Casado dice 'de entrada, no' a gobernar con Vox confiando en poder forzar su abstención o la del PSOE

El número dos del Pp, Teodoro García Egea, se encoge de hombros ante los periodistas después de su comparecencia de la noche electoral.

El equipo de Pablo Casado, capitaneado por Teodoro García Egea, se fue el domingo a la cama con un suspiro de alivio después de acabar el recuento como la fuerza más votada pero sabiendo ya que el reto que tiene por delante es quizá el más importante de cuantos les ha tocado afrontar desde que se hicieron con las riendas del PP. en el verano de 2018.

El dilema es sencillo. Tienen que elegir entre dar entrada a Vox a las tareas de gobierno o negarse a aceptar esa posibilidad. Aparentemente, Génova ha optado por la segunda opción. 

García Egea, siguiendo las instrucciones de Casado, ha propuesto al presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que negocie con los grupos minoritarios, (Soria Ya, UPL, Por Ávila y Cs) un pacto de investidura con el que redondear su exigua mayoría de 31 a una mucho más amplia de 39 escaños. Seguiría sin ser bastante como para que Mañueco fuese elegido presidente, pero sí lo suficientemente amplia, a ojos de Génova, como para obligar a Vox o al PSOE a abstenerse y evitar una repetición de elecciones de incierto desenlace.

Para dar credibilidad a su plan, la dirección nacional del PP ha hecho saber que en ningún caso formará un gobierno de coalición con Vox. Asegura que los que firmó con Cs en tres comunidades no han funcionado —uno de ellos aún está en vigor en Andalucía— y que la única manera de que la Junta tenga “estabilidad” es que sea monocolor.

La propuesta tiene, en principio, escasas posibilidades de salir adelante. Este mismo lunes se encontró con tres obstáculos. Uno inesperado y dos más previsibles. El inesperado la protagonizó Mañueco, que no sólo se niega a rechazar la posibilidad de dar entrada a Vox en su Gobierno sino que ha dejado bien claro que será él quien negocie, no Génova. Hace tres años fue García Egea el que dio forma a los acuerdos con Ciudadanos en Murcia, Madrid y Castilla y León, así que su declaración sonó más a advertencia: no dejará que Casado se inmiscuya en una negociación que quiere basar exclusivamente en la realidad de Castilla y León. 

Su junta directiva nombrará este martes una comisión para iniciar los contactos con las demás fuerzas políticas de las Cortes, empezando por el PSOE y Vox.

Los otros dos obstáculos, los previsibles, llegaron de la mano de estos dos partidos. Los ultras no dejan espacio para las dudas: en su primera rueda de prensa tras la jornada electoral, su candidato a la presidencia, Juan García Gallardo, dejó claro que las reglas del juego han cambiado. Bajo ninguna circunstancia apoyarán la investidura de Mañueco a menos que el PP firme un pacto programático que les dé entrada en la Junta en proporción a su peso dentro de la coalición, lo que significa que querrán al menos un tercio de las consejerías además de una vicepresidencia. 

Más controvertida fue la negativa del PSOE. La posición oficial de la Ejecutiva es que tampoco, de ninguna manera, facilitarán un gobierno del PP para evitar que dé entrada en la Junta a la extrema derecha. Pero no todos están de acuerdo: el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que quizá su partido deba asumir la responsabilidad de impedir que Vox pueda gestionar presupuestos públicos y desarrollar sus políticas de extrema derecha aunque el precio a pagar sea facilitar la investidura de Mañueco.

Puente, el político socialista con más proyección en Castilla y León al margen del candidato, Luis Tudanca, que el domingo amagó con una retirada después del resultado de las elecciones, fue el único que discrepó en público con la dirección del PSOE. Pero, según fuentes socialistas consultadas por infoLibre, no es el único que piensa así, lo que a pesar de la posición oficial del partido alimenta la posibilidad de que ese debate se abra camino en las próximas semanas en la medida en que fragüe la hipótesis de un acuerdo de coalición PP-Vox.

No obstante, fuentes de Moncloa insisten en que queda “descartado” facilitar el gobierno de Mañueco, y se ciñen a lo que ha dicho la Ejecutiva Federal. Aseguran que la posición expresada por Óscar Puente lo fue “a título personal”.

A favor de esta posibilidad se pronunció este lunes Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas, que ha pasado de tener 12 procuradores a un solitario escaño, defendió un pacto PP-PSOE como la mejor solución para impedir la entrada de Vox en su primer gobierno autonómico.

La presidencia de las Cortes

El calendario obliga a a tomar las primeras decisiones antes del 10 de marzo. Ese día se constituyen las Cortes y se elige la Mesa mediante un procedimiento que exige pactos previos para quien quiera hacerse con la presidencia, un puesto clave desde el punto de vista del control de la actividad del legislativo autonómico. La lógica de las coaliciones en España sugiere que Vox reclamará esa silla, lo mismo que hizo Ciudadanos hace tres años. Pero no podrá conseguirla si no llega antes a un acuerdo con el PP, sobre todo si el PSOE negocia con Unidas Podemos, Soria Ya y UPL.

Pablo Casado reunirá este martes a la dirección del partido, incluidos sus barones, para analizar el resultado y escuchar opiniones después de ver cómo su estrategia en Castilla y León se daba de bruces con la realidad. 

Para el líder del PP dar entrada a la extrema derecha en el Gobierno de la Junta es un problema. En primer lugar, porque le dejaría en evidencia ante sus socios del Partido Popular Europeo, la mayoría de los cuales son partidarios de aislar a los ultras en las instituciones (hay excepciones en Finlandia, Italia y Austria). Y en segundo lugar porque pondría negro sobre blanco que ese pacto sería también posible en Andalucía y, sobre todo, en España después de las elecciones generales de 2023.

De ahí que su prioridad, al menos en estos momentos, sea buscar la abstención de Vox o del PSOE. Si los dos votan en contra de la investidura de Mañueco habría que repetir las elecciones en Castilla y León y en Génova creen que eso obligará a los socialistas o quizá a los de Santiago Abascal a abstenerse y abrir así la puerta a un gobierno del PP en minoría pero en solitario. 

El fracaso estratégico en Castilla y León, que este lunes fue ampliamente reconocido por la derecha mediática, no es el único problema que Casado deberá afrontar en las próximas semanas. A la decisión de Mañueco de ignorar a la dirección general y pilotar personalmente la negociación de su investidura se suma la inmediata resurrección del pulso con Isabel Díaz Ayuso. 

La presidenta de Madrid felicitó a Mañueco en la noche electoral a través de Twitter con una foto en la que no aparecía Casado y sí Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno: 

Su consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, cree que los resultados del domingo confirman la necesidad de que el congreso del PP de Madrid se adelante para poder preparar las elecciones municipales de 2023, a las que Ayuso quiere llegar teniendo bajo control el partido en la región y poder así decidir las candidaturas sin tener que pasar por el filtro de Génova. 

En una entrevista en Telemadrid, Ossorio evitó hacer una propuesta concreta, pero defendió las bondades que a su juicio tiene llegar a acuerdos con Vox y rechazó sin paliativos la posibilidad de pactar la investidura con el PSOE. “Es imposible, el PSOE ya no es el PSOE, es el sanchismo”, zanjó. 

El equipo de Ayuso sabe que, en contra de lo que Génova pretendía, el resultado electoral en Castilla y León no sólo ha debilitado a Casado sino que que refuerza aún más lo específico de la victoria de Madrid de hace un año. Y se dispone a hacer valer ambas cosas para que, en contra de los deseos del líder nacional, la presidenta madrileña se convierta cuanto antes en la máxima responsable del PP madrileño.

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