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La nueva Ley Europea de Datos

Ibán García del Blanco

El 27 de junio se acordó entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo la puesta en marcha de la propuesta legislativa de la “Data Act. Tras meses de trabajo, se logró aprobar una nueva legislación que permite avanzar en una pieza fundamental de los grandes proyectos de la Unión Europea: la digitalización de la economía y la sociedad europea. Un plan que aspira a posicionar a Europa en la cima del desarrollo e innovación tecnológica. La Ley actúa directamente en un sector clave para ello, los datos digitales, imprescindibles en el funcionamiento y el progreso en el ámbito tecnológico (y no solo en él).

Imaginemos que cada ser humano lleva fijada a la espalda una mochila fija con nuestros datos, una mochila que va almacenando la información de nuestras preferencias, los hábitos de consumo y otros datos generales de interés, y que son explotados por agentes externos. Y, además, imaginemos que un día queremos consultar todos aquellos datos que hemos ido cargando en nuestra espalda y, simplemente, no tenemos la posibilidad de alcanzar la mochila para poder acceder a toda esa información generada. Antes, los usuarios no podían participar en la economía de transferencia de datos que ocurre en el ámbito digital. Con la nueva Ley de Datos, los ciudadanos toman el control de su moderno zurrón cargado de información, pues permite a los usuarios acceder a sus datos gratuitamente y compartirlos con terceros, a la vez que se incluyen salvaguardas para proteger al consumidor de los posibles abusos de los tenedores de datos.

La Ley de Datos complementa al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés), encargado de garantizar la protección de datos personales. Los usuarios, por consiguiente, pueden participar en el mercado único de datos europeos con su información digital generada, a la vez que se encuentran en un marco de protección legislativa férreo que protege los datos personales gracias a la alianza de la nueva ley y el GDPR. Además, con la creación del Coordinador de Datos, una de nuestras “propuestas estrella” dentro del Comité de Asuntos Jurídicos, se supervisará el cumplimiento del Reglamento gracias a la implantación del organismo en cada Estado miembro.

La nueva Ley de Datos pone luz a los nuevos desafíos del mundo digital, para así poder dar soluciones que beneficien a los ciudadanos, a las corporaciones privadas y a las propias instituciones públicas

Dentro del contenido de la Ley destaca, también, la eliminación de todos los obstáculos para que los ciudadanos puedan realizar fácilmente el cambio entre distintos administradores de datos en la nube para evitar, así, el monopolio por parte de los proveedores de estos servicios; da el derecho a los ciudadanos a tener acceso a los datos producidos por los productos y servicios conectados, pudiendo compartirlos con un tercero; garantiza que esos datos sean de fácil comprensión, gratuitos, legibles y estructurados; se establecen nuevos requisitos de información precontractual para que los usuarios conozcan sus derechos; se prohíbe ocultar información o mentir sobre la veracidad de los datos aportados; se protegen los secretos comerciales de las empresas de forma razonable; y se eliminan cláusulas abusivas perjudiciales para los usuarios.

En una primera impresión, puede que los ciudadanos piensen que la Ley de Datos es un complejo entramado de tecnicismos de difícil comprensión para personas no habituadas a tratar con textos legislativos y temas de datos digitales, y seguro que no les falta razón. Por ello, una de mis obsesiones ha sido la inclusión de medidas de alfabetización digital, que permitan a los ciudadanos saber del valor de sus datos y de sus derechos dentro de la Ley de Datos, de una forma clara y sencilla. Los gestores de datos y la administración deberán garantizar mecanismos de aprendizaje, y la inclusión de información comprensible en el ámbito del uso de datos digitales al alcance de todos los ciudadanos.

La nueva Ley de Datos pone luz a los nuevos desafíos del mundo digital, para así poder dar soluciones que beneficien a los ciudadanos, a las corporaciones privadas y a las propias instituciones públicas. Por ello, se establecen preceptos para que las empresas puedan poner a disposición de las instituciones públicas datos de interés público en contextos muy determinados, como en el caso de dar respuesta a una emergencia pública derivada de un desastre climático; pero también para la mejora de los servicios públicos. Además, la “Data Act” contiene prevenciones para evitar la fuga de datos a terceros países, cuando ello suponga una vulneración de nuestros derechos o cuando los datos estén protegidos por derechos de propiedad intelectual o secreto comercial.

Día tras día, los datos en el ámbito digital poseen cada vez mayor importancia dentro de nuestra sociedad. Son imprescindibles en la toma de decisiones de una pequeña empresa o en el gobierno de un Estado; ayudan a impulsar la innovación, el desarrollo y la mejora de la producción, gracias al análisis de datos; sirven para ofrecer mejores servicios con experiencias personalizadas; permiten prevenir actividades delictivas como ciberataques o delitos digitales; y, entre otras muchas cosas, pueden ser usados para mejorar la atención médica, para luchar contra catástrofes naturales y en el descubrimiento de nuevos avances científicos. Un claro ejemplo es el boom de la Inteligencia Artificial, una tecnología que aprende y procesa ingentes cantidades de datos, asentando un nuevo paradigma dentro del mundo virtual. Por ello, es necesario actualizar la legislación a las nuevas realidades. La Nueva Ley de Datos Europea es el instrumento legislativo encargado del buen funcionamiento del mercado de datos en la Unión Europea, ámbito esencial para el desarrollo de la digitalización.

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Ibán García del Blanco es es eurodiputado y ha sido el ponente en la Ley de Datos en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y negociador de la Ley de Datos en el Trílogo.

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