Las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán tienen, en lo fundamental, un carácter coyuntural, que da una respuesta inicial a un precio del barril de petroleo de 100 dólares y a un precio del gas de 60 euros megavatio hora. Son medidas para tres meses que sirven para intentar controlar los precios energéticos, con la intención de que no se trasladen al resto de la economía, evitando una nueva crisis de inflación.
La guerra provoca destrucción, dolor y muerte. Este es su coste más inadmisible. Pero también nos empobrece. En España importamos 400 millones de barriles de petróleo anuales. De mantenerse todo el año los precios actuales, la factura energética de España se incrementaría en 20.000 millones de dólares.
Pero el escenario de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu contra Irán cambia cada día, incluso varias veces en un solo día. En un contexto de enorme incertidumbre existe la amenaza de que una guerra prolongada dispare los precios del petróleo hasta 150 dólares por barril y el gas por encima de los 100 euros por megavatio/hora. El impacto en la economía sería demoledor: el coste de la guerra para España se elevaría a 50.000 millones de euros anuales, solo en la factura energética.
Este es un escenario posible que nos obliga a prepararnos como país para enfrentarnos a una situación que sería muy compleja para el conjunto de la economía mundial, con medidas estructurales que protejan el empleo, la economía, y el bienestar de la ciudadanía.
En primer lugar, intervenir en el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas utilizado en la generación de electricidad. Con el gas cotizando en el entorno de los 60€ estamos ya en un umbral de precios que abre la posibilidad de recuperar la excepción ibérica, que será imprescindible si el precio se acerca a los 100€.
La aplicación de un tope al precio del gas en el mercado eléctrico es una medida útil mientras no se avance en una reforma fundamental: acabar con el modelo marginalista en la fijación de precios, porque retribuye al precio más alto a todas las tecnologías de producción de electricidad, con independencia de su coste de producción.
En segundo lugar, hay que establecer controles estrictos en los márgenes del oligopolio energético, tanto del petróleo como del gas, en todos los escalones, desde la compra inicial hasta la comercialización, pasando por el refino y la regasificación. Los precios de los combustibles en las gasolineras ya se han disparado, a pesar de que la gasolina y el gasóleo que venden hoy se corresponden con petróleo comprado muchos meses antes del estallido de la guerra.
Es el momento de acelerar el trasvase de pasajeros del avión en vuelos de corta duración hacia el ferrocarril
En tercer lugar, hay que recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías del oligopolio energético, que ganan más cuanto más sube el precio del petróleo y del gas, porque incrementan sus márgenes de operación. Una figura tributaria que se demostró muy eficaz los dos años que estuvo en vigor, con una recaudación de 1.500 millones de euros cada año que sirvieron para financiar medidas como las bonificaciones al transporte público.
En cuarto lugar, hay que avanzar de forma decidida en la electrificación de la economía, basada en el impulso de las energías renovables. La climatización, apoyando la sustitución de calderas por bombas de calor, y la movilidad, con el impulso del vehículo eléctrico, son elementos claves en la estrategia de la descarbonización de la economía. De forma inmediata hay que revisar el actual sistema de funcionamiento reforzado.
En quinto lugar, hay que potenciar el transporte colectivo, con especial protagonismo de los modos de transporte electrificado, como es el ferroviario, especialmente en cercanías y en el metro. Más usuarios del transporte público mejorando la calidad del servicio y ampliando la bonificación para los usuarios recurrentes. Es el momento de acelerar el trasvase de pasajeros del avión en vuelos de corta duración hacia el ferrocarril, de poner en marcha los planes de movilidad de las empresas y aumentar de forma significativa el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías.
En sexto lugar, las rebajas en fiscalidad deben reorientarse para reforzar la electrificación y especialmente la electricidad generada por fuentes renovables. Por ejemplo, adaptando el impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) con este criterio. Rebajar la imposición a los combustibles fósiles, sea el IVA o los impuestos especiales, es un mal camino. Se puede utilizar de forma excepcional y breve, pero la fiscalidad es un instrumento poderoso para promover comportamientos eficientes, en este caso sustituir la importación de combustibles fósiles contaminantes por electricidad producida en España por tecnologías renovables y limpias.
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Manuel Lago es diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán tienen, en lo fundamental, un carácter coyuntural, que da una respuesta inicial a un precio del barril de petroleo de 100 dólares y a un precio del gas de 60 euros megavatio hora. Son medidas para tres meses que sirven para intentar controlar los precios energéticos, con la intención de que no se trasladen al resto de la economía, evitando una nueva crisis de inflación.