, los abogados suelen tener una clientela escogida entre lo más granado de cada sociedad: ladrones, truhanes, corruptos, ¡políticos! No solo andamos en malas compañías sino que, en el colmo del desconcierto, nos empeñamos en hablar a su favor, en pedir clemencia para ellos; insistimos en defender a personas que deberían ser lanzadas al foso de los tiburones sin permitirles siquiera abrir la boca. Estamos rodeados de chusma.
Lo que no está tan claro, también es cierto, es saber en qué medida una sociedad sin abogados iba a mejorar la vida de los partidarios de Jack Cade en la Inglaterra medieval. Sin dar audiencia a los afectados, la aplicación de la justicia sería una apisonadora sorda y ciega, que podría hacer gracia a algún despistado hasta que tuviera problemas con el vecino.
Hace unos meses, una amiga y compañera que odiaría que dijese su nombre fue nombrada madrina de una promoción de abogados en un colegio de provincias. Sorprendió con un maravilloso discurso del que me guardo retazos brillantes y conclusiones urdidas con afinadas reflexiones. Una de ellas hablaba, precisamente, de la Justicia con mayúsculas, esa que en nuestro discurso diario ya hemos equiparado a los jueces: “la Justicia ha condenado...”, “están en manos de la Justicia”. Decimos tales cosas sin darnos cuenta de que la Justicia no son los magistrados, sino un complejo instrumento del Estado para aplicar las leyes, al cual pertenecen por igual jueces, fiscales y abogados. También los abogados; todos ellos son Justicia; todos ellos son servicio público.
Sin embargo, este discurso nunca ha terminado de cuajar: los abogados seguimos siendo elementos peligrosos. La vieja consigna ‘pas d`avocats’ que se leía en las paredes de la Francia revolucionaria va en la misma línea, quizás con un desarrollo más atemperado: la justicia del pueblo no se podía ver entorpecida por las maniobras de unos letrados que, buscándole las cosquillas al interlineado de la ley, pretendían salvar a sus defendidos del destino marcado por la voluntad popular y soberana.
Claro que hay abogados que son delincuentes, o que se convierten en cómplices de sus defendidos; no nos sacaremos de encima ese baldón. Nos reprochan que nos dejemos la piel en favor de nuestros clientes, perdiendo el sueño por las penas que sufren, quemándonos en el fuego de su desesperanza, intimando con ellos. ¡Podemos visitar a los presos cuantas veces queramos, derecho que no tiene su familia!
Comprendo que es difícil entender esta labor tan ingrata y complicada de dar voz a quien no la tiene, de permitir que la persona encausada pueda explicar su versión, proteger su inocencia, alegar su descargo; en definitiva, pueda defenderse. Porque toda persona indefensa tiene razón, como nos recordaba Miguel Torga. No será una tontería recordar que, para el American Film Institute, el mayor héroe de toda la historia de la filmografía americana —que se dice pronto—, no es Indiana Jones ni James Bond, sino un abogado de Alabama que defendía a un chico negro acusado de violación: Atticus Finch.
Por eso, cuando pienso en la figura del abogado, así en abstracto, es inevitable que una fotografía me venga recurrentemente a la cabeza. A comienzos de 2014, saliendo de los juzgados de Plaza de Castilla, Miguel Blesa es acosado violentamente por unos manifestantes. A su izquierda, su abogado, Carlos Aguilar, le agarra de la muñeca y, con su brazo izquierdo por delante y gesto serio, avanza protegiendo y defendiendo de los elementos a un cliente despavorido. Incluso creo recordar que el abogado llevaba en el brazo extendido un rollo, a modo de tribuno romano contra la plebe. Ese es el concepto. Olviden el caso concreto y quédense con la imagen: ese brazo es la abogacía en estado puro.
La profesión ha sufrido un inmenso deterioro en las últimas décadas. La reciente polémica sobre la pasarela al RETA encubre una realidad compleja y triste. No se piensen que los abogados ignoraban que aportando una miseria a su mutua recibirían una miseria de pensión; lo sabían de sobra. Lo que sucede es que la profesión se ha visto afectada por una proletarización tan acusada y una competencia tan cruel y demoledora, que muchos han llegado a su vejez sin los ahorros que habían previsto, para completar una pensión que sabían insuficiente. Ahí hay un drama de inmenso calado.
Lo que sucede es que la profesión se ha visto afectada por una proletarización tan acusada y una competencia tan cruel y demoledora, que muchos han llegado a su vejez sin los ahorros que habían previsto, para completar una pensión que sabían insuficiente
El debilitamiento y la desmovilización de la profesión han coincidido con un marcado deterioro del Estado como protector de los derechos fundamentales y del proceso penal como instrumento de garantías, en favor de un Poder público que concibe su relación con los ciudadanos desde una óptica de seguridad y vigilancia. En el equilibrio secular que han tenido los policías y los abogados, compañeros de tantas noches en calabozos y comisarías, la balanza se está decantando groseramente a favor de los primeros, y no está claro que ello vaya a redundar en una mayor libertad pública.
Este desajuste lo advierto en varios hechos. Uno de ellos provendría del despliegue de la normativa contra el blanqueo de capitales que, por hacerlo breve, convierte a los abogados en policías de sus propios clientes. Se está imponiendo poco a poco una interpretación extensiva de los deberes de los letrados, de tal forma que si alguien nos pide ayuda para crear una sociedad o incluso para redactar un simple contrato de compraventa, parece que debemos interrogar a los clientes sobre el origen de su dinero. Les aseguro que hay instrumentos alternativos bastante más eficaces para luchar contra el blanqueo.
El segundo desajuste es todavía más grave y va en la línea de lo señalado: desde hace algún tiempo contemplo con desconcierto cómo la policía pide a los jueces, cada vez con más frecuencia, que acuerde la entrada y registro en los despachos de abogados que defienden a presuntos delincuentes, para sentarlos a todos en el mismo banquillo. Abrir los cajones de los abogados puede ayudar a descubrir los delitos de sus clientes, pero semejante fórmula cercena y deja reducido a polvo el mismo derecho a la defensa; una fórmula no tan eficaz como se podría pensar, por cierto, porque los clientes rara vez nos dicen la verdad y nos confiesan sus desmanes, pero que condena al abogado antes que al cliente: cuando un abogado abre la puerta a la policía, es difícil que algún otro cliente venga después a pisar un templo ya profanado. Es un tema delicado y de perfiles resbaladizos. El derecho a la defensa exigiría que los abogados pudieran ejercer su trabajo con libertad de criterio, con reserva y eficacia, sin miedo a que la policía revise y cuestione su labor. Me hubiera gustado que los colegios de abogados mostrasen una disposición algo más reivindicativa en estos temas, pero me temo que sus sueños empresariales los mantienen inútiles y satisfechos, callados e inermes ante los poderosos.
En su exposición ante los nuevos abogados, mi amiga hilvanó algunas ideas fascinantes relativas, como digo, a la Justicia con mayúsculas. Entre ellas, aun no expresada con estas palabras, se me vino una conclusión especialmente poderosa en este contexto y que convendrá recordar: todos los países del mundo, incluyendo todas las dictaduras conocidas, tienen jueces que hacen su trabajo; pero solo las democracias tienen abogados que hacen el suyo. No lo olvidemos.
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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal
