La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.
La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024 tras un recurso de PSOE y Más Madrid, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid. Los hechos se centran en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza, que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker, por la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón Prevención SL –filial del gigante sanitario– Fernando Camino. Por la misma, González Amador pagó 499.836 euros. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria o la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".
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La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo del gigante sanitario, ya sea por el pelotazo de las mascarillas que reportó 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso en plena pandemia –Camino era consejero de Mape Asesores, una de las firmas implicadas en dicha operación de compraventa–, por el "incremento" de la "facturación" que González Amador recibía de Quirón Prevención o por "ambas cosas". "Es claro que no pagó medio millón de euros a Carrasco porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido", sostenía el fiscal Diego Lucas.
El Ministerio Público solicitó en aquel escrito la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas. Algo que acordó, finalmente, la entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Contra este auto interpuso recurso de apelación González Amador. El mismo, sin embargo, no protestaba por la solicitud de auxilio a la UCO, sino que pedía el sobreseimiento de las actuaciones alegando que con la documentación que habían aportado quedaba "acreditada la inexistencia de delito". En definitiva, utilizaba un auto acordando una diligencia como autopista para pedir directamente a la Audiencia de Madrid el archivo.
Una estrategia que ahora rechazan los magistrados, que desestiman el recurso de apelación y confirman el auto con el encargo a la Guardia Civil –un encargo que aún no se ha completado–. "La decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es, en definitiva, la admisión de práctica de diligencias de investigación, contra la que no cabe recurso. Ahora bien, según se constata en el escrito de recurso, la finalidad y suplico del mismo no se dirige contra esta decisión, sino que se solicita que se dicte resolución que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, petición que no se ha efectuado ante el Juzgado de Instrucción y respecto de la que este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", sentencia la Audiencia de Madrid.
La Audiencia de Madrid rechaza la última maniobra del empresario Alberto González Amador para intentar archivar las pesquisas que se siguen contra él por un supuesto soborno a un directivo de Quirón. En una resolución fechada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados desestiman un recurso de apelación en el que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía el sobreseimiento de las actuaciones. La Sección Tercera explica que aunque se había interpuesto contra la resolución judicial que encomendaba las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicho recurso no rechazaba el encargo, sino que aprovechaba ese auto para exigir que se diera carpetazo a la causa sin haberlo pedido previamente ante el juzgado.