El Gobierno central es más malo que la ETA

El gobierno de Mariano Rajoy está ayudando menos que ETA a consolidar en el País Vasco una paz definitiva. Las movilizaciones y la actitud poco generosa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo están entorpeciendo el Proceso de Paz y Convivencia en Euskadi. La persecución a las organizaciones de apoyo a los familiares de los presos como Herrira son otro obstáculo que el gobierno central ha puesto en la reconciliación nacional vasca a través de su aparato policial. Lo mínimo que debería hacer el gobierno es acercar a los presos de ETA a su lugar de residencia de la forma más urgente posible, sin esperar al desarme total de la organización terrorista vasca.

Todo el párrafo anterior no refleja ni mi juicio ni mis preferencias. Es la opinión de la mayoría de la ciudadanía vasca según muestra el Deustobarómetro Social en el bloque dedicado a indagar en la valoración ciudadana de la situación política en Euskadi y del comportamiento de los principales actores implicados en el Proceso de Paz. La percepción de que al Gobierno central le importa un pimiento que Euskadi recupere la normalidad democrática de forma definitiva es compartida también por los propios votantes del Partido Popular en el País Vasco. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene el triste privilegio de haber alcanzado un difícil consenso que abarca a todos los sectores de la sociedad vasca, mayores y jóvenes, de izquierdas y de derechas, guipuzcoanos y alaveses, nacionalistas vascos y nacionalistas españoles. 

Todos coinciden en que no está haciendo nada para establecer un nuevo marco de convivencia en el País Vasco. Esta insensibilidad extrema puede hacer pensar, y con razón, a muchos vascos que el Gobierno central se sentía más cómodo luchando contra un enemigo que dialogando para que la convivencia pacífica sea irreversible de una vez por todas en Euskadi.

Cualquier gobierno democrático se sonrojaría e intentaría cambiar de estrategia si una organización terrorista que acumula más de 800 asesinatos en sus 40 años de existencia tuviera mejor imagen entre la opinión pública por su contribución a la paz. Y eso que la encuesta se realizó antes que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) (no olvidemos que se trata del sector más duro de ETA) anunciara la aceptación de la legalidad del Estado de Derecho español y pidiera perdón por el daño causado, asumiendo las recomendaciones del Foro Social impulsado por Lokarri para solucionar el conflicto político vasco. ¿Cabe esperar algún giro en los próximos días a la luz de los nuevos datos sobre las preferencias de la mayoría de los vascos y del último movimiento de ETA para desbloquear el proceso de paz? Si nos atenemos a la hoja de servicios que acumula el gobierno de Mariano Rajoy desde su llegada a la Moncloa, la respuesta es “no”. Lo esperable es que mantenga la monotonía del “rendíos, rendíos y rendíos”. La duda es que se mantenga el verbo sin adjetivos o que se añada algún calificativo insultante. Y todo, seguramente, junto con el nuevo mantra: “Mantendré mis políticas cuesten lo que cuesten”. Si hasta ahora al Gobierno español no le ha importado la salud de los ciudadanos, la educación pública, los derechos de las mujeres, la convivencia en Cataluña o la integridad física de los inmigrantes que sueñan con una vida mejor en España, ¿por qué esperar que Euskadi sea el espacio de aprendizaje que utilice el gobierno del Partido Popular para corregir sus propios errores intentando solucionar problemas existentes en vez de crear nuevos conflictos sociales o políticos como acostumbra?

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Toda la incapacidad para el diálogo y la resolución de conflictos que exhibe el gobierno central contrasta con el empeño decidido del Gobierno vasco del lehendakari Íñigo Urkullu por establecer un marco de convivencia en el que todas las fuerzas políticas puedan conseguir sus fines respetando las reglas democráticas. La ciudadanía vasca valora positivamente de forma mayoritaria su gestión y considera que es el actor político que más está contribuyendo a la conquista de la paz. A pesar de que el 80% de los vascos prácticamente desconoce el Plan de Paz y Convivencia aprobado el pasado mes de noviembre por el gobierno vasco, sus objetivos son compartidos por la mayoría de la población. Los principales partidos de Euskadi no hacen suyo todavía el Plan de Paz y Convivencia, pero en cambio sus votantes, incluidos los del PSE, EHBildu y del Partido Popular apoyan mayoritariamente cuatro de sus objetivos principales: el establecimiento de una memoria histórica crítica que pueda ser compartida por todos, la investigación sin límites de todas las denuncias por tortura, la ampliación del reconocimiento como víctimas a todas las personas que sufrieron la violencia estatal y parapolicial y la potenciación del proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo. Otro de los objetivos, la promoción de acuerdos para facilitar el proceso de reinserción de las personas presas, cuenta con el respaldo de los votantes de todos los partidos, menos los del Partido Popular y UPyD.

Si el Gobierno central está siendo especialmente rácano y autista en su gestión del Proceso de Paz, el PSOE, a través de su brazo territorial, el PSE, tampoco está remando en la dirección que pide la mayoría de la sociedad vasca, incluidos sus propios votantes. Sus principales figuras mediáticas, Patxi López y Eduardo Madina, que podían contribuir en el resto del Estado español a la creación de un clima de opinión favorable a la salida dialogada al conflicto que reclama la sociedad vasca, han priorizado el juego de las primarias internas, dejando de lado, de perfil y en segundo plano el discurso crítico contra la política inmovilista e irresponsable del Gobierno central hacia el País Vasco. La mayoría de los votantes del PSE piensa que el Gobierno del PNV está contribuyendo más que el Partido Socialista de Euskadi a la consolidación de la paz en el País Vasco, por injusto que pueda parecer debido al diferente grado de sufrimiento que experimentaron uno y otro partido durante los años que ETA hacía política asesinando a los que no compartían sus ideas.

¿Qué pasará si ETA sigue dando los pasos que reclama la sociedad vasca y el Gobierno central sigue jugando a que no existe ningún conflicto político en Euskadi? Los vascos hoy en día apuestan por un diálogo entre ETA y el Gobierno central, solo disienten en los temas que se pueden abordar en las deseadas conversaciones. Por ahora, la reclamación del derecho a la autodeterminación es minoritaria dentro del grupo de ciudadanos que pide un final dialogado al conflicto. Pero si miramos lo que ha acontecido en Cataluña, esta posición se puede hacer dominante si el Gobierno central se niega a establecer ningún tipo de diálogo o acceder a algunas de las peticiones razonables, por ejemplo el acercamiento de los presos, que reclaman no solo ETA y su entorno político, sino la mayoría de los ciudadanos vascos, incluido su Gobierno legítimo. Habrá que estar atentos a las movilizaciones habituales de la izquierda abertzale en el País Vasco y empezar a contar sus participantes. Porque la animadversión generalizada de los vascos hacia la incomprensible, a sus ojos, postura del Gobierno central en el Proceso de Paz, puede empezar a llenar estas manifestaciones de ciudadanos ajenos a la esfera abertzale pero que comparten su indignación con la política de Mariano Rajoy contra la pacificación de Euskadi.