Corrupción en el PP

Bárcenas sale de la cárcel cuando debe al Estado más de 11 millones

Luis Bárcenas declara por videoconferencia durante la comisión de investigación de Son Espases (Islas Baleares).

El extesorero del PP Luis Bárcenas saldrá previsiblemente este jueves de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros cuando el Estado le reclama 11,5 millones. Es la suma que él y su mujer dejaron de ingresar a la Hacienda Pública en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio, según el escrito de acusación conocido este miércoles de la Abogacía del Estado, que incluye una pena para el exsenador de 60 años y seis meses de cárcel.

El todavía letrado de Bárcenas hasta que se haga efectiva su renuncia, Javier Gómez de Liaño, aseguró este miércoles a infoLibre que la familia del reo disponía, 48 horas después de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional, de los 200.000 euros para abonar la fianza, "a falta de una pequeña cantidad".

En cuanto constate que el dinero se ha consignado, el juez Pablo Ruz deberá comunicar a los Juzgados del municipio madrileño de Colmenar Viejo, de los que depende la prisión de Soto del Real, la salida del extesorero del PP, que permanecía desde hace 19 meses en prisión incondicional hasta que este martes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la fianza.

Pese a la excarcelación, el extesorero del PP tendrá que presentarse en el juzgado tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes); al mismo tiempo que tampoco podrá recoger su pasaporte, que le fue retirado en febrero de 2013 tras su viaje a Canadá. Bárcenas no podrá abandonar el territorio nacional.

De los 11,5 millones que los servicios jurídicos del Estado reclaman al matrimonio de Bárcenas, un total de 267.319 euros corresponden a las cuotas defraudadas por Rosalía Iglesias Villar, la mujer del extesorero, a quién Hacienda reclama 11,2 millones de 9 años. El escrito de la Abogacía del Estado especifica que el año en el que el que también fuera gerente del PP habría defraudado más dinero fue 2007, con un total de 2,1 millones; seguido de 2003 (1,2 millones) y 2004 (1 millón).

Además, el letrado sostiene que Bárcenas procedió a aflorar los fondos obtenidos de la red Gürtel al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte, "operativa que también utilizó Rosalía Iglesias Villar al objeto de aflorar recursos propios".

"Llegando ambos imputados a elaborar documentos indiciariamente mendaces dirigidos a justificar formalmente algunas de esas transacciones y conseguir el archivo de esta causa en relación con el delito fiscal correspondiente al IRPF de 2006 de Rosalía Iglesias", sostiene el documento enviado al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

En cuanto a la regularización fiscal realizada por Bárcenas de su dinero en Suiza, aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno del PP, la Abogacía destaca que la firma uruguaya Tesedul, propiedad del extesorero del PP, consignó el 3 de octubre de 2012 más de 1,2 millones, aunque rechaza que esto pueda evitar que Bárcenas sea acusado de un delito fiscal.

Precisamente las autoridades suizas argumentaron su rechazo a cooperar con el juez Ruz asegurando que Bárcenas no había cometido un delito fiscal al acogerse a la amnistía: "Negamos radicalmente validez exoneratoria de la responsabilidad penal –a los efectos de una pretendida regularización con base en el artículo 305 del Código Penal– a dichas declaraciones", indica el abogado que defiende los intereses del Estado en el caso Gürtel.

Asimismo, el documento da por buenas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción acerca de los cobros indebidos de Bárcenas en diferentes campañas electorales del PP, pero también otras procedentes de la caja B de la organización de Francisco Correa.

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52 millones en multas

Pero a las cantidades exigidas por el Estado a Bárcenas y a Rosalía Iglesias Villar se añaden las multas de 52 millones reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción al primero, y otros 10,7 millones a la segunda. La responsabilidad civil del extesorero es de 6,1 millones; y además el Ministerio Público solicita el comiso de más de 10,2 millones de euros por los delitos de blanqueo.

Los servicios jurídicos del Estado acusan a 20 personas por los delitos contra la Hacienda Pública y otros conexos (como falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa). Y en su escrito, el Abogado del Estado señala que durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente y tesorero del PP y, "prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que [Bárcenas] se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas".

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