Plaza Pública

La mancha de los GAL

Pilar Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, uno de los dos etarras secuestrados, torturados y asesinados por los GAL.

Angel Viviente Core

"Se consideran crímenes de lesa humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización".

Hay crímenes, aquellos que han sido cometidos por el propio Estado, que son una mancha sobre las cabezas de todos los que formamos parte de ese Estado. ¿Qué fueron realmente los GAL? ¿Quién o quiénes los crearon? ¿A quién o quiénes obedecían?

De alguna forma, ese Estado, los órganos de Gobierno del mismo, con su inacción ante estos crímenes, nos convierten a todos los ciudadanos, con nuestro silencio, en cómplices.

Así me he sentido yo después de asistir a la rueda de prensa del día 4 de junio, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de Pilar Zabala (hermana del torturado y asesinado por los GAL José Ignacio Zabala Artano en 1983). La encomiable lucha de Pilar por esclarecer la Verdad se mostró con claridad en dicha rueda de prensa. Han sido muchos años en los que Pilar lo único que ha recibido es la inacción de las instituciones estatales (Gobierno y judicatura) en un abandono total. Estas instituciones, con su actitud, han conseguido transmitirme esa sensación de complicidad ante hechos que ellos, como representantes míos, no quieren asumir.

La mancha de los GAL, y el comportamiento posterior de las instituciones, de desapego y de intento de olvido del pasado, durante una época supuestamente democrática, se une al olvido de los crímenes cometidos por el franquismo en épocas pasadas, asimilando en lo mismo ambos hechos: Crímenes cometidos en un caso por los vencedores de una sublevación contra la democracia y el cometido por un Gobierno de una época, ya democrática, que se suponía tendría comportamientos diferentes. En ambos casos se ha impuesto el silencio.

En la citada rueda de prensa, tanto Pilar como las personas que la acompañaban (María Jáuregui, hija de Juan Mari Jaúregui, gobernador civil de Guipuzcoa 1994-1996, firme defensor de los Derechos Humanos y asesinado por ETA, Juan Diego Botto, hijo de un torturado y asesinado por la dictadura argentina y María del Olmo, directora del Archivo Provincial de Alicante), transmitieron a los presentes la absoluta necesidad del conocimiento de la Verdad para la convivencia en un Estado democrático que defienda los Derechos Humanos, para conseguir Justicia y Reparación, y a lo que el Estado, responsable de dichos hechos, se niega continuamente.

Las pruebas contenidas en los papeles recientemente desclasificados de la CIA, así como otras pruebas adicionales, muestran con claridad la implicación, inspiración, mantenimiento y señalamiento de objetivos de los órganos de Gobierno del Estado al más alto nivel, de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Los procesos derivados de los diferentes crímenes cometidos por este grupo llevaron a condenas limitadas de algunos de sus operativos y componentes, pero nunca se quiso llegar al fondo y origen de este grupo. Por todo ello se pasó un tupido velo de silencio que quiso enterrarse con la misma cal que cubrió los cuerpos de Lasa y Zabala. Se quiso presentar la existencia de este grupo como algo creado por “grupos incontrolados” que se escapaban del control de los órganos del Estado. Tanto fue así que, en no mucho tiempo, tal vez derivado del silencio negociado, a los escasos condenados se les otorgó el indulto.

Con fecha 15 de abril de 2021, la Audiencia Nacional ha denegado la solicitud de Pilar de investigación sobre la posible participación de Felipe González, como responsable máximo del Gobierno en esa época, en estos hechos. Las razones aducidas para ello son dos:

  • Los elementos de prueba aportados no justifican la apertura de la investigación. Parece ser que los documentos desclasificados de la CIA no son prueba suficiente para la Audiencia.
  • Los posibles delitos, dado el tiempo pasado, han prescrito. Olvida la Audiencia que, según la normativa internacional, incluida Naciones Unidas, los crímenes contra los Derechos Humanos y de lesa humanidad jamás prescriben, al objeto de evitar la impunidad.

 

Somos los ciudadanos los que tenemos que exigir a las instituciones de nuestro país que el Estado no esconda la cabeza bajo el ala, eso nunca servirá para labrar un futuro en el que los ciudadanos nos sintamos más libres y, sobre todo, se evite la repetición de estos hechos. Los ciudadanos deben saber que ante hechos como este podrán sentir el amparo de sus gobernantes y de la Justicia.

Escuchaba las palabras de Pilar, plenas de firmeza y verdad, y no veía en ellas ningún tipo de odio ni rencor. Estaban cargadas de una actitud emocionada por cerrar heridas que llevan abiertas durante muchos años. Cualquier persona puede comprender el dolor de una familia ante situaciones como esta y se dará cuenta de que, si la herida no cierra, la vida estará de alguna manera pendiente de un hilo y asentada en un vacío espantoso. No se le puede desear eso a nadie y el Estado debería ser el primero que, lejos de todo proteccionismo a sus antiguos gobernantes, debería dar cobijo a esas personas, sus ciudadanos. El Estado, con su Gobierno al frente, debería dar un paso adelante en busca de la Verdad y del reconocimiento del dolor ocasionado y dejar de ampararse en la obsoleta Ley de Secretos Oficiales.

Ante la sentencia de la Audiencia, Pilar hizo saber en la rueda de prensa que va a seguir adelante, utilizando todos los medios a su alcance por la vía jurídica y otros, si bien considera necesario el mayor apoyo posible de la sociedad. En este sentido, la plataforma constituida en apoyo de nuevas acciones ha elaborado un Manifiesto que se puede encontrar en pidosaberlaverdadsobrelosgal.org, donde también se pueden entregar adhesiones a este Manifiesto. En la página web se podrán encontrar acciones, proyectos e investigaciones que se realicen en esta lucha.

Creo que Pilar merece que participemos.

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Angel Viviente Core es Coordinador General Convocatoria Cívica

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