calidad del aire

Bruselas da una tregua a España en calidad del aire supeditada a que siga luchando contra la contaminación

Vista de Madrid cubierta por la 'boina' de contaminación.

La Comisión Europea ha decidido no llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su calidad del aire, dependiente de la contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Una determinación que no han disfrutado otros países de nuestro entorno. Concretamente, Alemania, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Rumanía serán llevados ante los tribunales europeos y se enfrentarán, previsiblemente, a cuantiosas multas. En cuanto a España, "las medidas que se están adoptando o que están previstas, de acuerdo con la información recibida por la Comisión tras la cumbre ministerial sobre calidad del aire, parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas, siempre y cuando se ejecuten correctamente", dice el Ejecutivo comunitario, aunque avisa de que seguirá controlando el cumplimiento por parte del país.

Para entender el contexto de este visto bueno provisional a las medidas de España hay que retrotraerse a dicha cumbre ministerial sobre calidad del aire, en la que el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, dio un ultimátum: "Hace tiempo que se han rebasado los plazos para cumplir las obligaciones legales. Y hay quien dice que hemos esperado ya demasiado. Pero no podemos demorarnos más", aseguró. Tras esa reunión, el Ministerio de Medio Ambiente remitió a Bruselas sus planes para atajar un problema ambiental, el de la contaminación atmosférica, causante de 428.000 muertes prematuras al año en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Dichas "obligaciones legales" se dividen en dos directivas, relativas tanto al dióxido de nitrógeno como al ozono troposférico o las partículas en suspensión, contaminantes muy habituales en las grandes ciudades y procedentes tanto de la industria como del transporte. En primer lugar, se establecen techos nacionales de emisiones para cada contaminante: son límites totales que los Estados deben cumplir en cada década. La directiva NEC fija los techos y en la actualidad están en plenas negociaciones tripartitas los de 2030. Por otro lado, están las normas de calidad del aire, que dictan cuáles son los niveles que no se deben superar en ningún rincón de la UE. Estos niveles son los que España se ha saltado históricamente, aunque, según el Ejecutivo comunitario, está en el buen camino.

¿Y gracias a quién España se libra de la multa por ahora?  Medio Ambiente envió a Bruselas tanto el Plan Aire II, aprobado por el Gobierno a finales de 2017, como los planes anticontaminación de Madrid y Barcelona, dos de las ciudades que siempre son señaladas por saltarse los límites. La competencia es de las comunidades y de los ayuntamientos, aunque el Ejecutivo nacional tiene mucho que decir y que hacer. En este caso en concreto, con un Ministerio gobernado por el PP y unos Ayuntamientos del cambio (Madrid y Barcelona), las administraciones se intercambian reproches. Cuando el país recibió la última reprimenda, Medio Ambiente apuntó a las ciudades. Este jueves no se ha pronunciado sobre la decisión de la Comisión Europea, aunque es de esperar que también apunte a las ciudades para dar enhorabuenas.

El Ayuntamiento de Madrid, en boca de su delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, declaró este mismo jueves que es una buena noticia que "la Unión Europea respalde la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, también la de Barcelona, en cuanto a lucha contra la contaminación y el cambio climático". Sería de esperar que asuma su responsabilidad, igualmente, si la posición de la Comisión Europea cambia. Porque puede cambiar, como ha avisado: vigilará a España de cerca para que "se ejecuten correctamente" las medidas. El Ayuntamiento de Madrid, por el momento, no ha respondido a infoLibre a la pregunta de qué directrices del Plan A, su estrategia estrella para reducir la contaminación atmosférica, están ya en marcha, aunque el propio documento tiene un calendario adosado y la mayoría de las actuaciones previstas, en principio, deberían ejecutarse este mismo año. Por ejemplo, en el plan se puede leer que en el primer trimestre de 2018 se ejecutaría la zona de cero emisiones en el centro de la ciudad: un área donde solo podrán acceder los vehículos de los residentes, los sin emisiones, vehículos autorizados por los residentes, así como los carga y descarga a ciertas horas y los taxis. La corporación liderada por Manuela Carmena anunció que en junio de 2018 se pondrá en funcionamiento.

Rechazo a la tregua de Bruselas

Ecologistas en Acción se ha posicionado radicalmente en contra de que la Comisión Europea no lleve a España ante el TJUE, lo que implícitamente, entiende la organización, es un espaldarazo a las medidas tomadas por Gobierno central, comunidades y ayuntamientos contra la contaminación atmosférica. "Ecologistas en Acción considera que son documentos sin ejecutar que debían haberse aprobado y aplicado hace más de una década, para llegar a 2010 en condiciones de poder cumplir los valores límite de NO2. Ahora deberíamos estar en un estadio mucho más avanzado, de puesta en práctica de esos planes", afirma la organización en un comunicado, en el que reconoce que el Plan A es una buena iniciativa municipal, pero que aún no está puesto en marcha en su totalidad. La posición de Bruselas "da un mensaje a las autoridades de que no es necesario hacer esfuerzos adicionales para mejorar la calidad del aire", afirmó Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe de Calidad del Aire de la asociación.

Con respecto al Plan Aire II, Ecologistas en Acción es muy crítico: consideran que incluye medidas que ya se aprobaron en el Plan Aire I (al que sustituye) y que nunca se pusieron en marcha. "Planteaba una mejora de la red de Cercanías que no se ha cumplido. Planteaba que las mercancías fueran por ferrocarril. Y a día de hoy no se está haciendo nada", asegura el coordinador, Paco Segura, que añade: "El Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, aprobado por Zapatero, apostaba por poner zonas de bajas emisiones en las ciudades. El I Plan Aire del PP decía que había que planteárselo. Y el de ahora ni los menciona". Razones que, a juicio de los activistas, hacen incomprensible el posicionamiento de la Comisión Europea.

Por su parte, la organización europea Transport & Environment tampoco aplaude la salida de España de la lista negra de incumplidores en materia de calidad del aire. “Instamos a la Comisión a hacer realidad el derecho al aire limpio en todas partes de Europa, y esperamos una mayor investigación de los planes y anuncios españoles. Entendemos que podría haber una segunda ronda de decisiones de infracciones de la UE después del verano, que sería la oportunidad de aumentar la presión sobre el Gobierno español si no hay un progreso sustancial para entonces", afirma, en conversación con infoLibre, el coordinador de Calidad del Aire de la asociación, Jens Mueller.

Mueller pone el foco en el diésel, uno de los caballos de batalla de los ecologistas en cuanto a calidad del aire se refiere. Asegura que las restricciones a vehículos diésel en las ciudades es la medida más efectiva que se podría tomar en la materia. En teoría, el gasóleo emite menos CO2 –uno de los causantes del cambio climático– que la gasolina, pero la legislación europea permite que emita hasta tres veces más NO2 –uno de los causantes de la contaminación atmosférica– que el otro combustible, y el impuesto de hidrocarburos tiene más en cuenta el impacto climático que el impacto en la salud. Para Ecologistas en Acción, las medidas que se han tomado no han sido efectivas: es competencia central gravarlos –y no se ha hecho– y es competencia municipal limitar su paso por las ciudades . Esto último sí que se hace, pero Madrid y Barcelona se basan en las etiquetas ambientales de la DGT, que otorgan una de esas etiquetas a vehículos diésel Euro 6. Son, "en un 85%, tan contaminantes o más que vehículos fuera del sistema de etiquetado", según denuncia la organización. El resultado: un amplio margen de mejora para la salud de las ciudades que no se aplica y que Bruselas, por ahora, no exige como requisito para no llevar a España ante la justicia.

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