Movimiento antitaurino

Los animalistas redoblan su oposición a los toros en previsión de un fallo adverso del TC

Las asociaciones animalistas encaran el fallo del TC en Cataluña redoblando su oposición a las corridas de toros

Los grupos animalistas de todo el país, y especialmente de Cataluña, se han colocado ya en la línea de salida de lo que previsiblemente será una carrera de fondo en la lucha por la abolición total de las corridas de toros, cuestión que parecía superada en Cataluña pero que el Tribunal Constitucional (TC) amenaza con revertir. El organismo debate anular el veto de la Generalitat, vigente desde el año 2010, tras un recurso interpuesto entonces por el PP catalán. El TC anunciará en las próximas semanas su decisión al respecto, pero las asociaciones en pro de los derechos de los animales preparan ya todo el cargamento necesario para rebatir una posible sentencia en contra de la prohibición.

Hace seis años, Cataluña fue referente en la lucha animalista al eliminar las corridas de toros en la comunidad, con 68 votos a favor y 55 en contra. Apenas tres meses después, el PP presentó un recurso basado en la presunta vulneración de hasta cinco artículos de la Constitución.

Entre los posibles argumentos contra la abolición, se barajan la protección de minorías culturales, la libertad de empresa, el blindaje como patrimonio cultural o la invasión de competencias. En este sentido, Leonardo Anselmi, el coordinador de la plataforma Prou, que impulsó la iniciativa abolicionista en Cataluña, señala que es necesario "leer la sentencia para tener claros los argumentos", antes de "aventurarse". No obstante, matiza, respecto a la cuestión competencial "evidentemente tenemos las competencias en Cataluña, porque las tuvimos para prohibir las peleas de perros o de gallos, y las tuvo Canarias para prohibir las corridas de toros en los noventa", de modo que las competencias, sostiene, "son sobradamente manifiestas en el momento en que existe un precedente que determina que pueda haber una situación similar posterior". De hecho, continúa, "las competencias sobre protección animal están 100% transferidas a las comunidades autónomas".

En cuanto al blindaje que otorga al festejo la categoría de patrimonio cultural desde el año 2013, el activista se muestra categórico en su valoración: los efectos "definitivamente" no pueden ser retroactivos. "No puede aplicarse una norma de esas características con efecto retroactivo, y no puede aplicarse cuando el único resultado de dicha aplicación será una retracción de competencias a las autonomías", zanja Anselmi.

Reacción animalista

"La reacción del movimiento animalista es prácticamente una constante", reivindica Anselmi, quien por otro lado añade que todo parte de "un gran esfuerzo" conjunto. El activista no duda en que "una respuesta de estas características va a generar un fuerte grado de indignación", algo que conlleva la responsabilidad de sopesar "la manera en que debe canalizarse y administrarse". "Tenemos que ver de qué manera el movimiento animalista se reordena, se rearma y vuelve a la carga de una manera estratégica y organizada", reflexiona.

A día de hoy, y a la espera del fallo que emitirá el Constitucional, las plataformas en defensa de los derechos de los animales ya se han puesto en marcha. La propia Prou ha dibujado ya su hoja de ruta ante una posible estimación del recurso interpuesto por los conservadores. "Pretendemos trabajar en tres líneas, una de ellas va a estar estrictamente ligada a las razones que nos dé el TC en su sentencia", adelanta Anselmi. Las dos líneas restantes atañen, por un lado, a un "formato de denuncia internacional desde el ámbito jurídico, en tribunales superiores de defensa de los derechos humanos", continúa el animalista, porque "aquí han sido vulnerados nuestros derechos políticos, y los derechos políticos están recogidos dentro de las cartas y declaraciones de derechos humanos". Además, añade Anselmi, "no hay que olvidarse de que esto fue fruto de una iniciativa legislativa popular, y desde este punto de vista es evidente que no pueden a golpe de martillo abolir la voluntad popular de la gente". Otra de las acciones a nivel internacional que tienen prevista apuntaría a un recorrido por países europeos y latinoamericanos, a través de una serie de reuniones "para explicar a la comunidad internacional qué está sucediendo aquí y de qué manera se están vulnerando nuestros derechos políticos y democráticos".

Finalmente, Prou apuesta por "reinstrumentar las estrategias del movimiento animalista y particularmente del antitaurino" mediante una labor dirigida a las instituciones. "Hemos tenido un gran avance en el último año y medio, desde que las candidaturas de unidad popular llegaron a algunos ayuntamientos, y hemos visto cómo a base de quitar subvenciones y ayudas públicas se fueron eliminando las corridas de toros", celebra Anselmi, que en este sentido subraya la necesidad de "trabajar en esa misma línea, siguiendo con la política municipal, porque en la nacional hay escasas posibilidades de éxito y con la autonómica se está intentando retraer las competencias".

Otra de las decisiones inmediatamente tomadas por los animalistas viene de la mano del Pacma, que ha convocado para este viernes una manifestación frente a la plaza La Monumental de Barcelona. Según la presidenta del partido, Silvia Barquero, los animalistas ya han empezado a trabajar en una campaña cuyo primer paso se plasmará en la marcha que esperan "sea multitudinaria por el simbolismo". Se trata de la primera de una serie de manifestaciones que preparan en "todas las capitales del país" porque "ahora es el momento de reivindicar la necesaria prohibición demandada por la ciudadanía".

A juicio de Barquero, el debate sobre la permanencia de las corridas está ahora más candente que nunca. La tauromaquia "está en clara decadencia porque la sociedad ha entendido que es sinónimo de maltrato animal y que forma parte del pasado, no del futuro". Una interpretación que, a su entender, debe de conllevar efectos reales no sólo en Cataluña, sino también a nivel estatal. "Llevaremos a cabo una campaña de presión social y acciones políticas y legales para prohibirla en todo el territorio", asegura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ya contempla las medidas a tomar ante un posible intento de recuperar las corridas de toros en la comunidad. Tal y como adelantó el diario El Periódico, y como han confirmado fuentes del Consistorio a infoLibre, el equipo de Ada Colau trabaja desde "hace más de un año", y "de forma interna", sobre un informe jurídico "por si la sentencia estima que la Generalitat no tenía potestad para prohibir los toros". El documento, señalan, "ofrece diferentes alternativas"que serán revisadas por el servicio jurídico del Ayuntamiento una vez se produzca el fallo del Constitucional. "A parte de las normativas propias del Ayuntamiento, quien rige es la Generalitat de Cataluña", de modo que "por un lado hay que esperar a la sentencia y a que los servicios jurídicos vean qué opciones hay, y por otra parte hay que ver qué hace el órgano superior, que es la Generalitat".

Efectos sobre otras comunidades

"Es más que probable que el fallo afecte a la tramitación de legislaciones muy similares en las autonomías", lamenta Leonardo Anselmi. Todas las miradas recaen ahora sobre Baleares, que hasta el momento se postula como la tercera comunidad en prohibir las corridas de toros –después de Canarias en 1991 y Cataluña en el 2010–.

En octubre del pasado año, Podem, PSIB-PSOE, la coalición Més y el partido Gent per Formentera (GxF) presentaron una proposición no de ley para que 2016 fuera el fin de este tipo de festejos. Finalmente, el Parlamento balear inició en febrero los trámites para prohibir las corridas y cualquier otro espectáculo que cause sufrimiento animal, a través de una reforma de la ley 1/1992. La modificación"entró en pleno en el Parlament y se tomó en consideración", relata para este medio el diputado de Podem Baltasar Picornell. "Quedaba la tramitación del periodo de presentación de enmiendas, que tenía que entrar en junio pero se aplazó por las fiestas de Sant Joan de Ciutadella en Menorca", continúa, de modo que "la ponencia para la negociación de enmiendas se producirá el 19 de este mes".

La citada norma, en vigor desde 1992, establece que "el sacrificio de los animales se efectuará de forma instantánea o indolora, y siempre con aturdimiento del animal o pérdida de conciencia del mismo, a excepción de las corridas de toros y tiradas al pichón". El objetivo animalista es eliminar la salvedad del festejo taurino, y con ello suprimir además toda forma de protección o fomento mediante subvenciones, inversiones, beneficios fiscales o financiación pública de este tipo de celebraciones.

El diputado balear admite que la sentencia del Tribunal Constitucional puede suponer un obstáculo para los impulsores de la proposición, pero "la intención es tirar para adelante". Los partidos que respaldan la iniciativa se agarrarán a uno de los argumentos fundamentales en su exposición de motivos. "La prohibición de las corridas de toros no implica la prohibición de la tauromaquia, regulada como patrimonio cultural en la ley 18/2013, del 12 de noviembre", reza el documento registrado en el Parlament balear. Entendida la tauromaquia como una "expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español" y por extensión comprendida en el concepto "toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma", la desaparición de las corridas "no impide el desarrollo y pervivencia de la tauromaquia". 

Picornell entiende que dicho argumento trata de proteger la vertiente artística de la tauromaquia al tiempo que apuesta por la abolición de las corridas como expresión contraria a la protección de los animales, algo que entiende como "un punto a favor" para "seguir adelante e intentar salvar" la iniciativa que desde hace un año aspira a convertir a la comunidad en territorio libre de maltrato animal.

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