Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.
La Organización Mundial de la Salud ha insistido recientemente en que las desigualdades en salud no pueden entenderse al margen de las condiciones sociales: vivienda, empleo, protección social, discriminación estructural, desplazamiento forzoso o acceso desigual a servicios. Basta atender a los más de 10 años de diferencia en esperanza de vida que se da entre los barrios de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Si la evidencia nacional e internacional pone el foco en reducir discriminaciones estructurales para mejorar la salud y el bienestar, la “prioridad nacional” camina en la dirección contraria.
“Los españoles primero” es más que un eslogan traducido del America First (EEUU primero). Es una forma de redefinir quién merece ser cuidado, protegido o acompañado por las instituciones públicas. Allí donde una política social debería preguntarse qué necesita una persona, empieza a preguntarse dónde ha nacido. El desplazamiento es más hondo de lo que parece. Cambia la arquitectura moral del Estado de bienestar.
En España, podemos sentir orgullo de muchos logros democráticos recientes. En la Transición, los Servicios Sociales se consolidaron como parte fundamental del Estado de bienestar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Nacieron como un sistema interdisciplinar, local y comunitario, orientado a atender necesidades sociales y proteger a colectivos vulnerables o en riesgo. Superar la beneficencia significó avanzar hacia una lógica de derechos, responsabilidad pública y protección frente a la vulnerabilidad. La “prioridad nacional” devuelve a los Servicios Sociales al terreno de la caridad y retoma una pregunta que el Estado de bienestar ha tratado de superar: quién merece nuestra atención.
Desde la psicología social sabemos que este argumento puede resultar tentador porque activa una intuición poderosa: si “ellos” reciben ayuda, “nosotros” la perdemos. Introduce una frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos”, y convierte la escasez de recursos en una disputa entre grupos. Esta lógica ha estado históricamente en la base de muchas formas de prejuicio, discriminación racial y hostilidad hacia los grupos construidos como externos. En una lista de espera, en una ayuda para la vivienda o en una beca comedor, la persona migrante deja de ser alguien con una necesidad concreta y pasa a ser imaginada como una competidora ilegítima.
Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad
Sin embargo, hay una premisa que sí es cierta y debemos atender: efectivamente, hay listas de espera imposibles, precariedad, alquileres desorbitados, servicios públicos saturados y profesionales desbordados. La solución parte de aceptar que el sistema está fallando, pero también debemos impedir que ese malestar se traduzca en discriminación. La “prioridad nacional” se alimenta de problemas reales, pero ofrece una solución que es falsa: el conflicto no es entre nacionales y extranjeros. La verdadera brecha se da entre hacer valer los derechos sociales y las políticas que dirigen el enfado y la frustración hacia las personas más vulnerables.
Estamos jugando con fuego. Una vez que aceptamos que es legítimo ordenar el acceso a derechos por nacionalidad, el criterio puede desplazarse. Primero pueden ser las personas extranjeras. Después, se puede legitimar dejar fuera de la cobertura sanitaria a las personas que no han cotizado lo suficiente o limitar los recursos para las personas que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento costoso, o retirar las ayudas para las familias que no son tradicionales, o negar la atención a las personas LGTBIQ+. Cuando una sociedad acepta que es lícito dejar algunas vidas sin protección, el círculo de derechos puede estrecharse una y otra vez. La exclusión no siempre se impone de golpe, la mayoría de las veces se aprovecha una crisis para justificar dejar sin acceso a recursos básicos a una parte de la población.
El Estado de bienestar se basa en que cualquiera puede atravesar una situación de vulnerabilidad y encontrar un suelo común de protección. La “prioridad nacional” rompe esa universalidad mínima y convierte los derechos sociales en un campo de sospecha, vigilancia y jerarquización. Va más allá de excluir a algunas personas: cambia el pacto social que hacía posible proteger a cualquiera que lo necesitara.
La alternativa a la “prioridad nacional” tampoco es ingenuidad ni “barra libre”. Es una priorización basada en el análisis de necesidades y en la planificación territorial. En lugar de preguntarnos quién debe ir primero, deberíamos preguntarnos qué barrios tienen menos recursos, qué servicios están saturados, qué ayudas llegan tarde y qué coordinación falta entre servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo. Una política social puede y debe priorizar. Lo que no puede hacer es convertir la nacionalidad en medida de la dignidad.
La respuesta es reconstruir un “nosotros” que no sea excluyente. Nuestra sociedad no es una comunidad con una identidad única o cerrada; nunca lo ha sido. Debemos recordar que la tarea democrática consiste en ensanchar las condiciones que permiten cuidar mejor. Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad.
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Rubén García Sánchez es Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria, y docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.