Operación Púnica

Aguirre figuraba como autorizada en dos cuentas que el PP usó para saltarse en 2011 el límite de gasto electoral

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid este lunes.

Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid y del PP en esa comunidad, figuraba como “autorizada” en dos cuentas bancarias que, según la Guardia Civil, se utilizaron para abonar al margen de la ley gastos del partido en la precampaña y la campaña autonómica de 2011. Los otros tres exdirigentes del PP madrileño que tenían poder de disposición sobre ambas cuentas –una de ellas titularidad del partido y la otra, de la fundación Fundescam– permanecen imputados. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado incorporado a las actuaciones de la Operación Púnica en enero sostiene que en esas elecciones, que proporcionaron a Aguirre su mayoría absoluta más holgada, el PP madrileño gastó 6.200.000 euros, el doble de lo que le permitía la legislación electoral (3.229.342 euros). 

Las dos cuentas se localizaban en la extinta Caja Madrid. El informe de la UCO hace constar dos veces en sendas notas a pie de página que, en 2011, Aguirre y otros tres antiguos cargos del partido eran los autorizados en la primera de ellas, destinada a cubrir el coste de las actividades ordinarias del PP madrileño. Esos tres cargos eran Francisco Granados, en 2011 número dos del partido en la Comunidad y cuya detención en 2014 marcó el estallido del caso; el ex gerente regional de la formación conservadora, Beltrán Gutiérrez, y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que hasta 2008 había sido tesorero del PP madrileño.

Junto con el informe, la Guardia Civil ha remitido al juez instructor de Púnica, Manuel García Castellón, el extracto de movimientos de esa cuenta entre el 1 de agosto de 2006 y el 7 de julio de 2016. Aunque Aguirre se mantuvo al frente del PP madrileño hasta febrero de 2016, su nombre desapareció ya en 2013 de la relación de autorizados en la cuenta de funcionamiento del PP y de todas las que pertenecían al partido. A partir de ese año, se incorporó Ignacio González, a quien en septiembre de 2012 Aguirre había cedido el testigo de la jefatura del Gobierno de Madrid y que en noviembre de 2011 ya había tomado el relevo del defenestrado Francisco Granados como secretario general del PP regional.

Respecto de la cuenta de Fundescam analizada por el informe, sus autores no mencionan a Aguirre. Pero la documentación bancaria ya aportada con anterioridad al juez por la Agencia Tributaria confirma que la lista de autorizados en 2011 era exactamente la misma que la de la cuenta de funcionamiento ordinario del partido. Sus movimientos están en poder de la Audiencia Nacional desde febrero de 2017.

Siempre de acuerdo con el informe policial, la cuenta de funcionamiento ordinario se utilizó para sufragar gastos electorales pese a la prohibición legal expresa de tal práctica. ¿Cómo se hizo? Previa falsificación de la fecha en que se habían celebrado los actos y del concepto por el que se emitía la factura, lo que implicó que las empresas proveedoras de servicios accedieran a ser casi literalmente monitorizadas por el PP. Es decir, redactaban la factura siguiendo las indicaciones del gerente sobre fecha y concepto. Y en función de lo que este les indicase, la dirigían bien al partido, bien a Fundescam.

El falseamiento perseguía que los actos electorales quedasen datados con anterioridad al inicio de la campaña y pudieran así ser camuflados como actividades del día a día. O, por usar las palabras textuales del informe policial, la meta consistía en "enmascarar gastos electorales del Partido Popular en la campaña electoral a la Asamblea de la Comunidad de Madrid del año 2011".

Los documentos intervenidos al exgerente Beltrán Gutiérrez y a varios de los empresarios que participaban en la trama llevan a la Guardia Civil a asegurar que ya hay "sólidos elementos probatorios" de la operativa de dopaje económico. Los investigadores sostienen que, además de las facturas falsas, la caja B regional rindió importantes servicios a la campaña electoral del PP en 2011: según la UCO, de esa caja con dinero negro o "fondos de origen desconocido", salieron al menos 1,25 millones de euros.

Relevo tardío en la cuenta de Fundescam

La segunda cuenta bajo la lupa de los investigadores era titularidad de la fundación Fundescam, cuyo protagonismo en el engranaje de financiación opaca del PP se remonta ya a 2003. También en 2011 –dice el citado informe de la UCO–, Fundescam "vuelve a ser utilizada para desviar fondos públicos otorgados a través de subvenciones".

"Los elementos probatorios" documentales y los derivados de distintas declaraciones –destaca el informe de la UCO– "pondrían de manifiesto cómo diversos gastos del partido, tales como cenas de navidad, gastos de la celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas" y sondeos de intención de voto "fueron abonados a través de facturas falsas" endosadas a Fundescam. Y esas facturas falsas, continúa la UCO, "fueron incorporadas por Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez al expediente de una subvención de dinero público concedida a Fundescam". La Guardia Civil cifra en 109.827 euros el importe "defraudado" por la fundación pantalla. Entre los actos del PP que salieron de las arcas de Fundescam la UCO incluye un acto protagonizado en un colegio mayor de Madrid en marzo de 2012 por Pablo Casado, en aquella etapa presidente de Nuevas Generaciones de Madrid.

En las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011, hacía más de un año Aguirre ya había cesado oficialmente como presidenta del patronato de Fundescam. Sin embargo, los datos remitidos en 2017 por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica constatan que ni la nueva presidenta, la todavía diputada Gádor Ongil, ni la nueva secretaria general, la también diputada autonómica Ana Camins, aparecen como autorizadas en la cuenta de la fundación hasta 2012.

 

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