La Audiencia investiga todos los encargos del BBVA a Villarejo a lo largo de casi 15 años

La Operación Trampa, aquella en la que durante 2004 y 2005 el entonces comisario José Manuel Villarejo espió por encargo del BBVA a políticos, empresarios y periodistas para desactivar la entrada del grupo inmobiliario Sacyr en el accionariado del banco, no fue un episodio aislado sino un eslabón en lo que ya se perfila como una larga cadena. Sustentada en el ingente volumen de documentación intervenida a Villarejo y su círculo, esa es la premisa bajo la que la investigación judicial sobre el BBVA y sus pagos a Villarejo examinará con lupa y de forma conjunta no solo aquel espionaje a gran escala sino la serie completa de trabajos de inteligencia que el policía realizó para la entidad a lo largo de casi tres lustros. 

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras del caso, que no han precisado si el análisis de las notas, los informes, las grabaciones y las facturas incautadas al expolicía y su círculo han sacado a la luz otros eventuales encargos del BBVA adicionales a los ya conocidos.

Otras fuentes jurídicas sondeadas para esta información subrayan que la investigación conjunta –es decir, en una misma pieza cuyo nexo común es el BBVA como cliente– de todas las presuntas operaciones ilegales realizadas por Villarejo para el banco reafirma la tesis de que el policía urdió una trama criminal con actividades sostenidas en el tiempo. Y eso enlaza con la también presunta existencia de un delito continuado, lo que aleja el riesgo de prescripción: tanto para Villarejo como para sus potenciales cooperadores y cómplices.

De la relación sostenida entre el BBVA y Villarejo ya han trascendido tres hitos desde el estallido de la Operación Tándem, que en noviembre de 2017 provocó el ingreso en prisión y con carácter preventivo del hombre cuyo apellido opera hoy casi como sinónimo de las denominadas cloacas del Estado. De esos tres hitos, el más importante por su magnitud y sus implicaciones políticas y económicas, es el del espionaje de Sacyr, cuya datación comienza en 2004 y que en apariencia constituye la primera misión realizada para el BBVA. 

El segundo es el del exhaustivo rastreo sobre el emporio societario de la hoy desaparecida asociación de usuarios de banca Ausbanc y sus relaciones con jueces, desarrollado en los primeros años de la actual década. Y, de momento, el tercero y último es el contrato que en 2016 suscribió de nuevo el banco con el policía con el objetivo oficial de que auditase la seguridad de un crucero en el que planeaba hacer una travesía por el Egeo el entonces presidente de la segunda entidad financiera del país, Francisco González.

Bautizada por el propio Villarejo en sus informes como "Proyecto Trampa" o Trampa, la guerra sucia pagada por el BBVA para impedir que Sacyr tomase posiciones en su accionariado no se limitó a rastrear con medios ilegales de qué posibles aliados disponía la constructora, lo que implicó pinchar llamadas del propio recinto gubernamental de la Moncloa durante los primeros meses del recién formado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En línea con las tácticas de extorsión que la investigación ha ido destapando, Villarejo y los suyos hurgaron en la vida privada de los espiados y recabaron información sobre sus relaciones sentimentales, sus hipotéticos problemas con Hacienda, cualquier sospecha sobre su patrimonio y cualquier otra irregularidad susceptible de convertirse en arma para disuadirles de apoyar a Sacyr. 

Cobros millonarios

Por lo que se sabe a día de hoy, y utilizando su agencia privada de investigación, Grupo Cenyt, Villarejo ha cobrado del BBVA más de seis millones de euros. La cifra no está por completo cerrada, aunque el llamado modelo 347 de Hacienda, un clásico en todas las investigaciones sobre corrupción y que refleja los pagos superiores a 3.000 euros efectuados a lo largo de un año y con destino al mismo proveedor, permitirá en última instancia trazar un dibujo preciso.

Tampoco está cerrada la investigación interna activada por el BBVA: que siga abierta fue el argumento que el viernes pasado esgrimió Carlos Torres, máximo responsable del BBVA, para mantener como "presidente de honor" a su antecesor en la presidencia ejecutiva, Francisco González. En enero, una vez aflorado el espionaje en torno a Sacyr, el BBVA ofreció un dato: que esa investigación interna había comenzado en junio, cuando todavía González regía la entidad. ¿Por qué en junio? Es una incógnita, pero lo cierto, y así lo ha confirmado este periódico, es que ese mes la Audiencia Nacional ya había comenzado a indagar sobre los trabajos de Villarejo respecto de Ausbanc para el BBVA.

La investigación sobre los nexos de Villarejo con el BBVA avanza en secreto desde el verano sin que el banco haya sufrido registros

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El encargo del equipo de Francisco González a Villarejo había saltado la barrera del secreto antes de que los digitales moncloa.com y elconfidencial lanzasen el 10 de enero la primera información sobre la Operación Trampa y sus 15.000 llamadas interceptadas de 3.925 teléfonos diferentes, entre ellos los del exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia nada menos que de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas. 

Ausbanc, y esa es una de las acusaciones que pesan sobre su principal directivo –Luis Pineda, preso preventivo en espera de juicio– extorsionaba al BBVA por su negativa a dar sostén financiero a la asociación. Villarejo, cuya posición de poder en el aparato policial le facilitaba el acceso a informaciones reservadas, desmenuzó en un amplísimo dossier la composición de la red mercantil de Luis Pineda, sus mecanismos para trasvasar las subvenciones de la asociación y las redes amistosas que mantenía con decenas de jueces en toda España, a los que invitaba –y pagaba– por su intervención en "foros jurídicos". 

En noviembre, elconfidencial publicó que el BBVA había camuflado con facturas de 60.000 euros sus pagos a Villarejo "por acabar con Ausbanc". Citando "fuentes cercanas a esa maniobra", el diario atribuía a la mano de Villarejo la denuncia anónima que en febrero de 2014 recibió la UDEF y que finalmente desembocó en una querella de la Fiscalía contra Pineda y su grupo. Las fuentes del caso consultadas por infoLibre aseguran que ese hecho no se ha acreditado. Al menos, de momento.