Cataluña baja hasta un 80% los impuestos a casinos para contentar a BCN World

BCN World comienza a ser realidad. Este miércoles, la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuestos del Parlament catalán dará luz verde a una serie de modificaciones legales que beneficiarán a los impulsores del complejo de casinos, hoteles y tiendas que se instalará junto a Port Aventura (Tarragona). Un proyecto que ha pasado casi inadvertido hasta ahora gracias, en buena medida, a la atención que ha recibido el fallido Eurovegas.

La clave en la recta final ha sido el acuerdo del fin de semana entre CiU y PSC, que ha abierto una brecha en el frente soberanista –ERC lo ha calificado de pacto para proteger a los poderes fácticos e ICV se opone de forma tajante– y que ha dejado fijadas las cuestiones más polémicas: aprobar una rebaja fiscal del 55% al 10% para el juego, abrir la puerta a una reordenación urbanística total en la zona, permitir el juego a crédito y dar mayor visibilidad a los casinos dentro del complejo.

Una vez salga de la comisión, la ley llegará al pleno de la Cámara autonómica tras el parón de Semana Santa, y si no hay modificaciones de última hora, a finales de abril se aprobará definitivamente. Mientras tanto, sus detractores no dudan en calificarla de regulación ad hoc para alegría del constructor Enrique Bañuelos (principal inversor del Grupo Veremonte), Caixabank (actual propietaria del terreno) y el Gobierno de Artur Mas, tercer impulsor de la iniciativa desde un comienzo.

Impuestos a la carta

La cuestión más llamativa es la rebaja fiscal. Hasta ahora, las actividades de juego tributaban en Cataluña de acuerdo a la base imponible, con un mínimo del 20% y un techo del 55%. Ahora, será el 10%. En octubre, el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, justificó la decisión con el siguiente argumento: “La modificación es necesaria para ser competitivos y hacer viables las inversiones. Nos sitúa en el umbral de los países y ciudades competidoras”.

Claro que la posición de los inversores tampoco dejaba lugar a muchas más opciones. En enero, Veremonte, grupo inversor fundamental en la operación, amenazó con llevarse BCN World a otro lugar. "Si este Parlament, con toda legitimidad, decide que no crea el marco legal para hacer este proyecto en Cataluña, se hará en otros lugares de España que ya tienen las condiciones para hacerlo", aseguró el consejero delegado, Xavier Adserá, en referencia a los tributos.

Hortènsia Grau, diputada autonómica de ICV, no duda en oponerse a esa modificación y a cuestionar el proceso que se puso en marcha tras la presentación del proyecto en septiembre de 2012. Grau denuncia que los grupos que apoyan esa modificación han recibido "presiones" y que de aprobarse en sus actuales términos el cambio supondrá un "secuestro a la democracia": "Los grupos de presión han impuesto sus leyes y el Parlament se ha vendido", zanja.

Modificaciones urbanísticas

ICV también se opone a los cambios en materia de urbanismo. Grau asegura que a partir de ahora "no habrá límites". Primero, porque se introduce como modificación el permitir actividades de juego en ese terreno, hasta ahora prohibidas. Segundo, y peor aún para la diputada de ICV, porque a renglón seguido se establece que "por medio de un plan director urbanístico" se podrá reordenar por completo el uso de ese terreno. "Se va a poder hacer lo que les dé la gana", sentencia.

Grau también llama la atención sobre otras dos cuestiones: la permisividad con el juego a crédito y con la visibilidad de los casinos dentro del complejo. La primera cuestión supone la entrada de intermediarios que, autorizados por la Administración, facilitarán con su actividad la disponibilidad de efectivo en los casinos. Esas actividades, señala la ley, "pueden incluir las de crédito". También podrán diseñarse paquetes turísticos que incluyan la entrada a los casinos, algo que hasta ahora no estaba regulado por la normativa.

Con respecto a la visibilidad de las máquinas de juego, Grau se muestra preocupada porque los impulsores del complejo de juego podrán, en virtud de la nueva ley, instalar "máquinas y juegos con sonidos que se podrán escuchar desde otras zonas del centro recreativo no dedicadas al juego". La diputada asegura que se trata de una cuestión no menor habida cuenta que que los casinos se situarán junto a Port Aventura, un lugar frecuentado por familias y menores.

BCN World también ha conseguido, dice la diputada ecosocialista, quitarse de encima futuros competidores: no se otorgarán nuevas licencias de juego. Sólo los casinos que ya estén funcionando podrán mantener su actividad. La cláusula figura en una dispocición adicional colocada al final del texto de la ley pero que no deja lugar a dudas: "No se podrán ampliar ni conceder otras licencias para la explotación de casinos de juego fuera del ámbito del centro recreativo turístico de Villaseca y Salou" (emplazamiento de BCN World).

Críticas de la oposición

Finalmente, Grau censura que no se hayan aportado más datos para justificar la conveniencia de materializar el proyecto. Así, asegura, la memoria económica es poco específica. "Está sin concretar, sin datos y sin un análisis serio sobre el impacto de BCN World en términos económicos o de empleo", dice, al tiempo que pone en tela de juicio las cifras que manejan los impulsores: 17.000 puestos de trabajo y 19 millones de beneficio neto el primer año.

Los jugadores han perdido 49.000 millones de euros en el sector privado del juego en España en diez años

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En las últimas horas, otros grupos de la oposición también han criticado el pacto CiU-PSC y el proyecto de casinos y hoteles. La portavoz de ERC, Anna Simó, ha tachado de "incoherente" el pacto y ha puesto el foco de atención sobre cuestiones espinosas que juzga aún no resueltas, como la gestión del agua y la edificabilidad. "Queremos que se creen puestos de trabajo, pero así no", ha dicho, para añadir a continuación en referencia a la rebaja fiscal que "en un momento en que se pide tantos esfuerzos a la gente no se puede hacer esto".

Incluso la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado este lunes al PSC de no ejercer de oposición al Govern tras su pacto con CiU y ha lamentado que no se haya logrado un acuerdo más amplio en el Parlament.

Por su parte, el PSOE se ha defendido en palabras de su secretario federal de Organización, Óscar López, y ha querido distanciar el proyecto catalán del Eurovegas de Adelson –"nada tiene que ver", ha llegado a afirmar–. Además, ha recalcado que gracias a los socialistas se destinará "un mínimo del 1%" de la inversión del proyecto, que podría superar los 4.700 millones de euros a fondos sociales para los trabajadores, entre otras cosas para la "prevención del juego".