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Derechos Humanos

Adiós al poblado chabolista de El Walili, símbolo de las penurias de los trabajadores migrantes en Almería

Derribo del asentamiento chabolista El Walili, en la carretera de San José, el 30 de enero de 2023.

Á. M.

Adiós al poblado chabolista del El Walili, símbolo de las condiciones indignas de vida de numerosos trabajadores inmigrantes en Almería, sin los que sería imposible la existencia de la llamada "huerta de Europa". Pero el fin de este asentamiento no significa, ni mucho menos, el adiós a los problemas de los que vivían allí, en su mayoría hombres marroquíes y subsaharianos que trabajan en los invernaderos de la zona: entre 400 y 500, según diversas ONG; 240, según el Ayuntamiento de Níjar.

Una vez realizado el desalojo, la principal incógnita es qué será de los antiguos residentes, algunos de los cuales se habían desplazado estos últimos días a asentamientos similares ante la inminencia del derribo. El Ayuntamiento de Níjar, responsable del desalojo, ha ofrecido a los que lo necesiten un centro de acogida, donde "se les facilitará alojamiento y manutención en tanto se reevalúa individualmente cada caso".

“Ni dispositivo sanitario, ni servicios sociales, ni atención personalizada. El único objetivo que se ha conseguido es el de dispersar a las personas que habitaban el poblado hacia otros asentamientos menos visibles de la zona, para lograr que este asentamiento –en la carretera hacia el Parque Natural Cabo de Gata– no se perciba por los turistas. En ningún momento han pretendido proporcionar alojamiento digno a estas personas", denunció la Plataforma Derecho a Techo, que integra a nueve partidos políticos, ONG, sindicatos y asociaciones vecinales.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), valoró que el desalojo se produjera "en paz" y afirmó que, de las 254 personas censadas por los servicios municipales, este lunes fueron atendidas 180, de las que ya se han reubicado sesenta y "otras veinte están en proceso". Según la alcaldesa, otros antiguos residentes en El Walili se han movido a "viviendas alquiladas por otros trabajadores", lo que supone "una solución autogestionada". Actualmente hay 62 alojamientos protegidos en construcción, que se supone que, cuando estén terminados, ayudarán a tratar el problema. Las ONG críticas con el desalojo lamentan que no se haya esperado a su terminación.

Dos incendios a primera hora

Un dispositivo de en torno a medio centenar de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, con el apoyo aéreo de al menos un helicóptero, se encargó este lunes del desalojo forzoso del emblemático asentamiento chabolista de El Walili, también conocido como El Cruce y que tenía 15 años de antigüedad. El derribo es una iniciativa del Ayuntamiento de Níjar, que ha contado con respaldo judicial. Las chabolas se encontraban en situación precaria, con elevado riesgo de electrocución e incendios, con vertidos insalubres de aguas fecales. Nadie duda que era un lugar inadecuado para vivir. La clave está en que los críticos con el desalojo consideran que se ha hecho sin garantizar una solución alternativa a los expulsados.

El desalojo se produjo tras dos incendios que tuvieron lugar en torno a las 7.30 y 8.00 horas, respectivamente. El fuego obligó a actuar a los bomberos. El diputado senegalés de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye, desplazado a Almería, ironizó sobre los incendios, insinuando que habían sido provocados por quienes querían el desalojo. "Qué casualidad", declaró. La alcaldesa devolvió la insinuación y lamentó los "intentos de algunos por convertirlo [el desalojo] en una tragedia con dos incendios o intimidando a los moradores para que no subiesen a los autobuses con destino al centro de acogida y derivación".

Críticas al desalojo

El desalojo, que el Ayuntamiento justifica en la necesidad de preservar la seguridad de los residentes en el asentamiento, se produjo entre quejas de los residentes por la falta de tiempo para prepararse y ordenar pertenencias. Todo el proceso ha suscitado numerosas críticas. Los propios inmigrantes han denunciado que encuentran enormes dificultades para encontrar viviendas en alquiler y que residir en El Walili es lo que mejor les permite la llegada a sus lugares de trabajo, adonde con frecuencia deben llegar sin coche.

La Plataforma Derecho a Techo, de la que forma parte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una referencia en la defensa de la dignidad de las condiciones de vida de los inmigrantes en la comunidad, denunció este lunes que la voluntad del Ayuntamiento era "dispersar" a los trabajadores en un puñado de asentamientos menos visibles sin garantizarles un lugar donde residir con unos mínimos de bienestar. Dicha plataforma, en la que también están Unidas Podemos Níjar, Adelante Andalucía, Anticapitalistas, CGT, Nación Andaluza, SOC-SAT, la Asociación de Vecinos La Traíña y la Asociación La Resistencia, señaló que el fuego por la mañana había sido "sospechoso" y que el desalojo había estado "deshumanizado": “Nuestro objetivo es también acabar con el chabolismo y la infravivienda, pero no de esta manera, sin atender las necesidades más básicas de estas personas, sin informarlas y con un absoluto desprecio a sus derechos".

Preguntas a la Comisión Europea

Podemos ha dirigido dos preguntas por escrito a la Comisión Europea, porque el desalojo "va en contra del Pilar Europeo de Derechos Sociales" al dejar sin garantía el "derecho a la vivienda" de los antiguos residentes en el asentamiento.

"Hay sesenta guardias civiles y una trabajadora social, creo que la cosa habla por sí sola sobre cuál es la prioridad del dispositivo. Les están destrozando las casas, están a la intemperie pasando frío, sin saber nada del protocolo, asustados", afirmó el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, calificó de "vergüenza" y "grave ataque" a los derechos humanos lo ocurrido. Todos estos partidos exigen un techo garantizado para los expulsados.

El sindicato SOC-SAT, el de Diego Cañamero, ha llamado incluso a una huelga de trabajadores del campo en "solidaridad" con los expulsados. La Diócesis de Almería pidió la semana pasada que se paralizase el desalojo, sin éxito. "Las personas que residen en El Walili viven este proceso con incertidumbre, tensión, sospecha y miedos. Ven amenazado su frágil espacio vital y consideran que no hay una alternativa razonable para ellas. No parece que, a lo largo del proceso, se les haya considerado como sujetos adultos y protagonistas de su historia", alertó el obispado la semana pasada.

El Ayuntamiento destacó que en el operativo instalado junto al albergue municipal, preparado para atender a hasta 500 personas, ha participado personal de Cepaim, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Hermanas Mercedarias y Almería Acoge.

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