Operación Tándem

La investigación sobre los nexos de Villarejo con el BBVA avanza en secreto desde el verano sin que el banco haya sufrido registros

El presidente del BBVA Francisco González

Con absoluto sigilo. Así ha ido avanzando desde junio la investigación de la Audiencia Nacional sobre los nexos del excomisario José Manuel Villarejo con el BBVA. A lo largo del semestre y hasta que los digitales moncloa.com y elconfidencial.com desvelaron el 10 de enero que Villarejo había desarrollado entre 2004 y 2005 una macrooperación de espionaje para el banco destinada a abortar el desembarco de Sacyr en su accionariado, apenas han trascendido datos sobre las pesquisas efectuadas.

Se sabe que el bufete Garrigues rastrea ordenadores y archivos desde junio por encargo del propio banco, que pagó más de cinco millones al excomisario a lo largo de casi tres lustros. Y que a esa búsqueda de parte de documentos relacionados con el caso se ha unido un segundo bufete, Uría, y la consultora PwC. Y este viernes, fuentes de la entidad aseguraron a infoLibre de manera categórica dos cosas: que en los siete meses transcurridos no se ha producido ninguna entrada policial en busca de documentos relacionados con el caso que pudieran estar en poder del banco; y que el juzgado de instrucción 6 de la Audiencia, encargado de las pesquisas, tampoco ha dirigido a sus responsables ningún requerimiento para una eventual entrega de pruebas.

Como publicó también en enero elespanol.com, la Audiencia puso la lupa sobre el BBVA el 28 de junio. Ese día, el juzgado que instruye la Operación Tándem comenzó a investigar otro de los encargos formulados por el BBVA a la agencia de Villarejo, esta a comienzos de la actual década: la disección de la red societaria tejida por Luis Pineda, fundador y presidente de Ausbanc, la ahora extinta Asociación de Usuarios de Banca.

Ya en espera de juicio, Pineda considera a Villarejo uno de sus grandes enemigos. Paradójicamente, los dos comparten tres circunstancias relevantes: ambos están en prisión preventiva; a ambos se les atribuye, entre otros delitos, el de extorsión; y a ambos los considera la Fiscalía jefes de sendas organizaciones criminales. Para Pineda, la acusación pide 119 años de cárcel.

La primera noticia de que el funcionario público José Manuel Villarejo había prestado servicios privados a la entidad vio la luz el 27 de mayo de 2018. Ese día, publico.es reveló que el banco que entonces seguía teniendo como presidente ejecutivo a Francisco González había suscrito un contrato con la agencia Cenyt, buque insignia del excomisario para sus trabajos parapoliciales de inteligencia. El objetivo del contrato era Ausbanc, entre cuyos –presuntos– chantajeados figuraba precisamente el BBVA.

Cincuenta personas revisando documentos para el banco 

Un mes más tarde, aunque eso solo se supo hace un mes a través de una nota de prensa oficial divulgada el 12 de enero, el banco encomendó al bufete Garrigues una investigación interna "sobre la contratación y los servicios prestados" por Grupo Cenyt. Diez días más tarde, el BBVA amplió la información: además de Garrigues, su despacho de cabecera, el banco había fichado un segundo bufete, Uría Menéndez, y a la consultora PwC para reforzar la investigación.

El diario económico Cinco Días ofreció sobre el nuevo paso dado por el BBVA el siguiente relato: "Según ha ido complicándose este caso, y apareciendo más informaciones, el banco, ya bajo la presidencia de Carlos Torres, ha contratado también los servicios de Uría el pasado 9 de enero, despacho al que se ha sumado ahora la investigación que ha comenzado a llevar a cabo PwC para realizar un forensic. En total, entre 40 a 50 personas han comenzado a analizar y revisar correos internos y todos los documentos existentes en el banco relacionados con este caso desde 2004, año en el que se iniciaron estas escuchas, motivadas presuntamente para evitar que la constructora Sacyr se hiciera con el control de BBVA apoyada el Gobierno socialista de entonces".

Con los empleados de Garrigues ya escaneando la sede bancaria y en medio de un escenario convulso, aunque el sismógrafo no había dado prácticamente signos de movimiento de puertas afuera, el BBVA comunicó el 26 de septiembre a la CNMV que González adelantaría su marcha. Tenía previsto ceder el testigo de la presidencia ejecutiva a Carlos Torres una vez cumpliese los 75 años en octubre de 2019, pero finalmente lo haría al filo del cierre de 2018. Y así ocurrió: el 20 de diciembre, diez meses antes de lo inicialmente previsto, Carlos Torres tomó las riendas del banco.

Fue ya bajo el mandato de Torres cuando el BBVA anunció la tarea asignada a Garrigues ya en junio y el fichaje adicional de Uría y PwC. ¿Están sujetos a algún tipo de supervisión judicial esos técnicos encargados de analizar y revisar correos y otros documentos relacionados con Villarejo? ¿Se ha establecido algún mecanismo para canalizar hacia la Audiencia Nacional el flujo de informaciones que vaya aflorando el examen acometido por Garrigues, Uría y PwC?

De momento, y dado el carácter secreto de la investigación judicial, los interrogantes permanecen abiertos. Aquí, el "cliente" que requirió las habilidades de Villarejo y su casi omnímodo poder para succionar información reservada no era un bufete como Herrero y Asociados, cuyos principales socios permanecen imputados en la causa. Ni una familia de la jet enfrentada por la herencia paterna, como ocurre con los García Cereceda, algunos de cuyos miembros figuran entre los imputados y otros –los que fueron objeto de espionaje–, entre los perjudicados. Ni un promotor inmobiliario como Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana e igualmente imputado. Tanto Herrero y Asociados –investigado en la la pieza de la Operación Tándem bautizada como Iron– como Susana García Cereceda –pieza Land–  y Juan Muñoz –pieza Pintor–, han sido objeto de registros en sus domicilios o empresas.

El BBVA, que en 2018 incrementó sus ganancias en un 51% hasta alcanzar la cifra de 5.324 millones, es la segunda entidad financiera del país. Su reputación no concierne en exclusiva a accionistas y directivos sino al conjunto del mercado. Y, por tanto, del país. ¿Ha pesado, o lo sigue haciendo, ese factor a la hora de extremar las medidas de prudencia en la investigación? Tampoco se sabe.

Lo único que a día de hoy parece incuestionable es que la noticia sobre el contrato del BBVA con Villarejo relativo a Ausbanc precedió solo en días a la puesta en marcha de una investigación interna en busca de documentos. Entonces, ni siquiera había trascendido la Operación Trampa. Es decir, de la emprendida por Villarejo en 2004 y que, con el objetivo oficial de proteger al BBVA frente a una opa hostil de Sacyr, incluyó el pinchazo de nada menos que 15.000 llamadas de 3.900 teléfonos propiedad de políticos, empresarios y periodistas. La interceptación ilegal de teléfonos afectó a miembros del entonces joven Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como el hoy exministro Miguel Sebastián; a empresarios como Luis del Rivero y Juan Abelló; o a ejecutivos como Manuel Conthe y Carlos Arenillas, en aquella etapa presidente y vicepresidente de la CNMV, el organismo que vela por la limpieza de las operaciones de aquellas empresas que cotizan en Bolsa. 

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