Tribunales
Una causa plagada de excesos y una 'guerra' para llevarla a un jurado popular: dos años del 'caso Begoña'
Martes, 9 de abril de 2024. El colectivo ultra Manos Limpias interpone en los juzgados de la capital una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace tras una semana de informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. Un conjunto de noticias que Miguel Bernard, viejo militante de Fuerza Nueva, usa como base. En circunstancias normales, aquel escrito hubiera acabado en un cajón. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo tiene dicho que los recortes de prensa no son suficientes para abrir una investigación. Pero la denuncia, en este caso, es acogida por el juez Juan Carlos Peinado, quien dos años después busca a toda costa poner esta causa plagada de correcciones y anulaciones sobre la mesa de un jurado popular.
El caso ha generado en todo momento un enorme interés político –prueba de ello es la gran cantidad de colectivos y partidos que ejercen la acción popular– y ha marcado, desde que nació, la agenda mediática nacional. Y el modo de proceder del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid no ha ayudado a alejar la investigación de la batalla partidista. Peinado, por ejemplo, ha metido la causa en periodos elctorales. O ha usado sus escritos para responder abiertamente a las críticas políticas y mediáticas recibidas. Una guerra a cara de perro con el Gobierno de la que el instructor ha salido, por el momento, indemne, esquivando todas las querellas interpuestas contra él por prevaricación.
La Fiscalía ha repetido una y otra vez a lo largo de estos dos años que no había caso y que lo que se estaba haciendo era una "investigación prospectiva". "No hay elemento objetivo ninguno en las actuaciones que conduzca de forma indiciaria a la afirmación de que la investigada en cuestión se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", apuntaba José Manuel San Baldomero, fiscal del caso, en un escrito del pasado mes de octubre. Pero la Audiencia de Madrid dejó desde el primer momento un amplio margen a Peinado para llevar a cabo una instrucción flexible y cambiante que no quedase anclada a los hechos inicialmente denunciados.
Esta carta blanca ha permitido que la causa empezase centrándose en un puñado de contratos adjudicados por la entidad estatal Red.es a Innova Next, firma del empresario Juan Carlos Barrabés, y se extendiese a la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense, a un software puesto en marcha por la cátedra que codirigía, a un pliego de condiciones que firmó en una adjudicación o a las labores desarrolladas por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Incluso, Peiando ha intentado meter en la misma el rescate de Air Europa en base a la relación de Gómez con empresarios vinculados a la aerolínea, pero sus superiores se negaron –entendían que eran simples "conjeturas"–.
Veinticuatro meses de excesos y varapalos
Han sido dos años de insólita instrucción. Veinticuatro meses en los que el juez ha caminado en no pocas ocasiones sobre el alambre. En algunos casos, haciendo caso omiso a las líneas rojas fijadas por la Audiencia de Madrid, que hasta en cuatro ocasiones le ha tenido que decir que deje fuera del procedimiento el tema de la aerolínea. En otros, adoptando decisiones sin una motivación sólida. "La ausencia de exposición y motivación ha generado confusión y, en ciertos momentos y supuestos indefensión", recogía el Ministerio Público en un escrito reciente. En él, se quejaba de "imputaciones sin motivar con defensas imposibles", cambios de estatus de testigos sin demasiada justificación o resoluciones "restrictivas de derechos fundamentales".
Unos excesos que han derivado en más de una decena de varapalos de la Audiencia de Madrid. El órgano superior, por ejemplo, anuló los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevar a cabo las entradas mientras el investigado estaba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. O ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Los dos últimos, al igual que Álvarez o Barrabés, fueron citados como investigados una vez que se les había escuchado como testigos, condición que lleva aparejada la obligación de decir la verdad.
El levantamiento de imputaciones se produjo al entender los magistrados que las mismas carecían de fundamento. En el caso de Güemes, quedó confirmado que el instructor había retorcido su testifical para dirigir el procedimiento contra él en base a una supuesta contradicción con la que fuera directora de recursos humanos del centro que, realmente, nunca existió. La responsable solo dijo que cuando se contrató a Gómez en el Instituto de Empresa se firmó una cláusula especial de conflicto de interés porque era la mujer del presidente del Gobierno. Lo que realmente no chocaba con la afirmación de Güemes en sede judicial, que negó que se la fichara por ser la esposa del líder del Ejecutivo.
Algo similar ocurrió tras la tensa declaración como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En junio, el instructor elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo –que la acabaría rechazando– en la que pedía que se investigara a Bolaños en relación con la actividad de la asistenta de Gómez en Moncloa. Por malversación y por falso testimonio. Sobre esto último, alegaba que el ministro había señalado al responsable de coordinación de personal de Moncloa como "la persona que había realizado el nombramiento" de Álvarez, algo que este último había negado. Sin embargo, lo único que dijo Bolaños era que esa persona era el jefe directo de la asistenta, no que la hubiese nombrado.
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Uno de los últimos varapalos llegó el pasado mes de enero, cuando la Audiencia de Madrid anuló la decisión del instructor de transformar la causa en un proceso con jurado popular. Los magistrados le reprochaban "falta de fundamentación", que hubiera dado el paso sin realizar un "mínimo esfuerzo argumentativo". Ahora, a fin de corregir ese defecto, Peinado ha emitido un extenso auto acumulando todas las derivadas de la causa y exponiendo todos los indicios recabados a lo largo de estos dos años. Una resolución, recurrida de nuevo por las defensas, en la que el juez realiza un extenso relato de hechos en el que, sin embargo, evita mencionar algunos contraindicios con los que se ha ido encontrando.
Así, hace alusión a los contratos adjudicados a Innova Next o a las cartas de apoyo de Gómez con las que concurrió la compañía pero sin mencionar que otras muchas empresas o instituciones habían emitido escritos similares. O habla de la supuesta apropiación indebida del software de la Complutense, pero omitiendo que si la investigada registró a su nombre un dominio web relacionado con la herramienta fue porque así se lo indicó el centro. El objetivo, dejar listo para juicio el que ha sido su caso estrella antes de su jubilación el próximo mes de septiembre. De lo que tarde la Audiencia de Madrid en resolver los nuevos recursos contra este último auto dependerá si lo logra o si se marcha dejando el caso inacabado y en manos de un sustituto.
Un retiro inminente que complica, eso sí, cualquier sanción disciplinaria. A finales de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó archivar cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado por varias denuncias particulares. Ahora bien, ordenó continuar investigando la queja del ministro Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el instructor, a fin de decidir si finalmente se abre o no un expediente disciplinario. Un asunto que, en caso de no cerrarse antes del verano, quedaría archivado automáticamente tras la jubilación del juez.
