El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes en el pleno una declaración - suscrita por todos los partidos excepto Ciudadanos y PP - en la que se insta al Gobierno central a que lleve a cabo las actuaciones necesarias para anular la sentencia del juicio por la que fue fusilado el presidente de la Generalitat Republicana Lluís Companys y para que sea "reparado" su honor, según informa Europa Press. Esta decisión se aprueba a trece días de que se cumplan quince años de su fusilamiento; misma fecha en el que el actual presidente de la Generalitat está citado a declarar por la consulta del 9-N.
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La declaración también quiere que se consideren inexistentes y nulas de pleno derecho las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales del régimen franquista, modificando la Ley 52/2007 que las considera ilegítimas. El consistorio también pedirá que se modifique la ley de Enjuiciamiento Criminal y la Procesal Militar para que incorpore los requisitos que habiliten la revisión de una sentencia firme.
Además, reclama que se devuelva toda la información sobre Companys requisada por la Gestapo en París en 1940, que actualmente se encuentra en el archivo de Ávila del Ejército español, y que todos los gobiernos que participaron en la captura y la ejecución del presidente participen en un acto de desagravio que debería hacerse en el foso del Castillo de Montjuïc.
En la declaración, el Ayuntamiento se compromete a colaborar con las personas que participan en la 'Querella Argentina' de represaliados y víctimas del franquismo donde también se encuentra la causa contra Companys, y a comunicar este acuerdo al Gobierno central y a las Cortes generales.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes en el pleno una declaración - suscrita por todos los partidos excepto Ciudadanos y PP - en la que se insta al Gobierno central a que lleve a cabo las actuaciones necesarias para anular la sentencia del juicio por la que fue fusilado el presidente de la Generalitat Republicana Lluís Companys y para que sea "reparado" su honor, según informa Europa Press. Esta decisión se aprueba a trece días de que se cumplan quince años de su fusilamiento; misma fecha en el que el actual presidente de la Generalitat está citado a declarar por la consulta del 9-N.