La lucha contra el cáncer es una acción política del Gobierno
El cáncer, según la OMS, es la principal causa de muerte en todo el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de fallecimientos, es decir, casi uno de cada seis. En los países de la Unión Europea, el cáncer es la segunda causa absoluta de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. Es, manifiestamente, uno de los problemas capitales que afectan a la salud de la ciudadanía en el mundo y en la UE. Sin duda, los representantes públicos deben ocuparse de ello porque la lucha contra el cáncer es claramente una acción política; en España es una prioridad en las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Uno de los gallegos que más admiro, Pablo Iglesias Posse, avisó de que “la importancia de la acción política sobre la acción económica no está solamente en que las conquistas de aquella benefician a mayor número de individuos y son más seguras, sino en que no se limita solo a las simples cuestiones de trabajo”. La lucha contra el cáncer es una acción política, que desde lo público debe beneficiar al mayor número de personas. La mejora de la calidad de la atención que reciben los enfermos de cáncer y sus familias es una conquista clave de las políticas públicas del PSOE. Ciertamente, este es el objetivo esencial de la Estrategia en Cáncer, aprobada por unanimidad en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en 2021.
La lucha contra el cáncer es una acción política, que desde lo público debe beneficiar al mayor número de personas
La primera versión de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) se aprobó en el CISNS en marzo de 2006. La segunda actualización de la Estrategia fue en 2010. Ambas lideradas por gobiernos socialistas. En 2021 se produce la tercera actualización de la Estrategia en Cáncer impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El documento está alineado con el Plan Europeo aprobado en 2021, desarrolla el Código Europeo contra el Cáncer, que, entre las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para prevenir esta enfermedad, incorpora nuevos aspectos en la prevención del cáncer asociado al ámbito laboral y a la exposición al radón.
Esta actualización incide en aspectos cardinales como la prevención y el diagnóstico precoz, también en la progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario y cooperativo basado en redes asistenciales entre profesionales y centros. Sirva como ejemplo el desarrollo de la Historia Clínica electrónica compartida, ampliamente extendida, que posibilita nuevas formas de trabajo colaborativo. Este modelo permite hacer crecer la colaboración y la especialización, con la reducción al mínimo del movimiento de los pacientes. Subraya el enfoque específico de algunos tumores a través de centros de referencia nacionales y europeos, acentúa la importancia de los avances en medicina de precisión, así como en aspectos más novedosos como la atención psicológica y la evaluación de las necesidades de los pacientes que han sobrevivido al cáncer, es decir, la atención al largo superviviente. Todo esto junto con la mejora de la rehabilitación y de la viabilidad del retorno laboral de los pacientes que lo deseen son retos de gran envergadura para los próximos años, en buena parte gracias a la mejora de los resultados clínicos. No quiero dejar de mencionar otro de los hitos de esta estrategia, que es el impacto que la pandemia COVID-19 ha podido tener en la atención al cáncer.
La transformación digital sanitaria es otro de los aspectos que conforman la acción política del Gobierno y que contribuyen a mejorar la atención de los y las pacientes. Es una de las herramientas que va a contribuir al objetivo de continuar reforzando y fortaleciendo la sanidad pública. Y para hacerlo, en las diferentes partidas presupuestarias de los PGE 2023, figura una inversión transversal de 450 millones de euros en salud digital para 2023, un 56% más que en 2022. Una de las líneas de actuación que se dibuja en los presupuestos es la mejora de la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes en sus desplazamientos geográficos entre comunidades autónomas o en la Unión Europea, a través de la información clínica interoperable a través de la ampliación de la Historia Clínica, que posibilita el trabajo colaborativo.
El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar en Consejo de Ministros que distribuirá casi 40 millones de euros a las CC.AA. destinados al Plan de Medicina Personalizada de Precisión. Con el objetivo de consolidar una medicina personalizada centrada en el paciente, predictiva, preventiva, participativa, poblacional para una misma atención en todo el territorio. Esta cuantía procede de las compensaciones monetarias derivadas del convenio con Farmaindustria. El objetivo es que todos los pacientes reciban la misma atención para el mejor diagnóstico con toda la infraestructura necesaria.
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Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados
