Lecciones aprendidas del gran apagón 2025

El 18 de junio se presentaron dos informes sobre las causas inmediatas del gran apagón. Un mes y 21 días después, el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica Española presentaron dos informes diferentes sobre las causas inmediatas. Para acabar de clarificar el escenario sería muy interesante que también la CNMC y OMEL presentaran sus propios informes, además de todas y cada una de las compañías privadas, al menos Iberdrola, Endesa y Naturgy, relevantes en el proceso. Las contradicciones entre los propios informes ya publicados y las declaraciones de los diferentes implicados que se han sucedido estas semanas ya revelan la falta de seriedad del sistema. No vamos a hablar de los dos informes ya publicados ni analizar los tachones del informe del ministerio que en virtud de la transparencia que se cita directamente no deberían de existir. 

Vamos a centrarnos en los temas de las causas estructurales y las lecciones aprendidas del proceso para que no se vuelva a repetir este gravísimo hecho. El Observatorio de Sostenibilidad (OS) presentó un informe el día 9 de junio donde se cuantificaron algunas irregularidades observadas, además de ver qué lecciones se pueden aprender a partir del gravísimo episodio de interrupción generalizada​​ del suministro eléctrico y qué soluciones y recomendaciones se deberían implementar de cara al próximo futuro en el sistema energético. Este primer informe de las lecciones aprendidas después del gran apagón del OS está centrado en las causas estructurales (hasta que no exista informe definitivo de las inmediatas) y contiene cuatro grandes capítulos: 

Las principales evidencias observadas indican que desde el día del apagón, 28 de abril, se ha quemado más gas para producir electricidad (+ 32%) y se ha utilizado más nuclear (+ 8%) en la producción de electricidad, mientras se han reducido las renovables un (-7%) (incluyendo eólica -19%, hidráulica -45% y la solar fotovoltaica ha aumentado tan solo un 4% a pesar del aumento de producción característico de esta época del año. La generación eléctrica ha disminuido un 4% entre el periodo anterior y el posterior del apagón. La producción de la electricidad ha sido más carbonizada, es decir ha emitido un 14% más y el factor de emisiones en tCO2 eq./MWh ha aumentado en un 20%. El precio de la electricidad se ha incrementado un 3,5%. Desde el 28A ha cambiado el mix eléctrico por uno “más seguro” según REE, por lo que se deduce que el otro era “más inseguro”. Los vertidos de renovables, que no se utilizan diariamente, se pueden cuantificar entre 2 y 3 GW en diversos tramos horarios. 

Analizando las tendencias a largo plazo del sistema eléctrico se observa que no ha habido un incremento significativo de la demanda desde el año 2007 (en 2024 un 0,8%) y, sin embargo, se ha incrementado la potencia instalada en ese periodo en el sistema peninsular de 86 GW a 123 GW, es decir en un 44% (¡¡repetimos, a pesar de que no ha habido incremento de la demanda!!). Tan solo desde el año 2020 se ha triplicado la potencia fotovoltaica instalada, pasando de 11 GW a 33 GW (¡¡¡y con 6 GW de instalados tan solo en 2024!!!). En estas plantas, por ejemplo, no se instalaron los volantes de inercia en la red para mantener la frecuencia en las macroinstalaciones de fotovoltaica. En eólica ya existen otros 32 GW en 2024 y se ha incrementado en 4,6GW desde el año 2020. Esta masiva y desordenada instalación, por ejemplo, ya ha hecho que en 2025 se estén triplicando las horas con precio cero en el sistema, lo que hace que muchas de estas plantas vayan a tener problemas a corto y medio plazo para cubrir sus inversiones.

Esta falta de planificación adecuada motivada por el exponencial incremento de renovables, unida a la escasa calidad e integración ambiental, económica y social de los proyectos, se observa también en la práctica inexistencia de instalaciones de almacenamiento, en la carencia de volantes de inercia en las plantas de fotovoltaica, en la falta de una topología de la red adecuada para este despliegue de renovables que se ha realizado de cualquier forma y en cualquier sitio. 

Los beneficios empresariales de las empresas eléctricas españolas son justo el doble de las europeas y tienen que ver (entre otras variables) con la decisión sobre las diferentes tecnologías utilizadas para atender a la demanda diaria

Por otra parte, se ha observado la falta de gobernanza independiente en el sistema eléctrico que imposibilita el correcto funcionamiento del sistema. Se está comprobando en las discusiones entre grandes eléctricas y Red Eléctrica Española (REE) –que realiza la casación diaria de la oferta y la demanda–, e incluso con acusaciones de ocultación de información mutuas. Por otra parte, se observa que no se han seguido las indicaciones del sistema supervisor CNMC y que el sistema de mercado de OMEL, con sus propios accionistas e intereses, permanece sin hacer declaraciones, siendo uno de los agentes fundamentales de lo que ha pasado. Se observan los diferentes intereses económicos cruzados entre fondos de inversión que participan tanto en las empresas como en REE, o en OMEL.  El caso de Blackrock participando de REE, pero a la vez de Endesa, Naturgy e Iberdrola (y también de Repsol) es paradigmático.

Todo esto sucede en un escenario donde se comprueba cómo los beneficios empresariales de las empresas eléctricas españolas son justo el doble de las europeas y tienen que ver (entre otras variables) con la decisión sobre las diferentes tecnologías utilizadas para atender a la demanda diaria del mercado eléctrico que producen más o menos beneficios en las diferentes empresas. Es decir, son jueces y parte y, como se observa, no ha funcionado el sistema. Inherente a este escenario está el hecho de las puertas giratorias endémicas del sistema eléctrico y energético del país, entre empresas, patronales, partidos políticos y administración, en todos los sentidos (observándose en ocasiones cómo profesionales de las empresas gestionaban la administración y luego volvían al sector privado) y que afectan incluso a grupos ecologistas y a la academia, con informes hechos para las diferentes patronales o empresas a medida.

Este escenario revela y agrava la falta de independencia entre los diferentes agentes del mercado para que puedan funcionar de una forma adecuada. 

Algunos de los efectos observados (outcomes en terminología de políticas públicas) no deseados son por una parte la elevada pobreza energética del país, que ha aumentado un 196 % según EAPN desde 2008, asunto en el que España es líder en la Unión Europea a pesar del auge de las renovables: además, las bajadas en el mercado mayorista no se trasladan al conjunto de la población. El complejo sistema de pagos a las eléctricas de peajes, deudas y demás conceptos inventados a lo largo de los años hace que el consumidor final sigue pagando mucho por la electricidad y además que no se fomente la eficiencia, es decir, aunque gaste muy poca energía, ponga placas o leds, su factura va a cambiar muy poco.  

Es importante señalar los graves efectos ambientales derivados por la rápida y poco científica implantación masiva de renovables, en el caso de la fotovoltaica triplicándose desde el año 2020 hasta llegar a los 32 GW de solar fotovoltaica. La masiva instalación ya ha tenido graves efectos ambientales, que ya afectan a más de 60 mil hectáreas de zonas forestales y agrarias que han sido transformadas en zonas industriales. Se han instalado sobre zonas naturales, incluso protegidas, sobre zonas forestales y sobre zonas agrarias, afectando a más de 60 mil hectáreas. Actualmente se están arrancando miles de olivos centenarios en Andalucía, o campos de naranjos en Valencia, o instalando en zonas de aves esteparias, o de linces o sobre algunos de los paisajes más bellos de Europa, como en Teruel en el Maestrazgo o en zonas de Galicia o Asturias. Solo en Extremadura se han transformado 12.500 hectáreas de zonas agrarias en polígonos industriales. 

En el caso eólico se observa cómo se han seguido implantando parques con problemas de corrupción como ha sucedido con la trama eólica en Castilla y León o con graves impactos ambientales como en el caso del clúster del Maestrazgo o en el caso de polígonos eólicos sobre zonas de alto valor paisajístico o con especies protegidas como osos, urogallos, etc...

Este exponencial y desordenado crecimiento ha tenido un gran impacto ecológico y un importante rechazo social en muchas zonas concretas que ha hecho que se judicialicen multitud de casos y una desafección hacia el proceso de implantación de renovables.

El autoconsumo, que se presentó como una medida para abaratar el consumo de los hogares y que tuvo un despliegue importante en 2022, (2,6 GW instalados ese año), pasó a la mitad en 2024 (1,4 GW) y en 2025 se espera todavía un mayor desplome

Por otra parte, los grandes proyectos fotovoltaicos o eólicos no han generado el empleo previsto, ni fijado población y han sido altamente especulativos, en muchas ocasiones como un producto financiero, con varias compras y ventas sin que se puedan incluso determinar responsabilidades. 

A la vez, el autoconsumo, que se presentó como una medida para abaratar el consumo de los hogares y que tuvo un despliegue importante en 2022, (2,6 GW instalados ese año), pasó a la mitad en 2024 (1,4 GW) y en 2025 se espera todavía un mayor desplome. El proceso de incremento de autoconsumo y comunidades energéticas, de instalación de fotovoltaica en tejados y cubiertas, se ha desplomado y, en el caso residencial, donde se tendría que haber superado ya el millón de tejados solares y tener ratios similares a California –que ya tiene 44 GW en tejados, Australia 23 GW, o la nublada Alemania con 67 GW–, en España se ha derrumbado el proceso pasando de 1 GW en el sector residencial en 2022 a 0,34 GW en 2024.   

En definitiva, se trata de un sistema con graves problemas de gobernanza, con diferentes agentes enfrentados, que no ha beneficiado a los ciudadanos ni al conjunto del sector empresarial –sí a determinadas empresas–, que ha generado grandes beneficios para las empresas energéticas privadas, también para la semipública –que parece que debería haber tenido otras prioridades– pero que se ha manifestado inestable e inseguro –como se ha podido comprobar el 28A– e ineficiente por los elevados beneficios de las compañías que doblan a las europeas. Hoy, en junio de 2025, todavía no hay garantías de que pueda haber otro apagón sencillamente por los problemas de gobernanza entre los actores, la falta de una planificación adecuada entre los diferentes agentes y por supuesto la falta de determinación de las causas inmediatas del apagón.

Las recomendaciones tienen que ver con la necesidad de una planificación independiente y el necesario cambio de la gobernanza del sistema para enfrentar los tres grandes criterios de sostenibilidad que deben tener todos los sistemas modernos de energía en el siglo XXI en un escenario de emergencia climática y desigualdad: (1. Seguridad y garantía en el suministro, 2. Asequible para todos los consumidores (sin pobreza energética y precios asumibles) y con rentabilidad para productores y 3. Descarbonizado (bajas emisiones)y con mínimo impacto ambiental.

En este nuevo escenario es necesario mejorar el sistema de gobernanza, siendo imprscindible eliminar los intereses inmediatos y en muchas ocasiones contradictorios para conseguir una autoridad neutral que permita eficiencia y eficacia en el sistema, que supondrá sin duda disminuir los beneficios empresariales –lo que implicaría que es más barato para todos– resolver la falta de independencia entre Red Eléctrica Española, (la empresa que casa la oferta y la demanda) y las propias empresas eléctricas, y entre la OMEL, las empresas eléctricas y REE, y la CNMC (donde estaba la CNE); prohibir las puertas giratorias; eliminar la pobreza energética; hacer el cambio de una forma ordenada y segura a una generación extraordinariamente distribuida de las renovables o dispersas frente a las centrales concentradas que incluyan una democratización de la producción, una minimización de impactos ambientales y la instalación masiva de paneles en tejados; fomentar el ahorro, el autoconsumo y comunidades energéticas de una forma seria y masiva a través de instalación de tejados y cubiertas solares en pueblos y ciudades, centros comerciales, industriales y zonas antropizadas como vías de comunicación, invernaderos, etc. y eliminar los proyectos más problemáticos ambientales y de rechazo social de implantación masiva de renovables. 

El futuro de la energía será 100% renovable, descarbonizado, con mínimo impacto social y amplio apoyo social, pero se debe hacer garantizando la seguridad energética

Es un buen momento para conseguir un mayor control público en las diferentes fases del ciclo energético y la creación de una empresa pública con una serie de activos como los hidráulicos con las centrales que se van a ir recuperando paulatinamente por el Estado al finalizar los 75 años de las concesiones. La recuperación de la central hidroeléctrica de Villalcampo, que ya ha finalizado su plazo en 2025 de 75 años, (y que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha sido incapaz de recuperar en plazo y forma) y que debe revertirse a la titularidad pública, podría ser uno de esos primeros activos. 

Por otra parte, es necesario establecer una moratoria de nuevos proyectos y una nueva planificación energética adecuada a la nueva realidad. Es hora de asumir que el PNIEC 2024 es irreal, no se pueden duplicar en 5 años a 64 GW la potencia instalada de solar y otro tanto con la eólica en 5 años con precios cero, o llegar a los 19GW de solar en edificios, con tasas actuales de 1,2 GW (es ilógico pensar con una demanda estable, problemas en la red y precios cercanos a cero multiplicar por 4 la generación). En otros epígrafes tampoco parece muy realista que se vayan a alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos habiendo actualmente unos 0,6 millones según AEDIVE, es decir multiplicar por 9!!! en 5 años. O conseguir los plazos de rehabilitación energética de edificios cuando nunca se ha llegado a esos ritmos de instalación, o conseguir una reducción de emisiones del 32% cuando en 2024 aumentaron las emisiones, por ejemplo.

La dura realidad ha demostrado que no solo no éramos alumnos aventajados, “el mejor sistema eléctrico de Europa”, o los primeros de la fila que mucha gente cree que todavía somos. Las pérdidas humanas, el caos producido, la incertidumbre creada en torno al sistema eléctrico, las milmillonarias pérdidas y el descrédito del propio país exigen que los hechos sean rigurosamente investigados de forma independiente y depuradas las responsabilidades, con cambios de equipos y un protocolo antiapagón para que no vuelva a ocurrir un gravísimo incidente como éste a pesar de que la ciudadanía española dio una auténtica lección de civismo, paciencia y resignación. 

El futuro de la energía será 100% renovable, descarbonizado, con mínimo impacto social y amplio apoyo social, pero se debe hacer garantizando la seguridad energética, con escenarios de eficiencia y ahorro, beneficiando al conjunto de la población y no solo a unas empresas y con independencia y rigor sobre los enormes intereses que gravitan en el sector.

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Juan A. Avellenar Lacal es ingeniero industrial y Fernando Prieto es miembro del Observatorio Sostenibilidad.