El valor de la revalorización de las pensiones

Una de las medidas política, social y económicamente más relevantes de la legislatura ha sido la recuperación del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. En un periodo crítico, marcado por la adversidad de la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, los pensionistas han visto cómo sus pensiones mantenían su capacidad de compra a pesar de unos niveles de inflación desconocidos desde hace más de treinta años. Y al tiempo, han sido testigos de un conjunto de reformas del sistema público de pensiones que han servido para ofrecer certidumbre y reforzar la confianza en la sostenibilidad futura del sistema.

Constatado este avance, es lógico que ante el proceso electoral los ciudadanos se pregunten qué pasará con las pensiones y su revalorización anual en caso de que se produzca un cambio del color del Gobierno. Dejando a un lado los planteamientos anticuados de Vox, cuyo escaso apego a la Constitución resulta más que inquietante también en este asunto, dedicaré mi atención a la accidentada trayectoria del PP que pone claramente de manifiesto la falta de compromiso de este partido con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Sirvan los siguientes apuntes como botón de muestra.

1. A finales de 2011, la primera decisión adoptada por el gobierno de Rajoy en materia de pensiones fue, de acuerdo con el criterio legal entonces vigente, incrementar las pensiones un 1% como (supuesta) previsión de inflación para el año 2012. Lo cierto es que el IPC interanual de noviembre de ese ejercicio ascendió al 2,9% y que la paga de desviación (’paguilla’) de casi dos puntos que debían haber recibido los pensionistas no se abonó con el consiguiente empobrecimiento de los pensionistas.

2. En 2013, parapetado en su mayoría absoluta y rompiendo el consenso del Pacto de Toledo, el PP aprobó una Ley que desvinculaba las pensiones de la evolución del coste de la vida y que establecía una alambicada fórmula que implicaba –así lo reconocía el Banco de España– que las pensiones apenas aumentarían un irrisorio 0,25% anual durante décadas: una cuasicongelación indefinida en el tiempo. Durante los tres primeros años de vigencia de la Ley en un contexto de inflación negativa, la fórmula se aplicó sin excesivo ruido. Pero el primer año en el que la inflación tuvo un comportamiento más normal (un 2% en 2017), el empobrecimiento de los pensionistas alimentó el malestar social y las protestas en las calles.

3. En 2020, en un aparente acto de contrición, el PP apoyó las recomendaciones del Pacto de Toledo que incluían un inequívoco compromiso de mantenimiento del poder de compra de las pensiones, en línea con la actuación del gobierno socialista desde 2018. A pesar de ello, el PP voto en contra de la Ley 21/2021 que blindó la revalorización anual de las pensiones e incluso presentó durante su tramitación una enmienda de totalidad para la devolución del proyecto de ley (BGCG, septiembre 2021). Más allá del exceso verbal de calificar la iniciativa como “contraria a los intereses de los españoles”, el PP expresaba un compromiso débil con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones al explicitar que la regla de actualización “… requiere adoptar medidas responsables y establecer mecanismos de adaptación a variaciones macroeconómicas y debe tener en cuenta circunstancias como la esperanza de vida”.

Lo más grave de estos antecedentes es que revelan una concepción de la revalorización como una simple decisión de política económica que permite incrementar o no las pensiones en función de la coyuntura. No, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no es una decisión arbitraria del gobierno de turno, sino un derecho. Olvida el PP que la sociedad española considera esencial el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensionistas porque una vez que salen del mercado de trabajo no tienen capacidad de reacción económica: no ofrecerles esta garantía genera incertidumbre por la amenaza de empobrecimiento. Este es el debate que la Ley 21/2021 (‘de garantía del poder adquisitivo de las pensiones’) pretendía dejar atrás, pero que parece estar en juego el próximo domingo.

________________________

Borja Suárez Corujo es secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.