Plaza Pública

Ley Zerolo, los derechos de la mayoría

Una bandera gay con la fotografía de Pedro Zerolo en un balcón de Madrid.

Lídia Guinart Moreno

Han tenido que pasar once años para que España pueda contar con una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Más de una década desde que Pedro Zerolo, el admirado y añorado activista LGTBI y Secretario de Movimientos Sociales del PSOE, dijera aquello tan sonado y tan verdad de que “discriminar no puede salir gratis”. La España que tenemos hoy es distinta a aquella. Entonces, la extrema derecha no había salido aún de su guarida. Entonces no teníamos pandemia y el PP aún no había arrasado con muchos de los derechos sociales y civiles impulsados en la primera década de los años 2000 por las leyes socialistas. Todavía no estaba sentenciada su financiación ilegal en la Gürtel, aunque ese nombre ya empezaba a resonar. Era demasiado pronto para saber de Unidas Podemos y a Ciudadanos lo conocían básicamente en Catalunya. Pero lo cierto es que ahora, como entonces, necesitamos un marco legal que nos proteja de toda discriminación. Porque nadie está a salvo de padecerla en un momento u otro de la vida, por una u otra causa, por ser simplemente “diferente”.

La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación no pudo salir adelante en sus anteriores intentos, siempre de la mano del PSOE. Esta semana ha vuelto al Congreso en la que tiene que ser la ocasión definitiva, porque no nos podemos permitir más demora en la protección del derecho a la diversidad. La “Ley Zerolo”, como se la apellida, viene a cubrir una carencia legislativa en España y a cumplir con la ya demasiado tardía transposición de directivas europeas.

Ahora que tanto se reclama la mejora de la calidad democrática del país –pese a ser reconocido por organismos internacionales como una de las mejores democracias del mundo– qué mejor contribución que una ley garante del derecho antidiscriminatorio. Un texto paraguas que cubra desde la discriminación por cuestión de orientación sexual a la motivada por el color de la piel o el origen étnico, pasando por la religión, la edad, la discapacidad, la situación socioeconómica, el nacimiento o incluso por lo que opinemos. Son muchas las casuísticas, tantas que es complicado que alguien no se reconozca en alguna de ellas, bien de manera continuada, bien puntual. Discriminaciones que pueden darse, y que de hecho se dan de manera habitual, en múltiples ámbitos de la vida cotidiana: el empleo, la educación, la atención sanitaria, los servicios sociales, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la oferta pública de bienes y servicios, la política, la publicidad o los medios de comunicación. Este texto se ha actualizado respecto al de hace diez años, incorporando nuevas realidades como la ética y la confiabilidad en la inteligencia artificial. Se añade también el agravante cuando la persona infractora sea un servidor público.

La nueva norma, que deberá superar aún su tramitación parlamentaria, está cargada de buenas razones para ser ley más pronto que tarde. Su principal objetivo no es punitivo, aunque contempla sanciones para su infracción. Persigue, sobre todo, la prevención de toda discriminación y la protección de las víctimas y contempla la creación de un organismo independiente unipersonal, el Comisionado o Autoridad para la igualdad de trato, que investigará de oficio la existencia de posibles situaciones de discriminación.

La diputada de Vox Carla Toscano, que el martes defendió el turno en contra desde la tribuna del Congreso, retó al hemiciclo a “quitar sus sucias manos de nuestras vidas”. Lo hizo con la mirada puesta en la bancada de la izquierda, a quienes tildó de “falsos adalides de la libertad”. Cabría preguntarse si estaba reclamando libertad para discriminar. Tras su intervención, que no se salió un ápice de la línea rancia que caracteriza la derecha extrema aterrizada en los parlamentos españoles, le respondió la diputada socialista Beatriz Carrillo, perteneciente a uno de los colectivos de los muchos que se van a beneficiar de esta nueva norma, el colectivo gitano. Carrillo se dirigió a toda la cámara para espetar un claro y sonoro “¿todavía hay algún grupo que dude si debe apoyar esta ley?” Los hubo. Hubo bastantes abstenciones, probablemente demasiadas. Hay razones y opiniones y todas son respetables. Pero cuando se trata de proteger los derechos y la libertad de la ciudadanía, ese objetivo debería pasar por delante de cualquier otra motivación.

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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.

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