Plaza Pública

Covid-19: la Unión Europea, entre la justicia y la vergüenza

Una bandera de la UE, en Bruselas.

Ramón Gálvez | Fernando Lamata

En una decisión difícilmente justificable, la Comisión Europea (CE) ha firmado un nuevo contrato con Pfizer por otros 1.800 millones de dosis de su vacuna. Esto supone acaparar cuatro dosis más por persona para 2022 y 2023, mientras en la mitad del planeta no se ha administrado la primera dosis. Pero, además, el precio fijado, según filtró el primer ministro de Bulgaria, podría ser de 19,5 euros por dosis, cuando el coste por dosis (incluyendo fabricación, rellenado, beneficio industrial y transporte) se calcula en un euro. Así, se estarían pagando 35.100 millones de euros por lo que cuesta 1.800 millones. Dinero público que podría utilizarse, por ejemplo, para financiar plataformas de I+D y de apoyo a la producción pública.

Además, los precios abusivos forzarán al alza los precios de otras vacunas, dificultando el acceso a millones de personas y privándoles de su legítimo derecho a la salud. Y mientras, la CE sigue bloqueando la propuesta de suspensión de patentes que permitiría aumentar la producción y bajar los precios para el resto del mundo, una injusticia vergonzosa.

Cuando el representante de la CE tome la palabra en la sesión de los días 8 y 9 de junio del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sabremos si Europa apuesta, de verdad, por la superación de esta pandemia y la preparación para las futuras, o si sigue enrocada en la defensa de los intereses de los accionistas de algunas compañías farmacéuticas y de sus altos ejecutivos. En esa reunión, India y Sudáfrica, con otros 60 países, volverán a presentar la propuesta de suspender, durante tres años, los derechos de propiedad intelectual relacionados con las tecnologías para el covid-19 (vacunas, diagnósticos y tratamientos), con la finalidad de aumentar su producción y permitir que todos los países puedan hacer frente a este desafío. Esta propuesta, presentada por primera vez el 2 de octubre de 2020, ya fue entonces bloqueada por la CE, EE. UU. y otros países “ricos”.

En estos meses se ha producido una importante movilización de la sociedad civil —con iniciativas como The People’s Vaccine o Right2Cure, firmas de premios Nobel, cartas de líderes políticos como Nancy Pelosi y Bernie Sanders o escritos de parlamentarios europeos, entre muchas otras— pidiendo la suspensión de las patentes. Finalmente, el pasado 5 de mayo, el Gobierno de los EE. UU. expresó su disposición a apoyar esta propuesta, con la finalidad de aumentar la producción global de vacunas. Sin embargo, la CE mantiene su bloqueo, coincidiendo con las posiciones de las grandes farmacéuticas.

Los argumentos con los que la industria farmacéutica trata de presionar a los Gobiernos para frenar la propuesta son varios: que la suspensión de patentes no aumentará la producción de vacunas; que no hay otras empresas que puedan llevar a cabo la producción; que es preciso hacer una transferencia de tecnología y conocimiento a personas preparadas y eso lleva tiempo; que se debilitará la respuesta porque, si se quitan sus “incentivos”, las empresas dejarán de invertir en investigación; que la solución son las licencias voluntarias, que otorgan las propias empresas titulares de las patentes, y, de forma complementaria, las donaciones de países ricos a países de bajos ingresos, directamente o a través del mecanismo Covax.

La evidencia muestra que estos argumentos son falsos y que las “soluciones” no han funcionado para el conjunto de la sociedad y del planeta, aunque sí han ofrecido enormes ganancias a las empresas farmacéuticas titulares de las patentes y sus ejecutivos. En efecto, en su intervención inicial en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada a finales de mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud constataba el fracaso de esta respuesta: “La actual crisis de las vacunas es una escandalosa desigualdad que perpetúa la pandemia”. Así, a final de mayo, mientras en EE. UU. se han administrado 92 dosis por cada 100 habitantes, en la mayor parte de los países africanos se ha administrado menos de una dosis por cada 100 habitantes.

Como ya comentamos en el documento Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública, publicado por la Fundación Alternativas —y como la pandemia ha puesto en evidencia—, el actual modelo de monopolios (patentes y otras exclusividades) no es capaz de responder a las necesidades de acceso a los medicamentos de la humanidad en el menor tiempo posible y de forma equitativa, puesto que limita la producción y permite poner precios abusivos (en el caso de las vacunas covid, en promedio 10 veces por encima de los costes, incluyendo la I+D), constituyendo un problema de ética y de salud pública.

En cuanto al mecanismo Fondo para el Acceso Global a las vacunas covid-19 (Covax), este se ha mostrado claramente insuficiente. A día de hoy, ha distribuido 73 millones de los 1.845 millones de dosis administradas en todo el mundo, menos del 4%, cuando su objetivo era entregar 2.000 millones de dosis en 2021. Covax, muy influenciada por el enfoque de Bill Gates, sigue el planteamiento tradicional para la distribución de las vacunas antes de la covid, a través de donaciones, donde predomina una perspectiva de ayuda, voluntariedad y benevolencia de los donantes ricos, manteniendo los monopolios de las patentes y, por tanto, dificultando un acceso justo y equitativo.

Por otra parte, frente al argumento de que se “debilita el sistema de incentivación” y nadie querrá investigar en nuevas vacunas, conviene recordar que la mayor parte de la investigación para las vacunas covid-19 ha sido de financiación pública, lo que ha permitido lograr resultados en un tiempo récord. Lo mismo ha ocurrido con el desarrollo y aumento de las capacidades de fabricación mediante compras anticipadas. Lo lamentable es que, después de financiar con dinero público la investigación y el desarrollo de las vacunas, se hayan cedido los derechos de propiedad intelectual a compañías privadas, delegando en ellas las decisiones sobre volumen de producción y precios. Como afirmó Helen Clark en la presentación del documento del panel de expertos encargado de revisar la respuesta sanitaria internacional a la covid-19, el modelo actual de desarrollo y entrega de vacunas, tratamientos y otras herramientas no es adecuado para su propósito. Es necesario, en su opinión, pasar de un modelo basado en el mercado a uno basado en su consideración de bienes públicos globales.

Tampoco es una solución la utilización de licencias obligatorias, país por país, con multitud de patentes cruzadas y con otras exclusividades y secretos comerciales. Por eso, la suspensión de la barrera de monopolios, patentes y otras exclusividades relacionadas con las tecnologías covid-19 es un paso necesario para aumentar la producción de forma significativa. Pero, evidentemente, se debe acompañar de otras decisiones simultáneas y también urgentes. Algunas de ellas las señalaba con acierto el documento “Vaccines for all initiative”, presentado por el presidente Pedro Sánchez en la cumbre europea celebrada el 7 y 8 de mayo en Oporto, en la cual explicitaba su apoyo a la suspensión de patentes y otras exclusividades. En efecto, a nuestro juicio, además de dicha suspensión, los Gobiernos, reforzando mecanismos políticos multilaterales, deberían:

  1. Fijar cuál es el objetivo de inmunización global, de igual manera que lo fijan para EE. UU. o la UE (p.ej., vacunar al 70% de la población, en un plazo óptimo).
  2. Identificar toda la capacidad de producción mundial (España propone crear una plataforma de fabricación y ajuste entre demanda y oferta).
  3. Transferir el conocimiento y la tecnología a estas empresas, de forma voluntaria u obligatoria (puede hacerse a través de la Covid-Technology Access Pool de la OMS, como ha hecho España con una tecnología para diagnóstico, si es preciso aplicando el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Defense Production Act, o los Decretos de Estado de Emergencia).
  4. Realizar compras anticipadas para ayudar a las empresas a la fabricación (como ha hecho la UE con AstraZeneca, Pfizer, Moderna etc.).
  5. Fijar un precio de coste (como se ha hecho con AstraZeneca, pero garantizando transparencia.
  6. Acelerar la distribución, a través del mecanismo Covax, reforzando su gobernanza como estructura pública multilateral.
  7. Apoyar a los servicios de salud para la administración local de vacunas.

 

Estimaciones de UNICEF y otras entidades muestran que es posible duplicar la capacidad de producción de vacunas actual. Por otra parte, el tiempo necesario para la transferencia de tecnología y conocimiento en las empresas que han subcontratado las actuales titulares de las patentes ha sido de entre 3 y 6 meses, desde el contrato hasta que se empezaron a fabricar dosis.

En esta pandemia, hemos llegado tarde para prevenir nuevas variantes, pero cuanto antes vacunemos a todo el planeta, antes disminuiremos el riesgo de nuevas muertes, más sufrimiento y más pobreza. Debemos, además, diseñar un sistema que pueda funcionar de forma automática en el futuro, para próximas pandemias, disponiendo de personal entrenado y capacidad suficiente en todos los continentes. Pensando en ese futuro, la propuesta española incluye la creación de un grupo de trabajo en la OMC, junto con la OMS, con el objetivo de adaptar las reglas globales sobre derechos de propiedad intelectual para luchar contra futuras pandemias.

Tenemos que aprender de esta terrible experiencia global que ha paralizado las economías, ha confinado a media humanidad y ha causado ya más de tres millones y medio de muertos. No debemos preguntarnos si es posible lograr vacunas, diagnósticos y tratamientos para todas las personas, en todo el mundo, en el menor tiempo posible, y a precio de coste, sino “¿cómo lo hacemos?”. Porque sí que es posible y es de justicia.

En septiembre del pasado año, en otro artículo para la Fundación Alternativas, instábamos a un cambio de modelo de financiación y desarrollo de medicamentos y vacunas para garantizar su sostenibilidad, y pedíamos al Gobierno de España un cambio de enfoque. Ese cambio se ha producido. Así, por ejemplo, la Comisión de Sanidad del Congreso y el Senado han aprobado resoluciones pidiendo la suspensión de las patentes covid. Este es un paso urgente y necesario que la Unión Europea debería apoyar en la próxima reunión del Consejo ADPIC el próximo 8 de junio, demostrando que pone los intereses de la sociedad y de la humanidad por delante de los intereses de unos pocos.

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Ramón Gálvez es especialista en Neurología y Fernando Lamata es doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría. Ambos colaboradores de la Fundación Alternativas.

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