Acuden al Defensor para denunciar que residencias privadas no cumplen en Madrid la Ley de Dependencia
Pladigmare (Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias) ha presentado este miércoles 11 de abril una queja ante el Defensor del Pueblo por lo que consideran una "actitud fraudulenta" y una total "deslealtad institucional" por parte de la Comunidad de Madrid en las 271 residencias privadas no concertadas.
El motivo de esta demanda, al que ha tenido acceso infoLibre, derivaría del "incumplimiento" de la autonomía madrileña en relación a la Ley de Dependencia, cuya resolución del 2 de diciembre de 2008 establecía el ratio de personal como requisito indispensable para llevar a cabo la acreditación de este tipo de residencias, obligando a un ratio total de 0,47 (es decir, 47 trabajadores por cada 100 residentes), compuesto por un 0,28 (28 para cada 100) de gerocultoras y un 0,19 (19 para cada 100) para el resto de los trabajadores.
La asociación afirma que la Comunidad de Madrid se lleva sirviendo 16 años de la Orden 612/1990, en la que no existían grados de dependencia sino un ratio de personal concreto para residentes no válidos. Este ratio de personal es del 0,35 (35 para cada 100 residentes) y disminuye en hasta 12 el número de trabajadores presentes en estas residencias. "Hemos aplicado cuatro actas de inspección y los datos están más que corroborados, están defraudando a los mayores y a los familiares", asevera Miguel Vázquez, presidente de la asociación.
Las residencias de plazas no concertadas, al no estar ligadas a subvenciones públicas (sin presencia de plazas públicas), presentan las PEVS (Prestación Económica al Servicio) o cheques-servicio, que funcionan como ayudas económicas tanto para aquellas personas mayores con dependencia como también para las familias que financian su atención.
"Las residencias concertadas presentan unos ratios mejores que las no concertadas y, aunque la ratio vigente desde 2008 para estas últimas no sea suficiente, que menos que cumplir con las exigencias fijadas y no impartir en cambio unos servicios inferiores", afirma Vázquez.
Es por eso que Pladigmare considera que la Comunidad de Madrid "ignora deliberadamente" las condiciones impuestas para la acreditación de los centros residenciales privados que no tengan plazas concertadas, perjudicando durante estos años notablemente la atención de las personas mayores dependientes que viven en residencias privadas sin plazas concertadas.
Como consecuencias, resaltan una "evidente falta de personal médico" que asienta una "diferencia entre la calidad de atención y trato a los mayores entre Madrid y las demás comunidades autónomas" y hacen de "peor condición a los mayores con dependencia ubicados en la capital".
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"Definitivamente, la Comunidad de Madrid, después de lo que pasó con las residencias en la pandemia y con la no derivación a hospitales, no es lugar para personas mayores", concluye con rotundidad el presidente de la asociación.
La comunidad responde y habla de una nueva orden de acreditación
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado que el Ejecutivo autonómico votó en contra de los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia de 2022 por "carecer de memoria de impacto económico ni dotación presupuestaria por parte del Gobierno". Han incidido, además, en que el Ejecutivo central debe aportar la mitad de la financiación de la dependencia, "como se comprometió con el PNV y BNG", pero que el año pasado "apenas alcanzó el 31% total de la inversión destinada a personas dependientes" en la autonomía y que el resto, el 69%, corrió a cargo de las arcas de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, han apuntado a que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está trabajando ya en una nueva orden de acreditación para todos los centros y servicios sociales de la región. Y los pliegos de los centros concertados ya se están diseñando con ratios superiores a lo que exigirá el Estado en diciembre de 2027.
