El anuncio oficial de que el papa intervendrá el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados obliga a plantear una pregunta: ¿es el Estado español realmente aconfesional?
La decisión se ha presentado como un gesto diplomático y una visita de Estado amparada en la condición del pontífice como jefe del Estado Vaticano. Pero reducir este hecho a una cuestión protocolaria exige ignorar lo evidente: el papa no es un jefe de Estado como otro cualquiera.
Su condición de jefe de Estado deriva precisamente de ser la máxima autoridad de la Iglesia católica. Ambas dimensiones, la religiosa y la política, son indisociables.
Presentar su intervención en el Congreso como una mera comparecencia institucional es una ficción jurídica útil para suavizar la controversia, pero insuficiente para ocultar la enorme carga simbólica del acto.
El papa no es un jefe de Estado como otro cualquiera
No se trata de discutir la legitimidad de las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, ni de cuestionar que el papa visite el país o sea recibido oficialmente por las autoridades. El problema es otro: el escenario elegido y el significado político que proyecta.
El Congreso de los Diputados no es una sala de protocolo. Es la sede de la soberanía popular y el principal símbolo de la representación democrática. Pertenece por igual a creyentes, ateos, agnósticos e indiferentes. Convertirlo en escenario de una intervención solemne del pontífice implica conceder a una autoridad religiosa concreta una centralidad institucional extraordinaria.
Ese es el núcleo de la cuestión. Los defensores del acto invocan el derecho internacional y recuerdan que el Vaticano es un Estado “soberano”. Es cierto. Pero el debate nunca ha sido si el Vaticano existe jurídicamente, sino si su singular naturaleza permite equiparar sin matices esta visita a la de cualquier otro jefe de Estado.
El Vaticano es una monarquía absoluta electiva en la que el pontífice concentra poderes legislativo, ejecutivo y judicial. No existe una democracia representativa homologable a la de los Estados europeos, ni una separación de poderes comparable, ni estándares internos plenamente alineados con principios contemporáneos de igualdad. La exclusión de las mujeres de las posiciones de autoridad doctrinal y sacramental sigue siendo una discriminación de género.
Además, conviene recordar un dato histórico poco mencionado: el Estado vaticano moderno nace de los Pactos de Letrán de 1929, firmados entre la Santa Sede y el régimen fascista de Benito Mussolini. Recordarlo no pretende negar su reconocimiento internacional actual, sino subrayar que estamos ante una entidad política excepcional, no ante un Estado convencional cuya naturaleza pueda separarse limpiamente de su dimensión confesional.
La apelación a la política exterior tampoco resulta especialmente convincente. ¿Desde cuándo mantener relaciones diplomáticas obliga a ofrecer una tribuna solemne en el corazón del poder legislativo a una autoridad religiosa?
El Vaticano es una monarquía absoluta electiva en la que el pontífice concentra poderes legislativo, ejecutivo y judicial
La diplomacia no exige neutralizar principios constitucionales ni convertir excepciones simbólicas en rutina institucional.
Lo verdaderamente revelador es que este tipo de deferencia apenas genera sorpresa cuando el interlocutor es el pontífice. Ahí aflora una anomalía española persistente: la dificultad histórica para tratar al catolicismo como una confesión más dentro de una democracia plural.
España sigue arrastrando una relación de excepcionalidad con la Iglesia católica que se expresa en financiación pública, exenciones fiscales, presencia educativa y enormes privilegios. La intervención del papa en el Congreso no inaugura esa anomalía; simplemente la exhibe de forma especialmente visible.
La aconfesionalidad del Estado no consiste únicamente en proclamar que ninguna religión tiene carácter estatal. También exige neutralidad efectiva en el plano institucional y simbólico. Y los símbolos importan: revelan jerarquías, consolidan inercias y muestran qué privilegios históricos siguen intactos bajo apariencia de normalidad.
No está en cuestión la libertad religiosa ni el respeto a los ciudadanos que confiesan religión católica. Lo que está en cuestión es si una democracia madura y plural debe reservar a una confesión concreta una solemnidad institucional excepcional en la sede de la soberanía nacional.
El Congreso no es un púlpito para sermones, precisamente porque representa a toda la ciudadanía, debería preservar con especial celo la neutralidad que da sentido a su función. Abrir el hemiciclo al pontífice como orador solemne no refuerza esa pluralidad ni la convivencia institucional: transmite la persistencia de una deferencia difícilmente compatible con una aconfesionalidad de verdad.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
El anuncio oficial de que el papa intervendrá el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados obliga a plantear una pregunta: ¿es el Estado español realmente aconfesional?
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