Del 'caso Defex' al AVE a La Meca: comisiones y negocios en el Reino del Desierto

Las relaciones comerciales entre España y Arabia Saudí llevan décadas siendo especialmente fluidas. Sólo en 2018, últimos datos anuales disponibles, nuestro país exportó a la monarquía del Golfo por valor de 2.342 millones de euros, lo que equivalió a un incremento del 240% en la última década –en 2008 las exportaciones estaban en los 972 millones–. El crecimiento se ha debido, en buena parte, a la “tradicional simpatía y amabilidad”, en palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores, que reina entre los Borbones y la Casa Saud desde la llegada al trono de Juan Carlos I. Una estrechísima relación que ha permitido que se abran de par en par las puertas del Reino del Desierto a las principales compañías españolas. De hecho, no es raro que representantes de estas firmas –desde Acciona hasta Indra pasando por Sacyr– acompañen al monarca español en sus visitas oficiales a Riad para intentar cerrar importantes acuerdos comerciales, como por ejemplo el firmado entre Navantia y la Marina Saudí para el suministro de cinco corbetas Avante 2200. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Algunos de estos jugosos negocios están siendo escrutados a día de hoy por las autoridades ante la existencia de indicios de delito.

Precisamente esta semana se ha conocido que el fiscal suizo Yves Bertossa ha encontrado evidencias de que Juan Carlos I recibió 100 millones de euros procedentes del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, a través de la llamada Lucum Foundation –vinculada al monarca emérito– y dos testaferros: Dante Canónica y Arturo Fasana. Además, también se ha publicado que Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre una supuesta donación de 65 millones de euros desde la misma fundación a la entonces amiga íntima del emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La información ha despertado interés de varios partidos del Congreso, entre ellos Unidas Podemos –parte del Gobierno–, que han pedido una comisión de investigación a la que se opone el PSOE. Si lo investigado por Suiza ofrece elementos suficientes para una querella por corrupción internacional, la fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón presentará una querella desgajada del caso Villarejo. En ese caso, habrá que ver contra quién se dirige la actuación fiscal.

Un reino bastante corrupto

La organización Transparencia Internacional elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, una suerte de termómetro con el que trata de medir la percepción de podredumbre en el sector público de 180 países en base a las opiniones de expertos y empresarios. En el barómetro de 2019, Arabia Saudí consiguió una puntuación de 53 en una escala donde 0 significa corrupción elevada y 100 limpieza absoluta, lo que implicaba una ligera mejoría respecto al ejercicio anterior. El Reino del Desierto lleva tres años intentando eliminar cualquier mancha corrupta que pueda dañar su imagen de cara a la galería. O, al menos, eso pretende vender al exterior. En 2017, el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, puso en marcha una purga anticorrupción –que también fue interpretada como una lucha de poder– en la que fueron arrestados decenas de príncipes, políticos e importantes hombres de negocios. Desde entonces, las informaciones sobre condenas por este tipo de delitos se han convertido en habituales. El pasado mes de noviembre la Fiscalía General saudí anunció condenas contra cinco funcionarios por despilfarro de fondos públicos o sobornos.

La corrupción transnacional lleva décadas preocupando a la comunidad internacional. Un ejemplo de ello es el seguimiento que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos (OCDE) del pago de sobornos. En 2015, el club elaboró un exhaustivo informe tras analizar más de cuatro centenares de casos de cohecho internacional descubiertos desde 1999. Y de él se puede extraer una radiografía interesante sobre esta práctica. Casi dos tercios de estos pagos de empresarios a título individual o compañías a servidores públicos extranjeros se produjeron en cuatro sectores –extracción (19%), construcción (15%), transporte y almacenamiento (15%) e información y comunicación (10%)– y casi la mitad de los casos se dieron en países con niveles de altos a muy altos de desarrollo humano. Con mayor frecuencia, además, los pagos fueron prometidos, ofrecidos o entregados a empleados de empresas públicas, principalmente para hacerse con contratos de adquisición en el sector público. Y en tres de cada cuatro casos, además, hubo participación de intermediarios –agentes o instrumentos societarios, entre otros–.

Si bien tradicionalmente el delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales no se incluía en los ordenamientos jurídicos de los países, a partir de la década de los noventa comenzaron a ponerse sobre la mesa diferentes documentos internacionales vinculantes que obligaban a los Estados a sancionar estos comportamientos más allá de sus fronteras. En España, este tipo se incluyó en el Código Penal en el año 2000, aunque en las sucesivas reformas se ha ido perfilando. Actualmente, estos comportamientos quedan englobados en los artículos 286 bis, 286 ter y 286 quater. Sin embargo, la primera sentencia por cohecho internacional en España llegó hace solo tres años. En 2017, dos directivos de la editorial Apyce alcanzaron a un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el que aceptaban un año de cárcel y una multa por pagar un soborno de 70.000 euros a un viceministro de Guinea Ecuatorial. Tras ese pago, según se recogía en el escrito de conformidad, la editorial “incrementó sustancialmente su relación económico mercantil” con el Estado africano y “realizó nuevos contratos”. En total, cuatro nuevas adjudicaciones de libros por un total de 16,6 millones de euros.

El 'caso Defex'

En el momento del acuerdo entre el Ministerio Público y la pequeña editorial, la lupa judicial estaba escrutando también los negocios de la empresa pública armamentística Defex en cinco países: Angola, Egipto, Camerún, Brasil y Arabia Saudí. Hace justo un año, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió, en el marco de la pieza centrada en el Reino del Desierto, procesar a nueve personas –entre ellas el expresidente José Ignacio Encinas y otros miembros de la antigua cúpula– y a tres empresas como personas jurídicas. En el auto de procesamiento, se ponía el foco sobre 11 contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí. Y se señalaba que existían indicios de irregularidades en la gestión y contabilidad de la empresa pública y en su actividad comercial. En este sentido, deslizaba que se habrían computado como verdaderos gastos los pagos en concepto de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos o que no habían resultado justificados. “Su intervención real habría tenido por objeto el pago de comisiones a terceros y un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública”, completaba.

En enero, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación. Y los datos que ofreció acerca de todas las pesquisas que se habían llevado a cabo resultaron tremendamente reveladores. Durante 25 años –desde 1991 hasta 2016– se estuvieron pagando sobornos y comisiones encubiertas a varios funcionarios públicos por la venta de armas en Arabia Saudí. Entre los beneficiarios identificados se encontraba quien fuera agregado militar en la Embajada del país en España, Al Shamuary. La trama contaba con numerosas empresas pantalla que recibían las mordidas a través de contratos ficticios, unas comisiones que podían llegar al 20% del valor total del contrato público firmado, según especificó el fiscal Conrado. A lo largo de la investigación, se localizaron pagos en paraísos fiscales de 100 millones de euros. Además, la firma “carecía de cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública”.

Las sospechas del AVE a La Meca

Pero la venta de material bélico por parte de Defex no es el único negocio que está siendo escrutado por las autoridades. La Fiscalía Anticorrupción tiene también la vista puesta en el AVE a La Meca. Este macroproyecto constituye uno de los mayores contratos en el exterior conseguidos por compañías españolas: unos 6.700 millones de euros. La obra faraónica, consistente en la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad para unir las ciudades de Medina, Yeda y La Meca –más de 400 kilómetros de longitud–, fue adjudicada en 2011 a un consorcio del que forman parte una docena de empresas españolas, algunas de renombre como Renfe, Adif, Indra, OHL, Talgo o Ineco. La fecha inicial para su puesta en servicio se fijó para comienzos de 2017, pero llegados a ese punto tuvo que ser aplazada a marzo de 2018. Finalmente, el tren terminó arrancando en octubre de ese año, aunque con ciertas limitaciones: menor velocidad, viajes entre La Meca y Medina sólo cuatro días a la semana, paradas en sólo dos de las cinco estaciones con las que contaba la línea… Las últimas novedades del caso, fruto de las investigaciones de la Fiscalía suiza, han sido el tema de la semana.

Pero por aquellas fechas sobre el proyecto se cernían ya ciertas sombras. En julio, se hicieron públicos varios audios de una reunión que mantuvo el comisario jubilado José Luis Villarejo, en prisión en el marco del caso Tándem, con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En la conversación, quien fuera amiga íntima del rey emérito aseguraba que Juan Carlos I trató de hacerse con una comisión millonaria por la licitación del megacontrato. “Villar Mir puso a la iraní Shahpari Zanganeh, mujer de [Adnan] Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren [...] y después el rey me ha escrito por email que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: 'Voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión”, relataba Su Zayn-Wittgenstein. Tras esto, continuaba, advirtió al rey emérito de los riesgos que implicaba el cobro de dicha mordida: “Le dije: "¿Estás completamente loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? […] Vas a cobrar comisiones de las empresas españolas que han conseguido el tren. A ti te paga el Gobierno para representar a la industria española. No puedes coger ese dinero”.

Tras la publicación de estos audios, se abrió una pieza separada en Tándem. La quinta, bajo el nombre de Carol. Pero no llegó muy lejos. Fue archivada provisionalmente por el entonces instructor, el juez Diego de Egea, al considerar que no había “datos” ni “documentaciones” que probaran dichas acusaciones. No obstante, la Fiscalía decidió abrir diligencias de investigación después de recibir toda la documentación que le había reclamado al magistrado sobre los hechos. Por aquél entonces, el Ministerio Público de Suiza ya había empezado a hacer sus propias averiguaciones y a investigar cuentas bancarias. Ahora, la eventual reactivación de la causa judicial depende en buena medida de los resultados que alcance y comparta con España la Fiscalía helvética. Y no solo de que los datos que pueda aportar sean relevantes sino también de que los hechos no hayan prescrito. Según adelantó esta semana infoLibre, todo apunta a que la información podría llegar antes de Semana Santa. 

En los últimos meses, y al margen de las pesquisas suizas, el Ministerio Público español ha avanzado con la investigación. En julio de 2019, el fiscal tomó declaración a Zanganeh para averiguar cuál fue el papel jugado por la iraní en el proyecto. Según desveló El Confidencial, la empresaria firmó en 2011 un contrato con el consorcio de empresas con el que se aseguraba un 2% del importe de las obras si lograba que Riad seleccionase la oferta de las empresas españolas. Unos 134 millones de euros que, según el mismo diario, la Fiscalía sospecha que pudieron ser usados para corromper a autoridades y funcionarios saudíes, aunque Zanganeh ha defendido en todo momento que su labor fue totalmente legal. También existe la sospecha de que una parte de ese dinero pudiera haber terminado en manos de otros comisionistas. Entre quienes aparecían mencionados por Zu Sayn-Wittgenstein destacaba Álvaro de Orleans, primo del rey emérito que, según la empresaria alemana, habría sido utilizado como su testaferro para recibir parte de los 80 millones a los que ascendía la supuesta mordida a la que se hacía alusión en la conversación con el comisario jubilado.

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Los vuelos de Embraer y Airbus

Las empresas españolas, sin embargo, no han sido las únicas en serios apuros por este tipo de prácticas en el Reino del Desierto. En octubre de 2016, la aeronáutica brasileña Embraer llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para resolver los cargos penales que pesaban contra ella por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Así, la firma, que tuvo que asumir el pago de una multa de más de 100 millones de dólares –90,9 millones de euros–, reconoció que sus ejecutivos y empleados pagaron sobornos a funcionarios públicos en relación con las ventas que hicieron de aviones a gobiernos y entidades estatales en varios países. En Arabia Saudí, abonaron una comisión de 1,5 millones de euros para asegurarse un acuerdo para la venta de tres de sus aeronaves por 84,5 millones de euros. Además de en este país, la justicia estadounidense reseñaba que la compañía había pagado también mordidas en República Dominicana para intentar hacerse con una licitación para colocar sus aviones a la Fuerza Aérea de ese Estado. Máculas que también existían en algunos de sus negocios en Mozambique.

Pero quien ha sobrevolado con este tipo de prácticas muchos más países ha sido Airbus. El gigante francés decidió el pasado mes de enero aceptar un acuerdo y desembolsar 3.600 millones de euros para dar carpetazo a tres investigaciones que pesaban sobre él en Reino Unido, EEUU y Francia por los pagos generalizados y no declarados a intermediarios para conseguir colocar sus productos en medio mundo. Según informó Reuters, los fiscales galos habían puesto la lupa en contratos con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para la venta de material civil y militar, así como en otros alcanzados en Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, India, Japón, Kuwait, México, Tailandia, Taiwán, Turquía y Vietnam. Los ingleses, por su parte, habían añadido contratos con aerolíneas de Indonesia, Malasia o Sri Lanka, así como la venta de varios aviones militares a Ghana. Con este acuerdo, Airbus paraliza durante tres años las pesquisas y permite que una autoridad independiente audite su sistema de compliance. Si todo se cumple de acuerdo a lo firmado, la compañía evitará que pasado ese tiempo se reabran las investigaciones.