Un año de ‘marea blanca’ contra la privatización sanitaria en Madrid

El presidente madrileño, Ignacio González, reveló su plan de cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha hace justo un año. El 31 de octubre de 2012, en la rueda de prensa en la que desgranó las líneas básicas de las cuentas de la Comunidad para 2013 anunció, entre otras medidas, la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. Aseguró, además, que entre los planes de su Ejecutivo estaba implantar el euro por receta, convertir en geriátrico el hospital de La Princesa y en centro de larga y media estancia el Carlos III o allanar la entrada del capital privado en la parte no sanitaria de todos los hospitales públicos. Era el mayor proceso privatizador de la historia de la sanidad española. Y la voluntad era hacerlo rápido, en menos de un año.

El Gobierno regional –sustentado por la mayoría absoluta del PP– se las prometía fáciles a pesar de tener a toda la oposición en contra. Sin embargo, doce meses después, la única medida que avanza con paso firme es la externalización de servicios no sanitarios como la cocina, la lavandería, la limpieza o el mantenimiento. El resto están paralizadas por decisión judicial –partidos, sindicatos y asociaciones profesionales acudieron a los tribunales– o por la presión de las protestas de los trabajadores y usuarios que sostienen que el plan, de llevarse a cabo, disminuirá la calidad asistencial. 

De forma inesperada, el sector sanitario, tradicionalmente conservador y poco dado a la movilización, comenzó a dar la batalla primero en la calle y en los centros de trabajo con huelgas y manifestaciones y después en los tribunales. El centro de su movilización fue la defensa del sistema público y la crítica al pretendido ahorro de 200 millones de euros con el que Sanidad justificó el proceso. Lo cierto es que la adjudicación de la gestión de seis hospitales a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL está paralizada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras una denuncia de la asociación de facultativos AFEM. El hospital de La Princesa, un centro de referencia que la consejería quería convertir en geriátrico, mantiene a día de hoy las urgencias y el servicio para la población de referencia. Sus trabajadores y usuarios hicieron encierros durante semanas en señal de protesta. Sobre los centros de salud, la última noticia es que serían 4 y no 27 los centros privatizados, aunque el concurso no se ha llegado a presentar. Y el Gobierno regional también renunció al polémico euro por receta después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su implantación. 

No obstante, el Gobierno autonómico sigue empeñado en demostrar que las decisiones judiciales no trastocan sus planes privatizadores. En el avance de las cuentas públicas para 2014 que este martes anticipó el presidente madrileño, González señaló que el proyecto sigue contemplando la rebaja de 130 millones de euros al año que el Gobierno regional espera ahorrar aplicando esa medida. "Pensamos que eso lo vamos a poder mantener y llevarlo adelante, sino tendremos que seguir haciendo ajustes en el gasto", advirtió el jefe del Ejecutivo madrileño.

A pesar de esto, un año después el balance es "positivo". "Conseguimos lanzar un mensaje profesional al margen de ideologías y generar una esperanza social", dice Patricia Alonso, geriatra y miembro de AFEM, el colectivo impulsor de la marea blanca que arrastró a trabajadores y usuarios en la protesta contra este plan privatizador. Esta profesional con años de experiencia en la sanidad pública asegura haber recibido con "sorpresa" el despertar de su sector. "Conseguimos salir del individualismo, unirnos en una sola voz, pero esta es una carrera de fondo", señala. 

En general, entre los profesionales sanitarios que se oponen a la privatización hay un ambiente optimismo. Dicen confiar en la movilización y en que la Justicia paralizará definitivamente el proceso. Ángel Serrano, médico del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de Los Reyes, uno de los que la Comunidad quería privatizar su gestión, es una excepción. A su juicio, la movilización de estos últimos doce meses ha supuesto un "despertar en las conciencias de la gente", pero no un cuestionamiento a fondo de las carencias del modelo público. "Lo que hay que hacer es plantear una alternativa de verdad, ver que esto es una responsabilidad de todos y no protestar sólo cuando vemos peligrar nuestras condiciones de trabajo. Es necesario que haya más control", amplía. 

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Una privatización de largo recorrido 

El doctor Marciano Sánchez Bayle, que participa en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que el de la sanidad madrileña es "una privatización de largo recorrido". La puerta al cambio de modelo la abrió la Ley de Ordenación Sanitaria de 2001, que incluía la separación entre la financiación y la provisión de servicios y daba al Gobierno la potestad de crear entidades con personalidad jurídica propia adscritas a la Consejería de Sanidad. Tres años más tarde llegó el plan integral de reducción de la lista quirúrgica que fomentó la "derivación sistemática de operaciones a centros privados". Y en 2009 la libre elección del profesional médico y de enfermería, así como del servicio de atención especializada. "La consecuencia de todo esto es una sanidad pública progresivamente desfinanciada y un cambio de modelo sanitario".

Sánchez Bayle señala que en todo este proceso los hospitales públicos madrileños han sufrido un doble proceso de deterioro. "Por un lado han visto cómo disminuía su personal y sus presupuestos y, por otro, se ha incrementado la demanda de pacientes de alta complejidad que son derivados desde el sector privado o semiprivado", culmina.