11 de las 17 autonomías siguen sin recuperar la inversión sanitaria de antes de la crisis

La recuperación sigue sin llegar a los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas. El último informe Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acredita que 11 de las 17 autonomías no han recuperado la inversión sanitaria de antes de la crisis. Es decir, que los fondos consignados a esta partida en sus presupuestos para 2017 continúan siendo inferiores a los asignados en 2010, cuando las cuentas sanidad pública española alcanzaron, de media, sus cotas más altas. 

Por comunidades, Murcia, con 208,1 millones de euros menos (-10,5%); Cataluña, con un recorte de 1.012,2 millones de euros (-10,2%); y Castilla-La Mancha, con un tijeretazo de 282,8 millones de euros (-9,7%); son las tres que más han reducido su presupuesto sanitario público entre 2010 y 2017. Les siguen La Rioja, con 36,3 millones de euros menos (-8,8%), Extremadura, con un recorte de 128,2 millones (-7,6%); Andalucía, con una reducción de 501,3 millones (-5,1%); y Canarias, con una disminución de 138 millones de euros (-4,8%) entre ambos ejercicios. 

En otras cuatro comunidades los recortes han tenido una menor intensidad, si bien sus presupuestos siguen sin recuperar la inversión de antes de la crisis. Es el caso de Galicia, con una reducción de 114,8 millones de euros (-3,1%); de Castilla y León, con 32,7 millones de euros menos (-0,9%); de Aragón, con un recorte de 9,2 millones de euros (-0,5%); y País Vasco, con una rebaja de 9,5 millones de euros (-0,3%). 

En el otro extremo destacan Baleares, donde la inversión pública en sanidad es este 2017 un 26,9% superior a la de 2010 (316,2 millones de euros más); Madrid, con 554,5 millones de euros más (+7,8%); la Comunitat Valenciana, con una subida de 364 millones de euros (+6,4%); y Navarra, con una subida de 61 millones de euros (+6,2%). Aunque de manera más ajustada también se ha recuperado la inversión precrisis en Cantabria (+1,2%) y Asturias (+0,1%). 

En cualquier caso, es importante reseñar que más allá de que algunas autonomías sí estén recuperando la inversión previa a la crisis, los recursos perdidos a causa de los recortes dejan un agujero de alrededor de 22.000 millones de euros si se tiene en cuenta todo el dinero que se dejó de invertir en sanidad durante 2012, 2013, 2014 y 2015 –los años de mayores restricciones presupuestarias– respecto a lo consignado en 2010. 

Indicadores a la baja 

Con este escenario, no resulta sorprendente que se estén encendiendo algunos indicadores posibles de alarma. A saber: aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, saturación de los servicios de urgencias hospitalarias, pérdida de calidad asistencial en los centros de atención primaria, fuga de profesionales sanitarios a otros países, declive de la investigación biomédica... 

Los colectivos de defensa de la sanidad pública y los sindicatos insisten en que el empeoramiento de todos estos indicadores tiene consecuencias sobre la calidad de la asistencia en el sistema sanitario público. En segundo término los colectivos profesionales ponen el acento en los efectos que la mayor carga de trabajo, las peores condiciones laborales y la mayor presión asistencial tienen sobre el personal.

"La caída de la inversión en la sanidad pública está generando un claro deterioro de la calidad asistencial del que los trabajadores del sistema nos vemos afectados en un doble sentido, como usuarios y como empleados por la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de nuestras condiciones laborales", señala la enfermera Gracia Álvarez, actual secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT. Álvarez califica de "grave problema" que "prácticamente" no se sustituyan las ausencias, lo cual repercute en un aumento de la demora para los pacientes especialmente en época de picos de demanda, así como en mayores situaciones de estrés para los profesionales.

La representante de UGT destaca especialmente la afectación de los recortes en la denostada atención primaria, un servicio muy relevante por su carácter de entrada al sistema sanitario. Según datos de la Organización Médico Colegial, la institución que agrupa a todos los colegios de médicos de España, el 40% de los facultativos de atención primaria tiene asignados cupos de 1.500 pacientes o más, lo que supone una media de cuarenta citas por jornada. 

Atención primaria, la "gran perdedora de los recortes"

El doctor Manuel Martín, portavoz de la Federación de Asociaciones en defensa Sanidad Pública (FADSP), también considera que las restricciones presupuestarias son un rémora para afrontar algunos de los principales retos del sistema, el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas; e insiste en la importancia de cuidar la atención primaria, que ha sido, a su juicio, la "gran perdedora" de los años de recortes.

Martín señala que el sistema sanitario español, que ya estaba infrafinanciado antes de la crisis, sigue funcionando con normalidad a pesar de los recortes porque tenía una base sólida y cuenta con profesionales comprometidos que siguen sosteniéndolo a pesar del empeoramiento de sus condiciones de trabajo. No obstante, alerta sobre cuestiones como el deterioro de recursos o instalaciones que se están quedando obsoletas. 

Recortes en atención primaria: "No puedo trabajar con calidad porque no tengo suficiente tiempo"

Ver más

En este sentido, Martín saca a colación algunas de las medidas contenidas en la reforma sanitaria impulsada por el PP tras su llegada a la Moncloa con el objetivo de hurtar más de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. Recuerda que el decreto impulsado por la exministra Ana Mato consolidó un cambio de sistema: se perdió la universalidad –más de 870.000 inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada– y los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios.

Con esa reforma llegó el copago para los pensionistas que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta. A través de ese decreto también se puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo.

"Nosotros defendemos que hay que reponer los recursos perdidos a causa de los recortes, pero esperamos que esta recuperación del gasto no suponga un desvío de fondos a manos privadas", sentencia Martín, que recuerda que uno de cada seis euros del gasto sanitario público dedicado a las tres grandes partidas asistenciales (hospitales, atención medicalizada y residencial y atención ambulatoria) termina en empresas privadas a través de conciertos.