La independencia entendida como irresponsabilidad

Una noche, cenando con unos viejos compañeros de facultad, nos pusimos a redactar entre risas y copas una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Si eres juez y la Audiencia te revoca cinco decisiones en un asunto, multa; si te revoca diez, fuera del procedimiento; si te revoca 15, fuera de la profesión; y si te revoca 20, a la cárcel. Recuerdo aquella sobremesa entre carcajadas y frivolidades, pero jugando con cierta seriedad en el fundamento. Porque ser juez era en aquellos años algo serio, algo que comprometía de responsabilidad un cargo ejercido como función, la jurisdiccional. Y tendría que ser así porque, como he dicho otras veces, la independencia judicial cuenta necesariamente con la contrapartida de la responsabilidad, pero no como un elemento de discurso deseable, sino como una realidad imprescindible: un juez independiente que no responde ante nadie es un tirano. Lo dijo Eugenio Montero Ríos hace 150 años, nada menos, así que échenle cuentas: cuando un discurso tan antiguo resulta actual, malo; cuando resulta atrevido, peor. Pero no necesitaríamos ir tan atrás en el ámbito orgánico de nuestra estructura judicial: cualquier padre de adolescente sabe que los hijos, si quieren ser independientes, tienen que ser responsables; si no lo son, convierten la casa en un infierno de tiranía.

La decisión de quitarle el pasaporte a Begoña Gómez me parece honestamente un despropósito. He querido buscarle otra definición, una interpretación alternativa, algún enfoque que lo hiciera comprensible. No la he encontrado, sin duda por mis propias limitaciones; no puedo descender tanto en el abismo de lo irrazonable para rebuscar en el lodo del absurdo los motivos que justificarían según qué decisiones.

Lo mismo me sucedió el otro día con la propuesta de Luzón, a través de fiscales mandatarios, de quitarle el pasaporte a Zapatero. Quiero creer que los fiscales que plantearon a Calama semejante idea sabían de sobra que no hay ningún dato, ningún indicio, ninguna sospecha de que Zapatero vaya a escaparse de España hacia alguna selva ignota. De verdad, seamos serios. La petición de que le quitaran el pasaporte no se formulaba como medida cautelar, porque no había cautela que cubrir, sino como una suerte de castigo anticipado. Pero esta finalidad de represalia adelantada, con el objetivo mal disimulado de desmerecer al encausado en la opinión pública, no está contemplada en nuestra legislación. La Fiscalía Anticorrupción debería saber mantener la ecuanimidad y serenidad de juicio suficiente como para no pedir lo improcedente (y, al mismo tiempo, pedir lo procedente en otros casos, como en relación a ese modelo de nueva ciudadanía que es Víctor Aldama).

Pero si la postura de la Fiscalía en el caso de Zapatero parecía incomprensible, la decisión de Peinado de imponer cautelares a la mujer del presidente ya resulta un triste disparate, por más que fuera esperable: en esta deriva social en la que estamos, nos abotarga la convicción de que cada día nos encontraremos algo peor que la víspera.

La Fiscalía Anticorrupción debería saber mantener la ecuanimidad y serenidad de juicio suficiente como para no pedir lo improcedente

En mayo de 2024, Peinado sostuvo que quitarle el pasaporte a Begoña Gómez le parecía una iniciativa “totalmente infundada e incluso descabellada”. Dos años después, sigue siendo igualmente infundada y descabellada; la diferencia ahora es que el juez ha optado por dejarse llevar por lo infundado y descabellado.

La pregunta, formulada en serio, sería: ¿cree Peinado que la mujer del presidente va a huir de España? No sé qué respuesta me resulta menos inquietante pero, más allá de las posibles contestaciones, hacerme la pregunta no califica ni apunta al juez, sino que me interpela a mí mismo: ¿hay alguien que nos está tomando por bobos? La hipótesis de huida es una locura, y la insinuación gratuita de que sus escoltas podrían ayudarla a escapar al extranjero es una inferencia que me resisto a calificar sin recurrir a términos médicos. Una pena. En este ambiente tan polarizado de política e irracionalidad que sufrimos, cualquier decisión, por más indocumentada que parezca, siempre encontrará alguien que la defienda.

Lo más estrambótico y alocado de este escenario es que, muy probablemente, los viajes al extranjero que pudiera realizar Begoña Gómez serían en favor y beneficio de nuestro país; viajes para los cuales Begoña tendría que abandonar sus trabajos, dejar sus clases y ocupaciones habituales y acompañar en visitas, convenciones, paseos y protocolos a su marido. Toda esta labor, y aquí ya estamos bordeando lo insensato, Begoña tendría que asumirla sin cobrar ni un solo euro. Gratis total. Tendría que acompañar, qué se yo, a la mujer de un embajador de Zimbabue o pasear con la esposa del presidente de China en tardes de burocracias y compromisos, no solo sin ganar nada, sino perdiendo tiempo para gestionar sus cosas y sus ocupaciones propias. Pero he aquí que si el Estado pone una asesora a su disposición para que le ayude en sus labores diarias, para que gestione su agenda, para que mande en su nombre los correos que ella no tiene tiempo para enviar en su trabajo particular, entonces los magistrados le dirán que está perjudicando al Estado, malversando caudales públicos, porque habrá de asumirse que su labor como esposa es gratuita y servil. La esclava del señor. No hay ley ni norma que diga que la mujer del presidente no puede tener ayuda pública para sus negocios privados; ni la hay ni sería justo que la hubiera, porque sin esta ayuda se vería en la obligación de dejar su trabajo propio en beneficio de su esposo. Así que le juzgarán por vulnerar una ley que no existe. Todas las esposas de presidentes tuvieron asesores, secretarios y asistentes que le ayudaban en sus ocupaciones y le llevaban las bolsas de la compra; ¡Aznar incluso regaló a la suya la alcaldía de Madrid, que no había candidato mejor! Pero eso no es delito. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez, que trabaja gratis para el Estado, no puede tener ni siquiera una asesora que mande correos en su nombre.

Es imposible que a Peinado se le haya pasado por la cabeza que la mujer del presidente vaya a irse de España. Verdaderamente imposible. Y lo digo a su favor, porque si realmente se le pasara por la cabeza, sería más preocupante

Me cuesta asumir más tonterías de las imprescindibles. Es imposible que a Peinado se le haya pasado por la cabeza que la mujer del presidente vaya a irse de España. Verdaderamente imposible. Y lo digo a su favor, porque si realmente se le pasara por la cabeza, sería más preocupante. Me parece más plausible que este juez de caballería y librea haya adoptado esta decisión rocambolesca con la idea de ir consolidando un escenario que reste capacidad de maniobra a la Audiencia Provincial, que todavía tiene pendiente de resolver los recursos contra la incoación de este procedimiento del Tribunal de Jurado que el juez ha dado ya por concluido. Peinado se apresura a tomar decisiones con urgencia una sobre otra, como esos albañiles malos que, conscientes de que han construido unos cimientos deplorables, se apresuran a colocar líneas y líneas de ladrillos sobre ellos, en la esperanza de que a sus jefes, al ver tan avanzada la obra, les dé pereza rectificar a su obrero incompetente. Y un juez con pereza es un juez poco valiente.

En fin, en dos años de instrucción consta que la Audiencia Provincial ha rectificado en torno a 20 decisiones de Peinado en este asunto; tal vez más. Tiene suerte de que la ley que unos amigos perfilamos entre bromas no haya pasado de proyecto imaginario. Este Poder Judicial de togas manifestantes y levantiscas hace tiempo que tomó la decisión de dejar sueltas las riendas de sus elementos más pendencieros y reaccionarios, a quienes nunca pedirá cuentas de sus desmanes, dejándolos tan independientes como irresponsables.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.