Agresiones sexuales, matrimonios forzados, mutilación genital: Europa insta a España a ampliar el foco de la violencia machista

España va por el buen camino, pero las tareas pendientes son todavía cuantiosas. La lucha contra la violencia de género requiere de compromisos firmes, medidas garantistas y políticas de continuidad. Un entramado que recoge el Convenio de Estambul, un acuerdo internacional ratificado por nuestro país y que constituye la base de la lucha contra la violencia machista en todas sus expresiones. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio), dependiente del Consejo de Europa, publicó su primer informe de evaluación sobre las políticas que, en aplicación del acuerdo internacional, desarrolla España. Los resultados que este viernes ha recogido y expuesto el Ministerio de Igualdad, son prometedores, pero dejan un sabor de boca agridulce: todavía queda mucho por hacer.

Desde el año 2004, España ha sido "internacionalmente reconocida por su ley pionera". La norma es la Ley Integral contra la Violencia de Género, uno de los principales hitos en materia de igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que sentó precedentes en la lucha contra la violencia, pero que más de quince años después se queda corta en un aspecto básico: la definición de violencia de género. La ley ha dado sus frutos, subraya el organismo, los resultados son palpables y la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas es asumida como un problema en clave de género. Sin embargo, matiza, la violencia fuera de las relaciones de pareja queda en un segundo plano.

Si bien existe legislación, políticas y discursos alrededor de la violencia contra la mujer, concede la entidad, su contenido se encuadra eminentemente en torno a la violencia en pareja. "Formas de violencia como la sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina o la esterilización forzada están menos integradas en la ley y la política". En este contexto, Grevio se detiene en una cuestión competencial: la prevención y el combate de la violencia machista es responsabilidad compartida entre Gobierno y comunidades, de manera que existen "importantes diferencias en el alcance de la legislación regional, la prestación de servicios y la financiación asignada". La primera comunidad en aprobar su propia ley para combatir la violencia de género fue Castilla-La Mancha en el año 2001, desde entonces la mayoría de las leyes autonómicas han avanzado hacia enfoques integrales que tengan en cuenta otras formas de violencia. Todas las leyes, salvo la asturiana y la extremeña, ajustan el concepto de violencia contra las mujeres al Convenio de Estambul y evitan limitar la definición al marco de la pareja o expareja.

Grevio constata la existencia de "esfuerzos" para trasladar a la política y a la legislación española el dictado del tratado internacional. El Código Penal, de hecho, asume actualmente una revisión para incluir esta perspectiva. También se han dado pasos sin precedentes que han conducido a la firma de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una hoja de ruta de cinco años que "identifica muchas deficiencias" en la lucha contra la violencia y que, de ser resueltas, "impulsarán a España hacia un cumplimiento más completo del Convenio de Estambul". Algunas de las propuestas del órgano han sido ya escuchadas por el Gobierno y de hecho el Ministerio de Igualdad prevé pasos inminentes en la dirección correcta. Este año, detalla el departamento de Irene Montero, se impulsará la Ley de Libertad Sexual, la Estrategia Nacional contra la Violencia Machista 2021-2025, la mejora del 016 para dar respuesta a todas las formas de violencia machista y la ampliación del sistema de recopilación de datos.

Participación, sensibilización, educación

El completo estudio del Consejo de Europa pone la lupa sobre las políticas españolas en todas sus vertientes. En ese análisis elogia los logros, pero también identifica las grietas. En el terreno de la prevención, el organismo cree importante que las autoridades españolas se esfuercen en lograr una participación más activa de la sociedad en general, pero en particular de "los hombres y los niños", a través de programas preventivos, campañas y otras medidas que incluyan nociones básicas como "el respeto de la autonomía sexual y el consentimiento, la conciencia ante el acoso y la violencia contra la mujeres a través de las nuevas tecnologías.

En la tarea de educar, el grupo de expertos percibe una brecha entre lo dispuesto en las leyes y lo aplicado en la práctica. Si bien existe un marco jurídico "favorable que hace de la igualdad de género uno de los objetivos del sistema educativo", lo cierto es que no hay suficientes evidencias de su efectividad. "La materia Ética en Valores, que los alumnos pueden cursar en lugar de Religión durante la Educación Secundaria, parece incluir contenido sobre igualdad y violencia de género, pero faltan datos para evaluar la proporción de alumnos matriculados en esta asignatura, así como su impacto". El reto queda una vez más en manos de las comunidades y sólo algunas lo abordan mediante planes de acción, cursos o talleres específicos.

El asunto se recrudece en lo relativo a la educación sexual, la gran ausente del currículum. Grevio reprocha que la sexualidad se aborde únicamente desde una perspectiva biológica, pero al margen de nociones como el consentimiento, el respeto mutuo o el impacto de los estereotipos de género en las relaciones. Esta ausencia conduce a que los jóvenes acudan a internet como principal fuente de información, con las consecuencias que ello acarrea en cuanto a la perpetuación del sexismo. Grevio entiende que la recién aprobada reforma educativa servirá para "incorporar estas nociones" en las aulas.

Detectar las señales

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Detectar la violencia es otro de los grandes ejes de la estrategia contra el machismo. En esta esfera, el organismo recuerda el papel de los profesionales sanitarios. La falta de formación, así como la ausencia de planes específicos, hace que en muchas ocasiones los profesionales no identifiquen la violencia, especialmente en las zonas rurales. Grevio recuerda además la importancia de mejorar la calidad de los informes de lesiones para asegurar su utilidad en los procedimientos penales. Y para ello, recalca, es clave un plan coordinado y exhaustivo que regle el modo en que los profesionales deben detectar cualquier señal que sugiera un posible caso de violencia machista.

Una vez identificada la violencia, las mujeres deben disponer de los recursos necesarios para poder salir. También ahí se detiene el órgano, cuyos expertos creen importante mejorar la accesibilidad, eliminar las brechas que brotan entre las comunidades y facilitar la información en un idioma y formato comprensible para todas las víctimas.